En octubre de 2019, ocurre en Ecuador uno de los levantamientos indígenas y ciudadanos más importantes desde aquellos que tuvieran lugar en el país en 1990. Del 3 al 13 de octubre, Ecuador vive un paro nacional, en donde cientos de comunidades indígenas se movilizan hacia la capital, Quito, para protestar en primera instancia, por la emisión de un Decreto presidencial que elevaba el costo de los combustibles.

A este reclamo se fueron sumando elementos relacionados con la legitimidad del proyecto hegemónico político y democrático. El acceso desigual al poder, los orígenes inequitativos que determinan las oportunidades de vida y por supuesto una distribución de la riqueza que nunca llega a los sectores más pobres (Quiroga 2000:367), los cuales marcaron las razones de fondo de las protestas.

El levantamiento dio cuenta del cansancio de la ciudadanía frente a la persistencia de desigualdades, injusticias, y exclusiones sociales. Sus causas sobrepasaron la coyuntura del alza de los precios del combustible, para acercarse a elementos estructurales vinculados con la «crisis integral, civilizatoria y sistémica» (Iza, Tapia y Madrid 2020:42).

Hasta ese momento la «crisis de la democracia» marcada por la pérdida de confianza y deslegitimación de las instituciones del Estado, se evidenciaba en los bajos índices de apoyo y de participación democrática (Gillman 2010:330). No obstante, octubre evidenció que, las democracias en Latinoamérica son cada vez menos capaces de tolerar estos niveles de desigualdad, sin colapsar (Quiroga 2000:367).

En este sentido, el presente artículo analiza las movilizaciones nacionales que tuvieron lugar en octubre de 2019 y la reacción del Estado plurinacional ecuatoriano. Durante once días de protesta social, «el Estado perdió el control», y sus acciones para volver al orden establecido dejaron al descubierto «la disputa por la legitimidad y sentido del uso de la fuerza» por parte de los grupos de poder dominantes (Iza, Tapia y Madrid 2020:33-35).

En este escenario, el Estado trastocó los márgenes de lo permitido y lo prohibido, de lo legal e ilegal para enfrentar la acción popular, dejando en duda las prácticas y políticas que regulan y disciplinan a la población, que son ejercidas por el Estado pero que a su vez lo constituyen (Das y Poole 2008:20). Y es que, la imagen del Estado «como forma administrativa de organización política», se distorsiona al acercarse a los límites de su accionar, a sus márgenes (Das y Poole 2008:19). Aquí se retoma lo expuesto por Zaffaroni (2006) respecto a los cambios regresivos observados en las últimas décadas en relación con la política criminal o política penal, y la expansión del poder punitivo del Estado, en donde los estados de excepción se «ordinarizan convirtiéndose en la excepción perpetua», a partir de la cual se debilitan las garantías procesales y se identifican los destinatarios del ejercicio punitivo, no por lo que se ha hecho en sí mismo, sino por quien lo ha hecho, es decir, por el derecho penal de autor o del enemigo.

Frente a esta forma de violencia «legítima» del Estado, el levantamiento juntó «las capacidades organizativas del movimiento indígena… y la tradición de lucha callejera de los sectores populares urbanos que guardan la memoria histórica de su combatividad y solidaridad» (Iza, Tapia y Madrid 2020:32). En esta movilización se visibilizaron mecanismos como la solidaridad, que plantean nuevas estrategias para la lucha social, las cuales se revisan también a lo largo de este documento.

Metodológicamente, esta investigación se estructuró a partir del levantamiento de información etnográfica, día tras día durante el paro nacional en Ecuador. A través de la observación participante se construyó sistemáticamente lo que aconteció en el entorno, se describió todo lo que se observó, participando y generando información desde la experiencia vivida para la construcción de la etnografía (Guber 2011:52-53). Ambas acciones -observar y participar-, suministraron diferentes tipos de datos complementarios (Guber 2011:53). A través de esta interacción directa fue posible que cada gesto y cada acto que se observaba se articulen y cobren sentido profundo a través de los significados culturales (Guber 2011:55).

Para esto es importante entender a la etnografía desde un enfoque teórico-metodológico que trasciende su utilización como técnica de trabajo de campo (Alucin y González 2013:3). Y que permite generar conocimiento en conjunto con el otro a través de la documentación de lo no documentado (Alucin y González 2013:3). Es decir, permite obtener resultados de la investigación de un estudio de caso en particular pero además constituye un enfoque conceptual para la generación de conocimiento a partir de la observación participante y la realización de entrevistas, es decir del contacto directo del/la investigador/a con la realidad que busca entender (Alucin y González 2013:3).

A partir de la observación participante se percibió lo ocurrido desde el punto de vista de los actores sociales: el movimiento indígena, los/as participantes de las protestas, las universidades y la ciudadanía que apoyó el paro nacional desde sus diferentes frentes, incluso desde el sostenimiento y cuidado de los/as manifestantes. Para esto fue fundamental la participación de la autora como parte del apoyo logístico dentro de zonas de protección humanitaria y de paz, como se explicará más adelante. Adicionalmente, se han realizado entrevistas a miembros del movimiento indígena para cotejar la información.

El artículo se compone de cinco secciones. Tras la introducción, en la primera parte se revisa cómo durante el proceso de conformación del Estado ecuatoriano, se profundizaron las exclusiones y desigualdades hacia los sectores indígenas; pasando por una invisibilización tanto a nivel normativo como en las estadísticas censales. A continuación, se analizan los antecedentes económicos y sociales que dieron lugar al levantamiento nacional. El siguiente acápite de este artículo, está dedicado al análisis etnográfico sobre los hechos ocurridos durante el paro en Ecuador, que tuvo lugar entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. Finalmente, se exponen algunas conclusiones.

