La revolución verde, reflejo de la acumulación capitalista sobre el sector agrario, impuso desde la década de 1950 una agricultura marcada por el productivismo, el sobredimensionamiento del sector, la internacionalización del mercado e incontables impactos ambientales a raíz del auge agroindustrial (Bretón 1993). La especialización agrícola, la dependencia de nuevos insumos, mercados y tecnologías y la erosión de los circuitos directos de distribución dificultó enormemente la reproducción de las pequeñas explotaciones que hasta entonces sostenían las áreas rurales, alentando procesos de desagrarización, despoblación y envejecimiento, y debilitando las estructuras sociales de dichas áreas (Soronellas y Bodoque 2016).

La transición hacia estas formas globales de producción no fue un movimiento unidireccional ni homogéneo, si no que generó múltiples combinaciones entre la cultura moderna-urbana-agroindustrial y las culturas agrarias ya existentes (Comas-d’Argemir y Assier-Andrieu 1988; Bretón 1993; Bernstein y Byres 2001). En este contexto, la diversificación de las bases materiales de existencia económica fue algo recurrente en los sistemas agrarios locales, pero también lo fue la imposibilidad de su reproducción bajo la nueva dominación capitalista (Comas-d’Argemir y Assier-Andrieu 1988; Soronellas 2012). Esta situación conllevó la transformación de las estrategias productivas de grupos domésticos y comunidades agrarias, que, a través de movimientos de persistencia y adaptación, negociaron nuevas maneras de estar en el mundo, en gran medida formando parte de explotaciones agrarias bajo distintas formas de producción mercantil (Friedmann 1978; Soronellas 2006), allanando así el camino al proceso de desagrarización que continua hasta el presente.

En la década de 1990, en plena desagrarización, una nueva crisis agraria puso en cuestión las propias dicotomías de la modernización: naturaleza/cultura, campesino/empresario, tradicionalismo/eficiencia (Van der Ploeg 2018). Es entonces, cuando en un contexto de desagrarización global, surgen contestaciones desde los sistemas agrarios europeos, basadas en procesos de reagrarización y recampesinización. Estos procesos proponían nuevas combinaciones de conocimientos, creencias y prácticas que dieron forma a las estrategias ecológicas, agroecológicas y proto-agroecológicas ¹ características del nuevo campesinado (Van der Ploeg 2008; Monllor 2013) y que en el presente sostienen buena parte de los proyectos locales de reagrarización (Altieri y Nichols 2010; Soronellas y Bodoque 2016; Van den Berg y Hebinck 2018). Así, mientras esta reagrarización toma forma en lo local a través de un discreto goteo de incorporaciones al sector agrario, la desagrarización sigue intensificándose en el capitalismo neoliberal. Si bien ambos fenómenos son internamente consistentes, diversos autores señalan la complejidad de los contextos dónde ambos se encuentran, así como la necesidad de analizar las transformaciones agrarias más allá de su apariencia, a partir de las relaciones entre desagrarización y reagrarización y de sus fuerzas inductoras, estrategias e impactos (Brycesson 1996; Hebinck 2018; Hisano, Akitsub y McGreevyc 2018)

Por otro lado, según Vaccaro y Beltran (2007), comprender las imbricaciones locales en los procesos de reestructuración territorial, implica mirar hacia las agencias humanas como factores explicativos de la realidad. La agencia local, determinaría desde la dimensión cultural la capacidad e intención de las personas para resistir, fomentar o aprovechar los cambios estructurales que ocurren a su alrededor. En este sentido, si bien la globalización ha significado la expansión hegemónica del capitalismo y de sus mecanismos de exclusión, sus impactos son fruto de un proceso negociado entre estructuras y realidades socioculturales reproducidas a través de prácticas sociales y desde (y entre) realidades translocales (Woods 2007). De este modo, la desagrarización lejos de ser considerada como un proceso lineal, absoluto y homogéneo, debe conceptualizarse como un proceso imbricado en interacciones maleables, y contingentes a los actores locales, que toman parte activa en las respuestas de asimilación, manipulación, subversión o resistencia (Woods 2007; Soronellas y Bodoque 2016; Dressler, Smith y Montefrío 2018; Escalera-Reyes 2020).

