El artículo indaga sobre la relación entre las experiencias femeninas y la violencia de género en la Triple-frontera del Paraná (entre Argentina, Brasil y Paraguay). Nuestro objetivo es caracterizar las formas multidimensionales de las violencias vividas por las mujeres en estos territorios a partir de una revisión de estado-del-arte interdisciplinar. Partiremos por discutir el marco teórico que nos ampara, definiendo cómo abordamos el concepto de violencia y su relación con las mujeres y fronteras. Ofrecemos, además, una descripción del contexto de la Triple-frontera del Paraná, sintetizando su formación histórica y apuntando sus características urbanas, económicas y demográficas. Luego, discutimos los hallazgos de los estudios sobre: i) la trata con fines sexuales en estas fronteras; ii) las movilidades transfronterizas y la sobrecarga femenina; iii) la experiencia de discriminación interseccional y sus implicaciones en los procesos de apropiación territorial. En las conclusiones, situaremos las diversas formas en las que la violencia se encarna en las mujeres que habitan esta Triple Frontera.
Abstract
The article explores the relationship between women’s experiences and the gender violence in the Triple-border-Area of Paraná’s River (between Argentina, Brazil and Paraguay). Our objective is to characterize the multidimensional forms of violence experienced by women in these territories through an interdisciplinary review of the state-of-art. We will start by discussing our theoretical framework, defining our approach on the concept of violence and its relationship with women and borders. We will also offer a description of the context of the Triple-border of Paraná’s River, synthesizing its historical formation and pointing out its urban, economic, and demographic characteristics. Then, we discuss the findings of the studies on: i) trafficking for sexual purposes in these borders; ii) cross-border mobility and female overload; iii) the experience of intersectional discrimination and its implications in the processes of territorial appropriation. In the conclusions, we will frame the various ways in which violence is embodied in the women who inhabit this Triple Frontier.
MujeresViolenciaMovilidades FronterizasTriple-Frontera del ParanáWomenViolenceBorder MobilitiesTriple-Border-Area of Paraná RiverAgencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID)1190056Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) que financia este estudio a través del proyecto Fondecyt 1190056: “The Boundaries of Gender Violence: Migrant Women’s Experiences in South American Border Territories”.Introducción
En este artículo indagamos sobre la relación entre las experiencias femeninas y la violencia de género en la Triple-frontera del Paraná, situada en la confluencia entre Argentina, Brasil y Paraguay. Nuestro objetivo es caracterizar las formas multidimensionales de la violencia vividas por las mujeres en estos territorios y reconstruir un mosaico interdisciplinar que articule la interpretación de estas diversas experiencias. Así, buscamos avanzar en el entendimiento de las configuraciones de la vida femenina en esta frontera específica, que es internacionalmente conocida no sólo por el topónimo que define su condición administrativa, sino por evocar complexos imaginarios globales. Estos yuxtaponen el trifinio -no sin grandes contradicciones- a la criminalidad transnacional, a las reservas acuíferas, a la producción energética, al intenso intercambio comercial, a las atracciones turísticas y al agronegocio (Agulló 2017: 59)1.
Desde hace casi cuarenta años, los debates sobre la violencia contra las mujeres en espacios limítrofes entre México y Estados Unidos vienen siendo tratados extensamente por investigadoras/es de varios campos disciplinares. Pero los estudios desarrollados sobre estos temas en las demás zonas fronterizas latinoamericanas solo empezaron a cobrar protagonismo en la agenda investigativa desde 2000 en adelante. Un notable ejemplo de este esfuerzo es el trabajo de Viteri et al (2017), quienes comparan -a través de una investigación de estado-del-arte- los mercados (i)legales caracterizados por la trata de personas y el tráfico de migrantes en las zonas fronterizas de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. Analizan, así, las migraciones femeninas transfronterizas enfatizando las múltiples formas de explotación que las mujeres padecen.
Con este ejercicio, las autoras identifican dinámicas y relaciones de poder que permiten comprender, en cada contexto fronterizo, la reproducción y/o la ruptura de los estereotipos y mandatos de género, llegando a conclusiones transcendentes (Viteri et al. 2017: 16). Por ejemplo, que la trata de personas se manifiesta más frecuentemente vinculada a la esclavitud doméstica que padecen niñas, adolescentes y mujeres, que a la explotación sexual (Viteri et al. 2017: 153). Asimismo, identifican que las redes de trata de mujeres se configuran más recurrentemente en el ámbito doméstico: son los hombres del núcleo familiar quienes exponen sus parejas, hijas o demás familiares mujeres al trabajo sexual. Deconstruyen, de esta forma, el mito que asocia esta modalidad de trata exclusivamente a bandas del crimen organizado (Viteri et al. 2017: 130). Estudios como este cuestionan, desde una perspectiva feminista y de género, las políticas de seguridad de los Estados -referentes al cierre, control y militarización de las fronteras nacionales-, que reinciden en considerar que el comercio informal y la trata de personas solo corresponde a redes y mafias criminales organizadas, sin contemplar su carácter local y doméstico (Viteri et al. 2017: 193).