El 1 de octubre de 2019, Lenin Moreno, presidente del Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo Nro. 883 realiza reformas económicas y laborales, entre las que se incluía la modificación del Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados de Hidrocarburos ¹ . Esta medida implicaba la eliminación del subsidio a los combustibles como parte de una serie de requisitos establecidos en la Carta de intención con el FMI, para que Ecuador pudiera obtener un préstamo de 4200 millones de dólares (Iza, Tapia y Madrid 2020:42, De Sousa Santos 2020:37).

La Rebelión de Octubre se produce como consecuencia de este Decreto, pero no responde únicamente a esta causa coyuntural, es la respuesta a conflictos estructurales. El análisis de lo que ocurrió durante el levantamiento de octubre de 2019 en Ecuador nos direcciona a la forma en la que el Estado configuró históricamente a los sectores excluidos, marginados y pobres, pero, a su vez, a las prácticas estatales mediante las que los enfrentó en los once días que duraron las protestas.

Esta violencia estatal se ha manifestado de diferentes formas hacia los sectores marginados, empobrecidos y excluidos, como parte de una historia que desencadenó en la movilización de 2019 y que es importante tener presente para entender que, las protestas de octubre, dan cuenta de una crisis civilizatoria y no, solamente, del rechazo a una política económica.

Desde la formación del Estado ecuatoriano, los/as indígenas, negros/as y pobres desaparecieron de las historias oficiales nacionales. La naciente república impuso fronteras ajenas a su realidad, la simbología patria menospreció a la andina, y el perfil jurídico del Estado los institucionalizó como ciudadanos/as, en el marco de la propuesta liberal de la igualdad de derechos (Cárdenas 1995:51).

Los nuevos Estados, tras la independencia de España, preservaron un sistema excluyente y desigual sostenido mediante un manejo normativo y una administración etnocéntrica y monocultural (Cordero, 2012:135). Es decir, como resultado de las estructuras sociales, y a pesar de que, en 1830 los blancos-criollos eran una minoría étnica, pasaron a ser el sector dominante (Prieto 2004: 41).

Los/as indígenas desaparecieron incluso de las estadísticas censales, a partir de las cuales se organizó, clasificó y administró a la población (Prieto 2015: 30), y desde las que se realizaron proyecciones para generar intervenciones estatales a través de políticas públicas (Prieto 2015: 42). Estas prácticas administrativas del Estado configuraron espacios y poblaciones localizadas en los márgenes, que a pesar de estar en los extremos (fuera del centro) como sectores excluidos, están en constante movimiento y en algunos casos pueden reconfigurar al mismo Estado (Das y Poole 2008:44).

El Censo colonial denominado Empadronamiento de 1780 ² , realizado en la entonces llamada Audiencia de Quito, identificó una población total de 412.000 personas, clasificadas bajo el criterio de población tributaria en: «blancos, indios, libres de varios colores y esclavos», de las cuales el 64% -265.000- eran indios/as (Sánchez-Parga 1996:13). Este porcentaje -64%- coincide con los cálculos de Ángel Rosenblat, quien realizó un estudio sobre la población indígena y el mestizaje en América latina, en donde señala que, en base a los empadronamientos coloniales que registraban a la población tributaria, para 1825 la población indígena de los países con predominio aborigen era del 65% (Sánchez-Parga 1996:12).

El Censo republicano de 1840 calculó una población total de 604.000 personas de las cuales el 46% -280.000-, eran indios/as. Esta variación en el porcentaje estimado, con relación al censo colonial de 1780, puede deberse a que se abandona el criterio tributario para identificar a la población aborigen, y los/as indígenas empiezan a desaparecer formalmente de las estadísticas nacionales (Sánchez-Parga 1996:13).

Esta invisibilización prácticamente anuló su presencia en el total poblacional, lo que permitía a los grupos de poder gobernar a nombre de la mayoría (Prieto 2015: 34). A lo largo de la historia censal del país, poco a poco aumentó el número de mestizos/as, una identidad que se justificaba en un discurso de mezcla racial, y fue incorporándose como fundamento de la identidad ecuatoriana (Prieto 2004: 21; Chisaguano 2006:18).

La mayor parte del Estado moderno está construido a partir de prácticas escritas y de levantamiento de información documental y estadístico, que se ha utilizado para asegurar el control estatal sobre los sujetos, las poblaciones, los territorios y las vidas (Das y Poole, 2008:25). Como ha señalado Foucault desde el concepto de «gubernamentalidad», entendido como las formas de racionalidad, procedimientos técnicos e instrumentalización de los Estados para la gestión y control de las poblaciones (Foucault 2006:136), el tipo de información que se ha recogido en los censos y las categorías utilizadas, dan cuenta también de los objetivos de control y regulación del Estado. Si bien, la Antropología apela a la utilización de fuentes más cualitativas de información, es importante señalar cómo se formaron los centros y las periferias en lo referente a la población indígena en Ecuador a través de estos mecanismos; y cómo esto ha incidido a lo largo de la historia republicana. Por lo tanto, es necesario reivindicar en este contexto la importancia de las demandas por incorporar a los censos características etno-raciales, las cuales evidencias además la existencia de un racismo institucional.

El primer Censo nacional realmente moderno fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC- en 1950. Su aplicación generó múltiples debates referentes a la información que se debía recoger y a las preguntas que se utilizarían para hacerlo, en tanto se debían establecer categorías para clasificar, enumerar y normar la composición de la población ecuatoriana (Prieto 2015: 33). Este censo contabilizó un total de 3.202.757 habitantes e identificó a la población indígena en función del idioma materno y de una segunda lengua hablada -quichua/castellano o castellano/quichua- (Prieto 2015: 33). Los resultados señalaron que la población indígena representaba el 10,9% -347.745-, de estos el 7,5% hablaban «quechua», y el 2,3% «jíbaro» (Chisaguano,2006:18).

A pesar de la relevancia de esta información, hasta el V Censo de Población y IV de Vivienda realizado en 1990, es decir durante tres censos consecutivos, no se incluyó ninguna referencia étnica. La importancia que se vuelve a otorgar en la década de los noventa a la identificación de la población indígena de Ecuador, coincide con el auge de movilización social de este sector (CONAIE 1998:1).