La literatura sobre des/reagrarización apunta a situar en un lugar central las agencias, los factores históricos, biofísicos, político-económicos y socioculturales de los contextos locales para ir más allá de la agricultura per se y de la coherencia de los procesos de desagrarización y reagrarización por separado (Hisano, Akitsub y McGreevyc 2018; Van den Berg y Hebinck 2018; Babin 2019). También apunta a adoptar nuevos marcos analíticos para sobrepasar los análisis de clase, las dicotomías de la modernización y las narrativas lineales de la desagrarización (Dressler, Smith y Montefrío 2018; Hebinck 2018). De este modo, emergería una realidad compleja donde la brecha entre cultura y naturaleza y la incompatibilidad entre desagrarización y reagrarización se desdibuje para ver, como dice Pons (2019: 160): «la incompatibilidad de lo aparentemente compatible y la compatibilidad de lo supuestamente incompatible» y sus relaciones intrínsecas.

La modernización devino un proyecto intelectual orientado a actuar sobre los procesos de persistencia y adaptación al capitalismo que ya venían ocurriendo en los sistemas agrarios locales. Su objetivo fue resignificar la tierra y alinear la producción agrícola con las necesidades y ritmos de la acumulación por desposesión (Harvey 2005) a medida que las lógicas capitalistas se intensificaban y absorbían o eliminaban ciertos aspectos de las formas de producción agraria vigentes hasta el momento (Friedmann 1978; Van der Ploeg 2018). De esta manera, la tierra, que conformaba un todo articulado junto con la familia, el oficio, el pueblo o la creencia en una doble lógica de unidad doméstica y productiva, reflejaba ahora la hegemonía del capitalismo sobre las formas de producción y pasaba a ser una mercancía ficticia con la que fácilmente se podía comerciar y especular (Polanyi 1989 [1940]).

Descola y Pálsson (1996) y Richardson y Weszkalnys (2014) sostienen que es en esta fractura entre la dimensión natural y cultural de la tierra, dónde se originaría la ontología de la modernidad y dónde empezarían a tomar forma los procesos de abstracción de las sustancias naturales. Esta abstracción, junto con un trabajo constante de homogeneización y estandarización lleva a separar ciertos elementos materiales de su contexto cultural, espacial y temporal con el objetivo de ser diferenciados e inscritos como recursos naturales disponibles para el mercado (Franquesa 2019). Del mismo modo, partiendo de la definición de recurso natural de Godelier (1979), la tierra deviene un recurso en la medida en que sirve para satisfacer una necesidad humana, siendo de utilidad dentro de una forma social y siendo el hombre capaz de separarla del resto de la naturaleza para sus propios fines.

El hecho de tratar la tierra como un recurso natural supone una evaluación cultural constante sobre su utilidad y valor, que cambia a lo largo del tiempo y el espacio. De este modo, la tierra deviene una construcción social en la que sus componentes materiales e ideales reproducen distintos contextos políticos y socioeconómicos, dando lugar a las discontinuidades en la forma en que es percibida, condicionando los procesos de des/valoración del recurso, sus cualidades materiales, su disponibilidad, dispersión, acceso o finitud (Godelier 1989; Li 2014; Richardson y Weszkalnys 2014; Franquesa 2019). En este sentido, diferentes mecanismos de inscripción, agentes, tecnologías y técnicas reflejan los cambios culturales y tecnológicos que construyen y deconstruyen la tierra como recurso, reconfigurando también sus regímenes de exclusión al legitimar la tierra para ciertos fines y agentes, y negarla para otros (Borrás y Franco 2013; Li 2014). De este modo, la tierra puede contemplarse como un medio de producción, de reproducción, un lugar de preservación de la identidad, un objeto de propiedad, de inversión, de especulación, un mecanismo de control político o una sustancia desvalorizada, expresión político-económica de un territorio baldío (Elden 2010; Li 2014; Franquesa 2018).

Junto con la modernización, nuevos cambios culturales y tecnológicos inscribieron la tierra como recurso natural y la significaron a partir de una supuesta oposición entre las lógicas del campesinado y el nuevo paradigma agroindustrial (Van der Ploeg 2018). Así, se significaron como tierras valiosas aquellas fincas bien comunicadas, de fácil concentración, mecanización y especialización, capaces de cumplir con los requerimientos productivos de la industrialización y la competencia internacional. Paralelamente, si ciertas tierras se valorizan, otras se desvalorizan, pues lo que no cumple con las características del recurso, es ignorado en el proceso productivo (Franquesa 2019). De este modo, se produce la desvalorización de aquellas tierras de poca extensión, marginales, deslocalizadas o difícilmente mecanizables, que resultaron menos atractivas para la modernización, y para el proceso de globalización que la siguió, y a menudo fueron sometidas al desuso, la desprofesionalización y el abandono. En consecuencia, ni ciertas categorías de tierras, ni las gentes que las trabajan son necesarias en el paradigma de la agricultura moderna y sus dicotomías, que condenan a la desagrarización y a la desvalorización económica y moral tanto a las estrategias productivas de las culturas locales como a la tierra a ellas asociada (Franquesa 2018).

El papel de los BDT debe contextualizarse dentro de programas de desarrollo local ligados a un contexto biofísico y sociocultural, a unas dinámicas concretas sobre la tierra, y a distintas estructuras político-administrativas que los financian y marcan sus agendas. Pese a compartir objetivos comunes, los BDT analizados se caracterizan por la disimilitud: primero por la diversidad de contextos locales, culturas agrarias y estrategias que los caracterizan; y después, como muestra la Tabla 1, por sus diversas estructuras, alcances, estados de implementación y fuentes de financiación.

A continuación, se describen las líneas generales de actuación de cada BDT, las dinámicas sobre la tierra existentes en su contexto local y las singularidades estratégicas y regulatorias que los caracterizan:

En la comarca ² del Baix Camp, el abandono de la tierra y la especulación toman formas paralelas. En el interior, por la despoblación y la desprofesionalización del sector primario, el abandono de campos de árboles de frutos secos y olivares y su posterior transición a masa forestal. En el litoral, por el desarrollo urbanístico de los núcleos de costa. En este contexto el BDT se activa en 2017, siendo el BDT público supramunicipal con mayor recorrido de Cataluña. Está gestionado por el Consell Comarcal del Baix Camp y su financiación, depende en parte de programas orientados al fomento de la ocupación. El BDT, actúa en coordinación con las medidas de un plan agrario comarcal orientado a la dinamización del sector productivo, la intercooperación en el sector agrario y el impulso de la comercialización del producto local. Este BDT acepta tanto demandantes de tierra profesionales como agricultores a tiempo parcial y está abierto a distintas estrategias productivas, priorizando aquellas en régimen agroecológico o ecológico que actualmente singularizan la mayoría de los proyectos de reagrarización en la comarca.

El BDT del Priorat se encuentra activo desde 2019 y está gestionado por el Consell Comarcal del Priorat. Con el objetivo de conservar el paisaje de policultivo, el BDT se financia a través de un proyecto de desarrollo local sostenido por fondos europeos. Su reglamento expresa el rechazo a empresas agroalimentarias medianas y grandes como demandantes de tierras y su preferencia por pequeñas empresas con perfiles minoritarios en el sector agrario, especialmente las que tengan proyectos ecológicos y agroecológicos que contemplen la conservación del paisaje y la biodiversidad. Este BDT se inserta en un territorio singular donde la reagrarización vitivinícola supuso una importante revalorización económica de los viñedos, bloqueando el acceso a ellos a través del precio. Entretanto, los campos de cultivo de fruta seca, frutales y olivos siguen inexorablemente abocados al abandono o a su reconversión en viñedo.

El BDT municipal de Sant Vicenç dels Horts, en el Área Metropolitana de Barcelona, se financia a través de fondos autonómicos para la creación de empleo. Aquí, la causa principal del bloqueo sobre la tierra es su falta de disponibilidad en un territorio de fincas pequeñas, sometido a una alta presión urbanística, industrial y de las infraestructuras de transporte que rodean Barcelona y que complican la concentración de tierras. Para dar respuesta a esta situación, el proyecto del BDT se idea en 2018, impulsado desde el departamento de Ocupación y Empresa del ayuntamiento. Su reglamento se aprueba en 2020, momento en que empieza su labor de intermediación junto con otras acciones que ya se venían desarrollando por parte del técnico de dinamización agroecológica. Sólo se permite la participación como demandantes a personas que pretendan hacer un uso profesional de la tierra. Si bien pretende impulsar las nuevas incorporaciones, se prioriza facilitar el acceso a la tierra a aquellas personas que ya cuenten con un proyecto activo y necesiten ampliar su superficie para consolidarlo.