Como se había hecho en 1950, para el registro de la población indígena, el censo de 1990 se basó en el idioma nativo. De esta manera se incluyó una pregunta sobre el «idioma que hablaban entre sí los miembros del hogar»: 362.500 personas declararon hablar una lengua indígena, es decir, el 3,8% del total de la población ecuatoriana -9.648.189 habitantes- (Chisaguano 2006:18).

Sin embargo, la pregunta del cuestionario sobre «la lengua hablada en el hogar» no daba opción para una respuesta múltiple, esto pudo generar posibles subestimaciones, ya que la población que habla quichua-castellano y castellano-quichua podría ser considerada como indígena. Por otro lado, estos resultados nos dan cuenta del porcentaje de población que habla un idioma originario, pero es difícil plantear que, efectivamente, pueda dar resultados sobre el número de indígenas en el país. A pesar de la importancia del idioma a nivel socio-cultural, este no es exclusivo o indispensable para determinar el carácter étnico o cultural de la población (Sánchez-Parga 1996:21).

Durante cuarenta años -1950-1990- la población indígena experimentó las peores condiciones de exclusión y marginación social. En una sociedad que denigra a lo indígena, no es de sorprender que la población que se auto reconoce como tal ha ido disminuyendo paulatinamente, resaltando su auto identificación como mestizos/as. Estas condiciones trastocan la mirada que se tiene sobre lo indígena, pero además la visión que los/as sujetos/as sociales tienen sobre sí mismos.

Estos elementos, entre muchos otros, motivaron fuertes protestas y movilizaciones sociales durante los noventa. A partir de aquí, se consigue que el censo nacional incluya como categoría poblacional a indígenas y negros/as; logro que años después también se consigue a nivel constitucional.

En 2001, el VI Censo de Población y V de Vivienda del INEC, incorporó un criterio adicional para identificar las identidades étnicas. Retomó las preguntas sobre la lengua hablada, e incorporó el criterio de autoidentificación: ¿Cómo se considera? mestizo, indígena, negro, mulato, blanco u otro.

El censo de 2001 demostró que, de un total de 12.156.608 habitantes, la población que se reconocía como indígena correspondía al 6,8% -830.418-, mientras que el 78% se definió como mestizo/a (Chisaguano, 2006:20). Del total de la población que se autodefinió como indígena -830.418-, solamente el 63,1% -524.136- declaró hablar una lengua indígena, el 36,9% restante señaló que sin hablar ninguna lengua indígena se definía como tal (Chisaguano, 2006:21). Esto podría dar cuenta de que la autoidentificación es un criterio importante para la identificación de un grupo étnico.

Durante este período intercensal -1990-2001- la población indígena vive una revalorización de su cultura y una reivindicación de sus derechos. Por primera vez se da la posibilidad de que la población se auto reconozca, en función de sus manifestaciones sociales, culturales y políticas como perteneciente a uno de los grupos étnicos del país, aplicándose el criterio censal de autoidentificación. De todas formas, se insiste, en que la utilización en los censos de dos variables totalmente diferentes: lengua hablada -1990- y autoidentificación -2001 y 2010-, pueden ser también otras de las razones importantes para la diferencia de las cifras poblacionales.

En el 2010, el VII Censo de Población y VI de Vivienda -el último realizado en el país- también utilizó como variable para el reconocimiento de la población indígena el criterio de autoidentificación (INEC 2011). De los 14.483.499 habitantes registrados/as, el 71,9% -10.413.000- se definió mestizo/a; un 6,1% -883.000- se denominó blanco/a; un 7,4% montubio/a -1’070.728-; un 7,2% afroecuatoriano/a -1.041.559-, y un 7,03% dijo pertenecer a algún pueblo o nacionalidad indígena -1.018.176-. En total, las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatoriano y montubio constituyen el 21% de la población.

Aunque el Ecuador se reconoce abiertamente como una sociedad plural (Prieto 2004: 22); el blanqueamiento y mestizaje se presentan como una manifestación de progreso y un acercamiento hacia lo europeo, como una idea fundamental en la colonia que, tras la independencia, permea a la república (Altmann 2012:133).

Esta construcción de los/as sujetos/as indígenas, a través de su invisibilización y desvalorización, se difundió mediante los discursos de la clase dominante (Prieto 2004: 29), en los procesos político-administrativos, en la homogeneización normativa, y por supuesto, en esto, los textos constitucionales han permitido normar y concentrar el poder (Maiguashca 1994:359).

La estructura colonial se conservó a lo largo de la república. El Ecuador diseñó su modelo de Estado, su institucionalidad, su idea de nación, su manejo del poder y sus políticas, a partir de un principio monocultural blanco-mestizo que desconoció la existencia de otras realidades culturales (CONAIE 1998:1). Estos intereses monoculturales tomaron forma en la mayoría de los textos constitutcionales: 1830, 1835, 1843, 1845, 1851, 1852, 1861, 1869, 1878, 1884, 1897, 1929, 1938, 1906, 1946, 1967, 1979.

En este contexto histórico, las caracterizaciones que se atribuyen al Estado en las constituciones de 1998 (pluricultural y multiérnico) y 2008 (plurinacional e intercultural) cobran especial importancia en tanto recuperan derechos que habían sido negados para nacionalidades y pueblos indígenas y negros durante el proceso de conformación del Ecuador como república (Cordero, 2012:134). Sin embargo, si bien estos cambios marcaron una importante transformación en la historia de exclusión y marginalización de pueblos y nacionalidades indígenas, las condiciones básicas de vida, de subsistencia no variaron en absoluto.