El proyecto BCN Smart Rural y los tres BDT a él asociados, se encuentran coordinados por la Diputación de Barcelona, una entidad de la administración supralocal. Este proyecto, contempla el desarrollo de tres BDT supramunicipales (ver Tabla 1). Los tres se encuentran en distintas etapas de planificación, aunque ninguno ha empezado la fase de intermediación de tierras. Desde este programa, han optado por una estrategia prospectiva de identificación de tierras abandonadas o próximas a su desuso a través de Sistemas de Información Geográfica que no se da en los BDT descritos anteriormente. Si bien se proponen tres BDT gestionados por una misma administración, éstos se coordinan con tres organizaciones locales: En el Parc Rural de Montserrat, se trabaja junto a la asociación de administraciones municipales que conforman dicho parque. En la Catalunya Central, con la Xarxa de Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSACC), una organización comunitaria que aglutina agentes públicos y privados entorno el fomento de la soberanía alimentaria y la producción agroecológica. Para la implementación del BDT Vall del Ges, Bisaura i Orís, se trabaja con la asociación responsable del proyecto de desarrollo rural participativo Leader, con fondos europeos. Más allá de la constitución de estos tres BDT, BCN Smart Rural plantea la interconexión entre éstos y el resto de BDT públicos catalanes a través de una plataforma en red que les permita compartir información y recursos.

El BDT Ebrebiosfera, se encuentra en planificación y engloba las comarcas del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta y parte de la Ribera d’Ebre, las cuales constituyen la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. Este BDT surge a raíz de una situación contradictoria sobre los sistemas agrarios locales, pues por un lado éstos devienen centrales para conservar el paisaje patrimonializado bajo la Reserva de la Biosfera mientras que, por otro lado, la desagrarización y la despoblación los erosionan y los vacían de significado. La estrategia intercomarcal propuesta por este BDT se sustenta sobre un proyecto con fondos europeos para crear un «ecosistema territorial» caracterizado por la intercooperación público-privada entre agentes heterogéneos. De esta forma, se está desarrollando una plataforma basada en Sistemas de Información Geográfica para ser puesta a disposición de distintos «agentes activadores locales» que en esencia constituirían BDT más pequeños o sectoriales, anidados bajo la plataforma en desarrollo y bajo una estructura liderada por la administración supramunicipal de referencia en políticas medioambientales.

Por último, el BDT del Garraf se encuentra desactivado. Fue impulsado por la Agència de Desenvolupament del Garraf y se mantuvo en funcionamiento entre 2013 y 2016. Este BDT, facilitaba el acceso a fincas de huerta en zonas periurbanas, en una comarca caracterizada por la cobertura forestal, el monocultivo de viña y la recalificación de la tierra productiva debido al crecimiento urbanístico de los núcleos de costa. A diferencia del resto de BDT, su labor se orientaba a formar en horticultura a personas en situación de desempleo, para luego facilitar su acceso a la tierra a través del BDT y acompañarlos en su profesionalización de manera que los demandantes del BDT eran los propios participantes del proyecto de ocupación. La financiación surgió de subvenciones de la Diputación de Barcelona y posteriormente, de políticas de ocupación, las cuales dejaron de llegar en 2016, momento en que el proyecto no tuvo continuidad. Este caso, refleja los estrechos vínculos entre voluntad política, fuentes económicas y sostenibilidad del BDT. Una situación extrapolable al resto de programas analizados que enfatiza su posición de fragilidad y dependencia, que será abordada más adelante.

Tal y como muestran los BDT locales, éstos cuentan con estructuras y estrategias heterogéneas que se especializan en función de la realidad socioeconómica y las barreras de acceso a la tierra en cada contexto local. A pesar de esta diversidad de estrategias, los discursos de los técnicos muestran que, más allá de tratarse de herramientas técnicas aplicadas sobre la tierra, los BDT devienen en instrumentos de intervención política y social sobre los sistemas agrarios locales. En este sentido, su labor se basa en establecer relaciones de confianza entre propietarios de tierra, demandantes y técnicos de la administración a través estrategias específicas adaptadas a los contextos locales: la intermediación basada en la confidencialidad; la proximidad y el contacto directo; estrategias centradas en el uso intensivo de plataformas web de acceso público; la intercooperación entre agentes públicos y privados; o la creación de redes entre distintos BDT. Sea como sea, los informantes reconocen que la condición previa para desbloquear el acceso a la tierra es la promoción de relaciones de confianza que garanticen el acercamiento entre los usuarios -tanto propietarios como demandantes de tierra, y los técnicos de cada BDT, tal y como uno de los informantes relata:

Lo que deviene constante en la praxis de los BDT es que buena parte de las tierras con las que trabajan son aquellas «abandonadas, en desuso, baldías o marginales». En definitiva, fincas que han sido desvalorizadas por el capitalismo agrario. De este modo, la labor de desbloqueo del acceso a la tierra radicaría en poner en el centro el rol productivo de las tierras menos atractivas para los modelos agrarios hegemónicos, que son difíciles de resituar en los sistemas agrarios locales a raíz de su falta de validez como recurso. En este sentido, de la propuesta de los BDT se desprende una cierta resignificación de estas tierras para darles valor más allá de los criterios de mercado vigentes, acercándose a una mirada próxima a la de las culturas agrarias locales y afín a las estrategias de reagrarización características del nuevo campesinado (Van der Ploeg 2008; Monllor 2013). Una labor compleja y conflictiva que genera tensiones entre distintos imaginarios, en unos sistemas agrarios donde el valor de mercado sobre la tierra y el resto de factores productivos sigue siendo hegemónico, guiado todavía por los las premisas de la revolución verde y el paradigma agroindustrial.