Es decir, las condiciones materiales de subsistencia, anteriores a la emisión del Decreto Nº 883, eran sumamente precarias y las relaciones sociales ya estaban tensionadas (Iza, Tapia y Madrid, 2020:34, 41). En Ecuador el salario básico es de 400 dólares y sin embargo la canasta básica tiene un costo de $ 712,11. Los indicadores de pobreza de la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, presenta datos interesantes. La tasa de necesidades básicas insatisfechas ³ , para diciembre de 2018, a nivel nacional era de 33,5% mientras que en la población indígena fue del 64%, y en diciembre de 2019 el total nacional era del 34,2%, siendo en los/as indígenas de 63,4% (Fuente: Encuesta de empleo, desempleo y subempleo. ENEMDU). Los resultados evidencian que la población indígena presenta una tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, que supera por dos al total nacional, como tendencia que se mantiene durante más de una década.

En relación con la tasa de analfabetismo ⁴ , para diciembre de 2018 las cifras nacionales eran de 6,5% mientras que en la población indígena era del 19,5%; y en diciembre de 2019 del 21,1% manteniéndose igual el promedio para el país. El analfabetismo para el caso de los indígenas supera en un 150% el promedio nacional, siendo esta también una tendencia histórica.

A esto hay que añadir los bajos niveles de escolarización de la población indígena infantil. Menos de un 10% de niños/as indígenas logran terminar la educación primaria sin pasar a la instrucción secundaria -ya sea por no aprobación de los años cursados o por deserción escolar-. Por otro lado, para la población indígena alfabeta, las limitadas capacidades en torno a la lectura y escritura los/as convierten en «analfabetos/as funcionales» (Sánchez-Parga 1996:61).

Los datos referentes a la desnutrición crónica de menores de 5 años presentan cifras igual de alarmantes. Mientras que a nivel nacional la desnutrición es del 23,01%, el porcentaje entre los sectores con mayor predominio de población indígena es del 40,71% (Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición-ENSANUT 2018). Estas diferencias dan cuenta de los niveles de marginalidad y de pobreza de pueblos y nacionalidades indígenas, que según lo analizado constituyen la población más pobre del Ecuador. Es decir, al incorporar la dimensión de la identidad étnica es posible evidenciar las desigualdades estructurales y el privilegio de la «blanquitud»; dichas desigualdades han sido construidas a partir de la deshumanización de los pueblos y nacionalidades negros e indígenas y, por lo tanto, su invisibilización ha sido fundamental para la perpetuación del denominado «colonialismo interno» (Altmann 2012:137).

El análisis de estos datos, da cuenta de las causas profundas y la crisis estructural que desencadena el levantamiento de octubre. La desigualdad, la discriminación, la exclusión sistemática, y el frágil escenario en el que se encontraba particularmente la población indígena y los sectores marginados, impulsarían, una vez más, como ocurrió en 1990, la generación de estrategias y mecanismos para reclamar al Estado (Macas 2001:12). En este contexto, se fragua el paro nacional que se analiza a continuación.

La etnografía en tanto enfoque analítico traspasa el nivel descriptivo y, analiza los datos construidos mediante la observación participante, en el marco de las estructuras sociales y culturales en donde la información cualitativa cobra sentido y puede ser comprendida (Alucin y González 2013:8).

La etnografía realizada ratifica la premisa de que: «una cultura se aprende viviéndola», a través del contacto, la interacción y la cotidianidad (Guber 2011:55). Es así que, la observación participante, que se sostiene sobre las acciones de observar y participar, genera información diferente pero a la vez complementaria (Guber 2011:53), a partir de la cual se fundamenta la construcción del análisis etnográfico, en tanto permite, comprender los hechos en el marco de una estructura socio cultural específica, en un tiempo determinado y contextualizando las acciones de manera directa (Guber 2011:51).

La presente investigación se ha desarrollado en el escenario de la movilización nacional de octubre de 2019 en Ecuador y la etnografía ha sido construida en el lugar de concentración del levantamiento, el Ágora de la Casa de la Cultura (zona centro-norte de la capital) que conjuntamente con las instalaciones de las universidades: Central, Politécnica Salesiana, Pontificia Universidad Católica y Escuela Politécnica Nacional, fueron abiertas y habilitadas como zonas de protección humanitaria y de paz. La observación sistemática que se realizó en este contexto permitió acercarse al fenómeno estudiado desde dentro, desde lo cotidiano a través de la experiencia vivida (Guber 2011:52-53).

A través de cadena nacional, el 2 de octubre del 2019 se dispone oficialmente la liberación de los precios de la gasolina y diésel, mediante la eliminación del subsidio a los combustibles. En Ecuador, hasta ese momento la gasolina extra tenía un precio por galón de USD 1.85, porque el Estado asumía una subvención de USD 0.47 por concepto de subsidio estatal; sin este valor, en el mercado el costo de la gasolina extra pasaba a ser de USD 2.32 (De Sousa Santos 2020:27).

Ese mismo día la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización nacional que aglutina a pueblos y nacionalidades indígenas del país, convoca públicamente a una movilización social, en territorios del campo y la ciudad, como estrategia para enfrentar las políticas económicas tomadas por el gobierno (Boletín de prensa, CONAIE-Comunicación, 2 de octubre de 2020):

Diferentes sectores sociales, como el Frente Únitario de Trabajadores, FUT, se pliegan a la protesta convocada por la CONAIE. Estudiantes universitarios/as y secundarios/as, distintas organizaciones del movimiento indígena y campesino; los dirigentes de federaciones y cámaras de transporte de pasajeros, taxis, transporte urbano y escolar paralizan el transporte a nivel nacional ⁵ ; pero además distintos sectores de las urbes (vendedores/as informales, pequeños/as comerciantes), etc. En múltiples lugares del país se evidencian cierres de vías, bloqueos de carreteras, escasa circulación de buses y taxis, suspensión de la producción de ciertos campos petroleros, quema de llantas y la ciudadanía en las calles (Entrevista KM, dirigente indígena, comunicación personal, diciembre de 2019).