De este modo, los BDT pueden verse como herramientas locales alternativas para acceder a la tierra respecto a las estrategias vigentes hasta el momento, marcadas por los procesos de (des)valoración capitalista y sus regímenes de exclusión (Bridge 2009; Li 2014). Si bien los BDT parten de estrategias de desarrollo local ligadas al aumento de la ocupación, el discurso de los técnicos sobrepasa esta dimensión para, intentar transformar desde lo local, una situación estructural que ha condensado en la falta de relevo y abandono de tierras desvalorizadas (Arnalte, Baptista y Garrabou 2012; Terres, Nisini y Anguiano 2013; Ustaoglu y Collier 2018), y en fenómenos de competencia, acaparamiento y especulación sobre aquellas tierras legitimadas como productivas y como objeto de inversión del capitalismo global (Borras y Franco 2013; Li 2014; Franquesa 2019). Al mismo tiempo, los técnicos son conscientes de sus limitaciones y enfatizan que los programas de reagrarización local, no podrían resolver los problemas multidimensionales del sector agrario, pues difícilmente podrán revertir las lógicas capitalistas de de mercantilización y especulación sobre la tierra cuando éstas se manifiestan aunque, ciertamente, sí que podrían contribuir a retenerlas circunstancialmente en sus contextos locales fomentando el relevo agrario, manteniendo la tierra productiva y la figura del pequeño agricultor y previniendo así el abandono y la concentración de la producción y la propiedad

Si bien como perciben los técnicos, los BDT sufren limitaciones, su labor de facilitación del acceso a la tierra, plantea a nivel teórico una cierta desmercantilización y remercantilización de la tierra a escala local, que vale la pena señalar. A partir de la mediación de la administración, las tierras incorporadas al BDT se resignifican, pasando de ser consideradas tierras sin relevo, o sin posibilidades para la producción, a ser tierras disponibles para ser reactivadas por parte de aquellos que veían negado su acceso. De esta manera, al inscribir tierras en el BDT, éstas podrían escapar a su dicotomización como mercancía o como tierra baldía (Franquesa 2019), recuperando su valor de factor de producción esencial para los sistemas agrarios locales, y facilitando su acceso a las personas interesadas. En síntesis, los BDT apuestan por superar parte de los regímenes de exclusión vigentes.

Al mismo tiempo, los reglamentos de los BDT publicados hasta el momento, legitiman unos usos y estrategias sobre la tierra y deslegitiman otros a través de unos sistemas de valores cercanos a los principios de la agroecología (Sevilla 2012). De este modo, y atendiendo a la diversidad de BDT presentes, las estrategias intensivas y de medianas y grandes empresas agrarias, no gozarían de prioridad como demandantes de tierra, mientras que sí lo harían las pequeñas explotaciones de producción ecológica o agroecológica.

Los reglamentos de los BDT buscan que quienes plantean formas sostenibles de trabajar la tierra y se alejan de los modelos agrarios hegemónicos sean prioritarios en el relevo generacional. De este modo, los BDT se situarían como mecanismos de recodificación y reinscripción de la tierra contrahegemónicos: tienen el potencial de tejer contranarrativas de la desagrarización desde la escala local que plantearían una nueva mirada sobre la tierra, siendo una opción alternativa pero también paralela e incluso sinérgica a las fórmulas de acceso a la tierra presentes en los contextos locales. De este modo los BDT funcionan complementariamente con otras estrategias, ya sean las redes de confianza y vecindad que configuran los mercados de tierra locales, y que, tradicionalmente han servido para dimensionar las explotaciones; así como con otros programas de dinamización rural y relevo generacional que mediante distintas estrategias creativas buscan facilitar la incorporación agraria y el acceso a la tierra.

Los valores e imaginarios de los propietarios de tierras, así como la agencia que estos despliegan, devienen factores explicativos de la realidad agraria local y de las estrategias sobre la tierra cuando ésta cae en desuso: La agencia de estas personas reflejaría su capacidad para actuar más allá de las limitaciones estructurales, aprovechándolas, resistiéndose o cuestionándolas y su capacidad de imaginar, prever y representar el mundo, pudiendo actuar creativamente en él (Escalera-Reyes 2020). Así, las transformaciones de la desagrarización, no pueden entenderse sin las agencias, valores e imaginarios de los propietarios de tierra. Igualmente, éstos tampoco deben obviarse al abordar la reagrarización a través de BDT, pues estos programas necesitan propietarios que voluntariamente inscriban sus fincas en el proyecto. De acuerdo con los técnicos entrevistados se pueden diferenciar dos perfiles de propietarios de tierras en función de las estrategias adoptadas y de cómo han construido sus imaginarios y sus vínculos con la tierra y la actividad agraria, hecho que determinará en buena medida su avenencia a la propuesta de los BDT

El primer grupo, lo constituyen personas que han accedido a la tierra mediante la herencia y que nunca se han dedicado de manera profesional a la agricultura ni tienen previsto hacerlo en el futuro. Buena parte de ellos se ha socializado en la tierra a través de las estrategias de trabajo familiar o ejerciendo de agricultores a tiempo parcial en algún momento de sus vidas. Estas personas que heredan la tierra, o su gestión, encarnan la fractura generacional de la desagrarización, pues, tanto si abandonaron sus lugares de origen, como si se quedaron, todos se alejaron del sector agrario como recurso económico principal. En todos los contextos, los técnicos se refieren al autodesprecio de los padres y abuelos de las personas que heredan la tierra, hacia su propia condición de agricultores para explicar cómo se alentó una desconexión respecto a las tierras de propiedad familiar, conscientes de la dureza de las labores del campo, de las bajas rentas del sector y de la subalternidad de las culturas agrarias locales (Polanyi 1989 [1940]; Aguilar 2014; Pointereau et al. 2018). No obstante, los técnicos entrevistados perciben también que es común que estas personas sientan el deber de mantener la tierra productiva y «cuidada» como lo harían sus padres, de manera que, al acercarse de nuevo al ámbito agrario, se intensificaría un vínculo emocional con la tierra, construido a través de las reciprocidades inherentes a las relaciones de parentesco (Hermann 2015).

Según diversos autores, este vínculo refleja las normas y obligaciones no mercantiles que median las relaciones y experiencias sociales, políticas o económicas (Arnold 2001). De esta manera, se reproduce una economía moral sobre la tierra que, a través de normas culturales y obligaciones sociales, señala las estrategias legítimas o ilegítimas sobre la tierra familiar (Arnold 2001; Hermann 2015), lo cual revela la existencia de distintas moralidades sobre la tierra y la actividad agraria, caracterizadas por relaciones de coexistencia, superposición o conflicto (Homs y Martínez 2021) y cuyo peso determinará, en parte, el comportamiento de los distintos propietarios de tierra presentes en los BDT.

Habiendo identificado estos lazos, los técnicos perciben cómo quienes heredan las tierras trasladan el cuidado sobre la tierra, al cuidado hacia los ancestros en unas relaciones que se imbrican entre cuerpos, tierra y generaciones, donde la propiedad deviene un vínculo entre generaciones pasadas, presentes y futuras (Hermann 2015), que los llevaría a interesarse por la propuesta del BDT.

De acuerdo con los técnicos, el principal interés de estas personas es mantener las tierras, a menudo en contextos rurales en los que ya no viven y sin estar demasiado familiarizados con la red social del sistema agrario local. No obstante, todavía conservarían los lazos genealógicos con la tierra, como lugar central de la historia familiar, de modo que la mayoría quiere mantenerla en activo e incluso mejorarla. Tal y como perciben los informantes, las personas que han heredado la propiedad familiar despliegan una moralidad que les empuja a retener la tierra trabajada más allá del beneficio económico, entendiéndola como soporte material de la comunidad imaginada del parentesco (Salazar 1999), en unos contextos donde los costes productivos difícilmente superan los precios de comercialización.

Un segundo grupo de propietarios identificados por los técnicos serían aquellos agricultores profesionales de edad avanzada, que hasta el presente han mantenido las tierras productivas más allá de su edad de jubilación, extensificando las prácticas agrarias y disminuyendo su productividad (Duesberg, Bogue y Renwick 2017). Generalmente han negociado nuevas estrategias de trabajo familiar o contrataciones temporales que ayuden a realizar las labores del campo más exigentes, con el objetivo de mantener la tierra bajo unos estándares mínimos de «cuidado» y «limpieza». Esta situación, reflejo de nuevo de la economía moral sobre la tierra y de un vínculo emocional que sobrepasa lo financiero (Kuehne 2013), suele mantenerse hasta que los agricultores se sienten físicamente incapaces de seguir gestionando sus tierras. La falta de personas activas en el sector agrario dificulta enormemente el relevo generacional dentro de la propia red agraria local, por lo que algunas de las personas que se ven obligadas a dejar la actividad, acuden al BDT buscando este relevo.