Frente al estallido social, y a una de las peores crisis políticas, el gobierno nacional decide suspender las clases en escuelas, colegios e instituciones de educación superior y, amparado en el Art. 165 de la Constitución, decreta el Estado de excepción (Decreto ejecutivo 884, 3 de octubre de 2019). El Estado de excepción es legitimado rápidamente por la Corte Constitucional, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas conjuntamente con la Policía Nacional para enfrentar a «los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas» (De Sousa Santos 2020:18), lo que traerá como consecuencia una serie de heridos/as y asesinados/as entre los/as manifestantes. Aquí es importante acotar lo señalado por Eugenio Zaffaroni respecto a «el derecho penal de autor o el derecho del enemigo », como modo en el que los Estados tratan a su propia ciudadanía cuando desafían el poder establecido, en tanto, en realidad no se sancionan los delitos cometidos o no, sino que se reprime a quien los hace por quién es y lo que socialmente representa (Zaffaroni 2006).

Estos elementos dan la tónica de lo que ocurrió durante esos once días en los cuales se «instauró un auténtico terrorismo de Estado…represión indiscriminada, militarización del espacio público, guerra informática, simbología racista.» (De Sousa Santos 2020:58). Estas prácticas y políticas que regulan y disciplinan a la ciudadanía son ejercidas por el Estado, pero a la vez lo constituyen (Das y Poole 2008:20). Esta relación entre los cuerpos, la ley y la disciplina donde se ejerce el poder del Estado determina los márgenes en los que se enmarca lo legal y lo ilegal (Das y Poole 2008:25).

Más allá de su imagen «como forma administrativa de organización política», el perfil del Estado se distorsiona cuando nos acercamos a los límites de su accionar, a los márgenes del propio Estado (Das y Poole 2008:19). En el escenario del levantamiento de octubre se vuelven evidentes los márgenes del Estado, estos límites en torno a la legalidad e ilegalidad, a la legitimidad e ilegitimidad en base a los cuales se regula, norma y ordena (Das y Poole 2008:24). Se observa el debilitamiento del derecho penal de garantías bajo la idea de que los conflictos se pueden resolver apelando a la violencia, arrasando con los derechos humanos, negando la condición de persona, y apuntando hacia «el aniquilamiento total de quienes se considera enemigos» (Zaffaroni 2006).

Frente a las implicaciones de la política económica implícita en el Decreto ejecutivo Nro. 883 y su afectación directa a los sectores más populares, no hubo dudas por parte de la ciudadanía sobre la necesidad de salir a reclamar (como se evidenciaba en todos los comentarios de quienes estaban en la movilización). A pesar de la declaratoria del Estado de excepción como mecanismo para controlar las manifestaciones, la gente decidió protestar y movilizarse.

El paquete de medidas económicas que se decretó el 1 de octubre fue «de una violencia extrema para las familias de bajos ingresos, que representan la gran mayoría de la población ecuatoriana» (De Sousa Santos, 2020:20). El aumento del precio de los productos de primera necesidad, así sea en centavos -como consecuencia del aumento en los costos de producción- son «cruciales para la economía familiar campesina y popular urbana» (De Sousa Santos 2020:59).

Diferentes organizaciones indígenas se trasladaron hacia la ciudad capital a la movilización central. Los camiones, camionetas y buses arribaron a Quito, transportando a comunidades enteras, incluidos niños/as, mujeres y ancianos/as. La comunidad constituye la base organizativa de los grupos indígenas y de la mayor parte de la población rural (Sánchez-Parga 1996:24); esta forma particular de organización fue reconocida a nivel normativo en la Ley de Comunas de 1937. El hecho de vivir en una comunidad o su pertenencia a la misma, no se refiere sólo al espacio socio-territorial sino a una matriz cultural, en la que, la comunidad se mira colectivamente como un todo (Sánchez-Parga 1996:13). La participación es directa y no se delega; por ello, para las comunidades la presencia de todos/as quienes la conforman es fundamental en el marco del funcionamiento de este sistema organizativo. Esta forma cultural de organización, no implica por supuesto, que las comunidades estén libres de conflictos internos, fricciones (a nivel generacional, territorial, a nivel de roles de género, a nivel político, etc.), desacuerdos entre sus miembros, etc., presente en todas las relaciones sociales; sino más bien que la forma de resolución e estas desavenencias y en general de la vida cotidiana es a través de formas comunitarias (Entrevista JV, comunicación personal, diciembre de 2019).

La movilización constituida tanto por quienes dormían en los centros de acogida, como por aquellas personas que se juntaban por la mañana, avanzaba en dirección hacia el Centro histórico donde se localiza el Palacio de gobierno, caminando al grito de diferentes consignas: «Fuera Lenín, abajo el paquetazo», «Democracia de ricos, desgracia de pobres», «Fuera FMI», etc., resistiendo durante once días la represión policial (De Sousa Santos 2020:59).

Mientras tanto, cada uno de los establecimientos que se habían ofrecido como sitios de acogida, tenía que organizar la logística para atender a miles de indígenas que llegaban de múltiples provincias. En estos lugares se desarrollaron las estrategias sociales y culturales para el sostenimiento diario de todos los/as manifestantes, que se instalaron en Quito durante once días.

En estos espacios cotidianos, privilegiados para el análisis de la Antropología, se reconfiguran los márgenes del Estado, se determina lo que está dentro y lo que está fuera (Das y Poole 2008:34). Se puede observar la «creatividad de los márgenes», las formas alternativas de acción (Das y Poole 2008:34) desde las que se apoyó el levantamiento, tanto desde las dinámicas cotidianas del cuidado de los/as manifestantes, como de quienes salían a las marchas.

En pocas ocasiones anteriores los sectores sindicalistas y obreros, las clases medias empobrecidas, las familias de ingresos medios, el movimiento indígena, la emergente lucha urbana, etc., dieron muestras tan fuertes de solidaridad (Iza, Tapia y Madrid 2020:35). En las diferentes zonas de acogida se conformaron brigadas con voluntarios/as de la ciudadanía, miembros de las federaciones estudiantiles, docentes, parvularias y médicos/as que apoyaban en diferentes actividades ⁶ :

Este despliegue logístico, explica cómo se sostuvo en Quito una protesta multitudinaria, en la que participaron más de 50.000 personas (Iza, Tapia y Madrid 2020:108), provenientes de diferentes lugares del país, durante once días -del 3 al 13 de octubre-. La ciudadanía desde sus diversos frentes apoyó a través del sostenimiento y cuidado de estas personas: «un acontecimiento -el cual implica una amplia movilización de recursos sociales, como una rebelión- más allá de las razones inmediatas y coyunturales está atravesada por causas estructurales» (Iza, Tapia y Madrid 2020:41). La solidaridad desbordó las expectativas, de manera súbita la ciudadanía retorna el sentido colectivo de la comunidad, para cuidar de los/as manifestantes.

No obstante, también nos encontramos con otro escenario potente sobre todo a través de redes sociales, que da cuenta de todo el entramado racista y colonialista cotidiano, al que nos referíamos en la primera parte de este documento. Desde «las élites más reaccionarias y racistas de la ciudad» se difundió la idea de que «este sector social vino a invadirnos», descalificando su presencia (De Sousa Santos 2020:59), con expresiones como: «indio encontrado, indio preso» -frase manifestada por los periodistas Andersson Boscán y Luis Eduardo Vivanco conductores de un medio digital-; «que mejor se queden en el páramo» enunciado por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, entre otros.

Frente a estos hechos el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (CNIPN) manifestó su preocupación por el «incremento peligroso de expresiones con alta carga de regionalismo, racismo, discriminación y odio a pueblos y nacionalidades» (CNIPN 2019). Esto nos remonta a la configuración del Estado ecuatoriano, desde sus orígenes coloniales y a cómo a través de los censos poblacionales se fue mermando, a la población indígena. Solo consiguiendo que numéricamente sean una población «minoritaria» era fácil gobernar a nombre de las mayorías (Prieto, 2015: 34), como ocurre en la actualidad.

Es decir, estos hechos no son aislados, meses después al recordar los acontecimientos ocurridos durante el paro nacional convocado por el movimiento indígena, pero que contó con gran apoyo de los sectores populares y de las clases económicas bajas y medias -asalariadas, endeudadas-, los comentarios siguieron teniendo la misma línea. En diciembre de 2019 durante una entrevista realizada por un medio de comunicación a un asambleísta nacional, para hablar sobre el movimiento indígena y su participación en el paro nacional, este manifestó:

Tal y como comentó Natalia Sierra al ser entrevistada por Ecuavisa el 9 de diciembre de 2019: esta afirmación da cuenta de un desconocimiento respecto a la historia del país y a la presencia ancestral de pueblos indígenas como dueños de estas tierras previo a la conquista española. Este es el reflejo de una sociedad racista que se hizo evidente en las movilizaciones, a través de los comentarios discriminatorios hacia los/as indígenas, en la reiterada referencia a la condición étnica de la protesta, en lugar de entenderla desde la violencia estructural del sistema, o de las condiciones de empobrecimiento de la gente. Esta clasificación social del otro, a partir de sus características raciales, decanta en el racismo que históricamente, ha sido la base para legitimar la colonización y sus sistemas de explotación (Pujadas 1993:7-8).

Los indígenas constituyen por un lado «el fundamento de identidades nacionales particulares» y, por el otro, son excluidos de esas mismas identidades que los clasifican como otros raciales y civilizatorios (Das y Poole 2008:24). La deslegitimación, es decir, considerarlos como personas «insuficientemente socializadas en los marcos de la ley» (Das y Poole 2008:24), también ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales, los Estados intentan «manejar» y «pacificar» a estas poblaciones, para transformarlos de «sujetos rebeldes» en sujetos legales del Estado (Das y Poole 2008:24). Es a este nivel al cual han llegado las demandas jurídicas de inclusión, que terminan siendo formas disciplinarias de poder (Das y Poole 2008:24).

Conforme avanzaban los días, el ambiente en torno a la movilización se tornaba más tenso, el presidente decide trasladar la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil durante el período de vigencia del Estado de excepción (Decreto ejecutivo Nro. 888 2019: Art.1). Además de los reclamos que dieron origen a la movilización, para el día 8 de octubre ya se sumaba el indignado reclamo de «Nos faltan 9» en alusión a las muertes de los/as manifestantes ocurridas en el contexto de la protesta y el pedido de libertad para las personas que habían sido detenidas en las marchas.

La relación entre la violencia y las funciones ordenadoras del Estado es clave para el problema de los márgenes. A través del «uso progresivo de la fuerza» que estaba en los márgenes de la legalidad, de lo legítimo, de lo permitido, el Estado buscó legitimar la violencia estatal (De Sousa Santos 2020:90); no obstante, «la violencia política letal es abiertamente rechazada» por la ciudadanía (De Sousa Santos 2020:34).

Las fuerzas policiales y militares representan autoridad a nombre del Estado «neutral e impersonal». Esta condición les permite traspasar la «aparentemente clara separación entre formas de imposición y castigo legales y extralegales» (Das y Poole 2008:29). En la vida cotidiana, estas personas representan «la ley, la burocracia y la violencia» a través de una apropiación de la justicia -en tanto ellos deciden lo que es o no justo- y de la violencia privada (Das y Poole 2008:30). Y aquí se observa una contradicción entre los principios reconocidos por la Constitución ecuatoriana, los tratados internacionales, la teoría política del estado de derecho y la doctrina jurídico penal que avala el concepto de enemigo, propio del Estado absoluto, desde donde se legitima el ejercicio del poder punitivo, que sobre todo en América Latina es violento, tortura, es letal y llega incluso a matar gente (Zaffaroni 2006).