Las citas de los informantes muestran como señalan Kuehne (2013), Hermann (2015) o Duesberg, Bogue y Renwick (2017), que la existencia de una fuerte identificación de los agricultores con sus tierras, su lugar de trabajo y las prácticas agrarias, les hace difícil desvincularse de la tierra, siendo su jubilación, algo mucho más complejo y progresivo que en otros sectores laborales donde la reproducción familiar de la actividad económica y los vínculos entre unidad doméstica y productiva no existen. De este modo, al aproximarse al BDT a menudo se muestran reticentes a estrategias productivas que supongan cambios en sus tierras como las propuestas por los modelos ecológicos o agroecológicos, pues rompen con los criterios de «orden» y «limpieza» asociados a las prácticas agrarias difundidas en tiempos de la revolución verde. En este sentido, de acuerdo con los informantes, estas nuevas prácticas a menudo se encuentran deslegitimadas bajo los ojos de estos agricultores de edad avanzada, pues las asociarían a una dejadez sobre la tierra de sus ancestros, que mengua su productividad y la «ensucia» (Lozano-Cabedo 2013) significando su desvinculación del ámbito agrario como una doble pérdida, productiva y simbólica.

Al mismo tiempo, la moralidad adoptada es algo que toma sentido dependiendo de las economías en juego, el contexto geográfico y sociocultural o las circunstancias particulares de sujetos y comunidades (Herman 2015; Homs y Martínez 2021). Así, los BDT de áreas periurbanas se encuentran con agricultores de edad avanzada que diversifican sus estrategias respecto a los de las áreas rurales desvalorizadas. En el área de Sant Vicenç dels Horts, en la conurbación de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, es habitual que, al dejar de trabajar la tierra, se piense en extraer de ella el máximo beneficio, arrendándola para usos no agrarios o para la construcción de huertos de autoconsumo, o esperando una recalificación del suelo, buscando estrategias que maximicen las rentas siempre que sea posible, algo poco probable en los BDT situados en áreas rurales.

La condición local de los BDT y su capacidad de adaptación a las realidades donde se insertan es vital para comprender su potencial. No obstante, al mismo tiempo su carácter local los sitúa bajo estructuras circunstanciales y débiles pues no cuentan con estructuras que las sostengan desde mayores escalas de gobernanza. También, su financiación limitada en el tiempo (ver Tabla 1) dificulta su supervivencia como herramientas sólidas orientadas a la intermediación de tierras. Estas limitaciones en financiación, tiempo y estructura afectarían tanto al desarrollo técnico del proyecto como a la capacidad de tejer relaciones confianza con personas que pretendan inscribir o demandar tierras y por tanto aseguren la viabilidad del proyecto a largo plazo.

La confianza es algo que hay que ir trabajando [...] habrá personas que esta confianza la puedes trabajar relativamente fácil y hay otros que deberá ser un camino largo. Por tanto, la creación de un banco de tierras y su posterior gestión ya en funcionamiento es una carrera de fondo. (Personal técnico, BDT BCN Smart Rural)

De este modo, si bien la proliferación de BDT y su heterogeneidad de formas denota un momento de ebullición y un interés creciente por estos proyectos, por otro lado, una constricción a nivel estructural, sin estructuras estables que les den amparo más allá de la esfera local, refleja una apuesta política poco decidida por los BDT y los programas de reagrarización en los que se insertan, que puede conducir a su disolución como ocurrió con el BDT del Garraf:

Todas estas cosas funcionan muy bien cuando tienes una subvención. Si después la voluntad política va por otro lado. (Personal técnico, BDT Garraf)

Es necesario que este tipo de herramientas se puedan desarrollar. Pero se han de desarrollar y debe haber una apuesta política para que esto se desarrolle [...] los BDT son una herramienta que no funciona por sí sola. Es necesario que haya un equipo de gestión, de dinamización, de trabajo, que vaya haciendo este trabajo de hormiguita [...] después de la creación de los BDT, yo espero que haya una gestión. Que las administraciones apuesten por ello. Y más en el contexto en el que estamos actualmente, de una crisis económica importante. (Personal técnico, BDT BCN Smart Rural)

Otra de las incertidumbres percibidas es el desarrollo de estructuras centralizadas de acceso a la tierra por parte de la administración autonómica a través de la Llei d’Espais Agraris (DOGC 2019). Esta ley, dirigida a regular la planificación y gestión de los espacios agrarios, su conservación, protección y régimen jurídico (DOGC, 2019), prevé el despliegue de un registro de tierras en desuso, que, a efectos prácticos, podría funcionar como un BDT a nivel de la administración autonómica. Si bien este registro podría ser la oportunidad de construir una estructura mayor donde enmarcar los BDT locales, su reglamento se encuentra todavía por redactar, y los informantes intuyen descoordinación entre éste y las prioridades de los BDT analizados.