Durante estas jornadas de paro nacional, ese límite incierto entre la protesta social legítima y la criminalización de la lucha social, cuya delimitación varía dependiendo el sector desde el que se la valore, se va haciendo cada vez más evidente. Según lo manifestado por la CONAIE en su Boletín de prensa publicado el 8 de octubre de 2020, se denuncia una fuerte represión y violencia por parte de la policía nacional y el ejército, así como la detención de líderes sociales, responsabilizando a la Ministra de gobierno María Paula Romo y al presidente Lenin Moreno, por lo que pueda pasar con la integridad de los/as manifestantes.

Contradictoriamente a nivel internacional, el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los actos de violencia en el país y ratificó su apoyo a Lenín Moreno. Y el coordinador de las Naciones Unidas residente en Ecuador, Arnaud Peral, se ofreció como mediador para resolver la crisis que azotaba al país, desde una posición «neutra», pero que buscaba principalmente el cese de las medidas de hecho tomadas por la ciudadanía.

Pasadas las 18:30 del 10 de octubre la Policía Nacional repliega a los manifestantes con bombas lacrimógenas que fueron lanzadas inclusive dentro de las Zonas de paz y acogida humanitaria, irrespetando la autonomía universitaria, los derechos humanos e incluso el derecho internacional humanitario. Frente a la fuerte represión de los militares y la política nacional y como rechazo a la violencia represiva utilizada por el Estado, el 12 de octubre, fecha en la que además se recuerda la conquista de América, se convocó en las calles de Quito a una marcha liderada por mujeres indígenas, afroecuatorianas y mestizas al grito de «No más muertes». A las 14:00 de ese día el presidente Moreno dispone «Toque de queda» en todo el territorio.

En el contexto de la protesta social, el gobierno justificó el uso de la fuerza policial basándose, contradictoriamente, en el derecho colectivo por sobre el derecho individual. Este discurso fue asumido por la ciudadanía que no protesta y que enfrenta a quien, si lo hace, cambiándose la relación de conflicto Estado-ciudadanía por ciudadanía-ciudadanía (Personería de Medellín 2011:134). El razonamiento gobiernista es el siguiente: como resultado de las movilizaciones -de los bloqueos de vías, etc.- quienes protestan limitan los derechos del resto de personas -movilidad, tranquilidad, etc.-; y por esta razón quienes promueven las protestas deben ser castigados/as (Personería de Medellín 2011:136).

Bajo esta lógica, el conflicto se reduce a la esfera ciudadanía-ciudadanía dejándose fuera al Estado. Sin considerar que, la protesta -cuyas demandas siempre beneficiarán a un grupo mayor, aunque no todos protesten- busca la reivindicación de derechos en relación con la educación, salud, e incluso la vida, que son en esencia colectivos y no individuales (Personería de Medellín 2011:136). Tal y como sostiene la Personería de Medellín (2011:136), bajo esta lógica, nos encontramos frente a dos argumentos que se fundamentan en el respeto y reivindicación de los derechos. No obstante, es indispensable la reflexión respecto a la necesidad de quien ejerce tal derecho, para a partir de ahí resignificar la noción de derecho colectivo versus el derecho individual.

El Estado puede presentar diferentes cualidades dependiendo de los puntos de vista e intereses desde donde se lo mire, puede ser temido o deseado, «las mismas herramientas a través de los cuales se busca fijar un orden adquieren un diferente tipo de vida, cuando tanto los funcionarios del estado como los ciudadanos ordinarios los manipulan para diferentes fines» (Das y Poole 2008:39). Talal Asad ha señalado que, el pensamiento contemporáneo le otorga al Estado «vida propia», presentándose como distinto de los gobernantes y de los gobernados, lo que garantiza la lealtad de ambas partes (Das y Poole 2008:44). No obstante, el Estado no es neutro, su posición dependerá finalmente de los intereses que tengan los grupos de poder, y esto plantea un camino incierto (Das y Poole 2008:39).

Después de once días de protestas, el gobierno accedió a entablar una mesa de diálogo público (el 13 de octubre de 2019) con la dirigencia indígena bajo la mediación de las Naciones Unidas ⁸ , durante este diálogo Richard Martínez, Ministro de Economía, planteó que los/as beneficiarios/as de la eliminación del decreto serían «los contrabandistas de combustible y los más ricos en tanto no es justo subsidiar un vehículo de 40 mil dólares, que usa gasolina extra.». Al respecto Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi -MICC-, observó:

Nunca antes el país había sido testigo de un diálogo televisado en vivo a través de cadena nacional, entre el poder (concentrado en la figura del presidente de la República y su gabinete) y los sectores excluidos (movimiento indígena y organizaciones sociales), entre el orden establecido y las propuestas de transformación incluso del sistema económico productivo. Esto da cuenta de que efectivamente, los movimientos sociales han sido los gestores de la transformación de las prácticas dominantes, en tanto amplían lo político insertando en «la política a los actores sociales excluidos» y por lo tanto extienden también la ciudadanía (De Sousa Santos 2004:44).

La propuesta económica del movimiento indígena fue presentada en la mesa de diálogo, bajo los siguientes argumentos: si el combustible está siendo utilizado por los ricos para cualquier actividad económica entonces hay que agregar otro impuesto a los que tienen más, es necesario la incautación de los bienes de quienes se hicieron ricos por corrupción comprobada, eliminación de sueldos vitalicios para los presidentes y vicepresidentes, entre otras (Diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena, 13 de octubre de 2019).

Los argumentos presentados durante la mesa de diálogo, nos permiten reflexionar sobre cómo «Los grupos más vulnerables socialmente, los sectores sociales menos favorecidos y las etnias minoritarias no logran que sus intereses sean representados en el sistema político con la misma facilidad que los sectores mayoritarios o económicamente más prósperos» (De Sousa Santos, 2004:45). Y es que, en la mesa de diálogo, se evidenció que sobre un mismo tema: el subsidio a los combustibles había dos percepciones opuestas. Para el gobierno, este subsidio beneficiaba a los ricos, para los representantes del movimiento indígena y de las clases medias y bajas, el mismo subsidio favorecía a los pobres.

Como resultado del diálogo, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 894 el presidente Lenin Moreno dejó sin efecto el Decreto ejecutivo Nro. 883. Con esto, el paro finalizó, y la madrugada del lunes 14 de octubre, los indígenas fueron retornando a sus provincias, en medio de aplausos de los/as pobladores/as de Quito.

La historia ha demostrado que siempre ha habido grados de selectividad punitiva, es decir el control y represión del Estado se aplica de manera diferente a amigos y enemigos, y esta diferencia se atenúa cuando más igualitaria es una sociedad. En este contexto, en Latinoamérica el poder punitivo del Estado para reaccionar contra quienes lo enfrentaban o molestaban ha sido en algunos casos moderado y en otros brutal, y esta análisis ya dependerá de la mirada con la cual cado uno/a de nosotros/as los observe (Zaffaroni 2006). Pocos días después, un grupo de organizaciones sociales, abrieron una investigación alrededor de la represión policial durante estos once días, determinándose que 10 personas fallecieron y 1340 resultaron heridas en el marco del paro nacional y del decreto de Estado de excepción (Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos 2019:71).

Los indígenas han dejado lecciones de vida que fueron percibidas por todos quienes apoyamos el levantamiento. Entre estos, la importancia de la organización social, la posibilidad de generar una organización urbana desde la solidaridad y la unión en la lucha social; una diferente concepción de la justicia «basta recordar la imagen, que será histórica, de los propios policías cargando el féretro de las víctimas» (De Sousa Santos, 2020:91); la necesidad del trabajo comunitario; la importancia de desmontar el colonialismo interno y el racismo que arrastramos desde la colonia y que se ha perpetuado en la república. Y por supuesto, la necesidad de cuestionar y deslegitimar el uso de la fuerza desde el Estado, en tanto la violación a los derechos humanos y las muertes no se pueden justificar.

Más allá de la declaratoria constitucional del 2008, que reconoce al Estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural, el país continúa inmerso en estructuras sociales y relaciones de poder colonialistas que empobrecen y marginan a nacionalidades y pueblos indígenas.

No existen cambios reales en términos de la calidad de vida de estas poblaciones, las cuales presentan índices más bajos que el promedio nacional en todos los casos: años promedio de escolaridad, tasa de analfabetismo, tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, población según nivel de instrucción; y desnutrición crónica menores de 5 años.

Estas estadísticas han sido el resultado de las formas socialmente aceptadas e incluso justificadas de marginalizar y encapsular a las poblaciones indígenas, como parte de un colonialismo interno, en esencia racista. El análisis de estos datos, evidenció el frágil escenario en el que se encontraba particularmente la población indígena para octubre de 2019. Es difícil entender cómo una reforma constitucional no ha logrado transformar la calidad de vida de la población, considerando que, en una sociedad democrática, la norma fundamenta las acciones y, sin embargo, al parecer no se instaló la voluntad política para llevar adelante las transformaciones profundas que implica la construcción del Estado plurinacional.

En este escenario el paro nacional se presenta como el desenlace esperado, de una fórmula ya utilizada, en la que pueblos y nacionalidades indígenas continúan formando parte de los extremos más alarmantes de las estadísticas sobre calidad de vida. En su mayoría el levantamiento de octubre fue observado desde su configuración étnica y cultural, pocas reflexiones fueron planteadas desde el análisis estructural sobre el empobrecimiento de los sectores populares o desde la reacción ciudadana frente a una política económica.

La eliminación del subsidio a los combustibles, también evidencia un problema socio económico profundo; por eso a estas protestas se sumaron, desde distintos frentes, sectores empobrecidos del país. El despliegue logístico para sostener una protesta multitudinaria, que durante once días albergó en Quito a más de 50.000 personas, provenientes de diferentes lugares del país, se sustenta justamente en la solidaridad de los diferentes sectores empobrecidos de la ciudad y del país: clases medias endeudadas, sin empleo seguro, comerciantes, etc., que apoyaron la protesta social.

A lo largo de las movilizaciones se emitieron comentarios racistas y discriminatorios hacia los/as indígenas, y el colonialismo interno afloró en las esferas medias altas de la sociedad ecuatoriana. Trabajar en la erradicación de este racismo con forma colonial es urgente en la cotidianidad, pero además a través de la generación de políticas públicas.

Si bien, finalmente, el presidente dejó sin efecto el Decreto ejecutivo Nro. 883 que viabilizaba la eliminación de los subsidios, la situación no ha mejorado. Queda planteada sobre la palestra la difícil situación económica de las clases populares, lo que debería ser, un primer lineamiento de política pública para pensar en alternativas y en las próximas medidas a tomarse.

«El desenlace es incierto» (Iza, Tapia y Madrid 2020:34), el resurgimiento de la lucha popular en Ecuador, pero también en Chile -octubre 2019- y Colombia -noviembre, 2019configuran un entramado histórico particular, frente al cual los Estados han reaccionado de manera violenta, autoritarista y totalitaria. Frente a este escenario, se vuelve inminente observar de manera crítica los márgenes (límites) en las acciones de legalidad e ilegalidad de los Estados, tanto desde la ciudadanía como desde la misma academia. Sin lugar a dudas, las movilizaciones de octubre de 2019, han vuelto a posicionar con fuerza al movimiento indígena en la palestra política del país, y a la lucha popular en la región.

La etnografía como acercamiento teórico metodológico para el caso de esta movilización ha permitido realizar un análisis profundo sobre las formas de sostenimiento de la lucha social y el levantamiento analizado. Se han evidenciado mecanismos de articulación social que como la solidaridad, el trabajo colectivo, entre otros, permitieron el sostenimiento durante 13 días de esta movilización, y además la perspectiva sobre lo vivido por parte de quienes participaron en el levantamiento durante este tiempo.