Los técnicos, valoran con reservas el registro de tierras planteado, pues, si bien responde a los mismos objetivos generales que los BDT locales, también entienden que puede terminar fagocitando sus estructuras bajo estrategias aparentemente opuestas. En este sentido, el registro autonómico de tierras pretende: i) aplicar una definición de «tierra en desuso», que podría no tomar suficientemente en cuenta la heterogeneidad de los territorios, los contextos locales y las explotaciones, ii) contemplar la identificación de parcelas en desuso para su inscripción en el registro por parte de actores privados, ajenos a la propiedad de la finca en cuestión, con sendos intereses sujetos o no al interés público ⁴ , iii) el posible arrendamiento forzoso de aquellas tierras en desuso que sean incorporadas al registro más allá de la voluntad de sus propietarios y iv) el acceso a la tierra mediante procesos de concurrencia competitiva (DOGC 2019). Así, si bien la ley busca la reactivación de la tierra en desuso a través de la administración, por otro lado, el acceso a la tierra a través de procesos de concurrencia competitiva podría reproducir unas relaciones de poder que perjudicarían a pequeñas explotaciones autogestionadas y favorecerían a empresas agrarias más grandes capaces de destinar recursos a la burocracia de estas convocatorias, reproduciendo de nuevo unos regímenes de exclusión, que se pretenden paliar desde los BDT locales:

La plataforma de trabajo conformada por los BDT actúa como un doble recurso que da a conocer al público general los BDT catalanes mientras que facilita la intercooperación a nivel de recursos, información y experiencias entre los distintos proyectos de dinamización rural y acceso a la tierra. En este contexto, la plataforma ha propuesto participar en la elaboración del reglamento del registro autonómico de tierras para que los BDT sean considerados prioritarios en la intermediación de tierras dentro de su ámbito geográfico, funcionando de manera paralela y sinérgica al registro autonómico, pues ambas iniciativas persiguen un objetivo común. Esta situación refleja que, por un lado, la reagrarización a través del acceso a la tierra que proponen los BDT ocurre a escala local y bajo estructuras heterogéneas y a menudo, precarizadas, mientras que por otro lado, desde la escala autonómica, la administración propone una estructura centralizada de acceso a la tierra en apariencia más amplia, robusta y con mayor apoyo político pero que podría dar lugar a lógicas desagrarizantes, diametralmente opuestas a las que dieron origen a los BDT locales.

En este sentido, (y a falta de un reglamento que rija el registro de tierras autonómico) la probable convivencia de ambos tipos de iniciativas enfocadas al acceso a la tierra bajo distintas estrategias, enfatiza la idea de no linealidad y complejidad entre los procesos de desagrarización y reagrarización (Dressler, Smith y Montefrío 2018; Hisano, Akitsub y McGreevyc 2018) pues el escenario de los programas públicos de acceso a la tierra, los sitúa en una reagrarización local, faltada de estructuras estables y una desagrarización simultanea impulsada desde mayores escalas de gobernanza -tanto regional, como internacional, hecho que refleja los desequilibrios de poder en la relación entre reagrarización y desagrarización, y trasciende una aparente incompatibilidad genealógica y dialéctica entre ambos procesos (Hebinck 2018; Shackleton y Hebinck 2018; Van der Ploeg 2018).

Partiendo de las limitaciones de los BDT analizados inherentes a su naturaleza y escala local, junto con la falta de una voluntad política clara para la reproducción de estos programas, cabe preguntarse hasta qué punto, el potencial reagrarizante de los BDT puede perderse si éstos no ganan el soporte político-administrativo necesario para tener continuidad. En caso de no hacerlo, cabe la posibilidad de que los BDT sigan apareciendo y desapareciendo como programas de acceso a la tierra en unos procesos de reagrarización local minoritarios, y que, pese a su potencial transformador sobre el relevo generacional, y la resignificación de la tierra, desaparezcan cuando acabe su precaria financiación.