En las páginas venideras, nos sumamos a estas reflexiones analíticas, pero centrándonos en comparar los estudios sobre las experiencias femeninas en la triple-frontera más violenta y transitada del cono-sur americano. Es precisamente inspirándonos en el trabajo de Viteri et al. (2017) que realizamos un estudio de estado-del-arte recopilando las investigaciones sociológicas, antropológicas y politológicas que profundizan en las experiencias femeninas en la Triple-frontera del Paraná.
Partiremos por discutir, en el segundo apartado, el marco teórico que nos ampara en nuestro ejercicio analítico, definiendo cómo comprendemos el concepto de violencia y su relación con las mujeres en los territorios fronterizos. En el tercer apartado, ofrecemos una descripción del contexto de la Triple-frontera del Paraná, sintetizando su formación histórica y apuntando sus características urbanas, económicas y demográficas. En el cuarto, sintetizamos los hallazgos de los estudios sobre la trata con fines sexuales en estas fronteras. En el quinto, abordamos la relación entre violencia, movilidades transfronterizas y sobrecarga femenina. En el sexto, la experiencia de discriminación interseccional vivida por las mujeres y sus implicaciones en los procesos de apropiación territorial. Finalizamos con conclusiones comparativas, buscando articular nuestro mosaico analítico.
Marco teórico
El debate que sostenemos articula dos grandes campos temáticos de las ciencias sociales: los estudios sobre la violencia y su relación con la experiencia de las mujeres en territorios de frontera. Sin ánimo de presentar una revisión exhaustiva de estos campos -tarea improbable para un solo artículo-, sintetizamos en este apartado nuestra posición analítica sobre estos debates.
Conforme indican Noel y Garriga (2010), es recomendable situar la categoría “violencia” para evitar reincidir en usos genéricos que, aplicando el concepto a toda gama posible de fenómenos y espacios, lo vuelve ambiguo y difuso. En este sentido, se pueden identificar en los diversos estudios de los territorios de frontera la repetición de algunas manifestaciones específicas de la violencia. Entre ellas, aquella que Bourgois (2001) denomina “estructural”, aludiendo a las condiciones de desigualdad enfrentadas por los sujetos que resultan de las asimetrías de derechos institucionalizadas por la organización política y económica de la sociedad. Esta forma de expresión de la violencia es reproducida por el Estado cuando este no se hace cargo de ciertas necesidades y demandas sociales, provocando la amplificación de las vulneraciones a la que están expuestos ciertos grupos.
Desde nuestra perspectiva, esta violencia estructural en territorios fronterizos solo puede realizarse a través de mecanismos simbólicos que permiten su (re)producción en todos los rincones del campo social, permeando la experiencia y la corporalidad de las personas que allí habitan o que por allí transitan. Así, recuperamos la reflexión de Bourdieu y Passeron (1977: 44), para quienes las configuraciones del poder demandan formas de violencia simbólica a través de las cuales logran imponer significaciones «como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza». Consecuentemente, comprendemos que la violencia opera dialécticamente en la construcción y deconstrucción de lazos sociales y que su producción en cuanto realidad social compartida articula formas específicas de significación y simbolismo (Noel y Garriga 2010: 108-113). Pero para entender cómo esta dialéctica opera contra las mujeres de manera particularmente condensada en las fronteras internacionales, habría que, primero, definir la relación entre la violencia y las formas de dominación masculina2 (Guizardi et al. 2017: 32).
La transversalidad de la subalternización de las mujeres en diferentes culturas, sociedades y subgrupos sociales refleja la cristalización de la legitimidad de la violencia que el dominio masculino constituye en diversos ámbitos: en lo privado y lo público; en aquello que los sujetos sienten como propio o ajeno; en la constitución de los principios identitarios que separan “nosotros” de “los otros”. En las sociedades contemporáneas, sería imposible comprender la articulación de las subalternidades, jerarquías y procesos de dominio sin entender el papel fundante del género como factor de diferenciación. Conforme planteó Segato (2010), sería imposible avanzar hacia una visión des-homogeneizante de los grupos sociales sin indagar profundamente sobre los diferentes grados de la violencia de género a la que las mujeres están (estamos) expuestas (Guizardi et al. 2019: 249).
Apoyada en el argumento de Carole Pateman (1995), Segato (2010: 28) rechaza los planteamientos compartidos por Freud, Levi-Strauss y Lacan. Los tres definen el «asesinato del padre» como momento transicional hacia la cultura, estableciendo este acto violento como aquél que sedimenta la «firma» del contrato de «prohibición del incesto»: pilar simbólico de la intervención social sobre la naturaleza en la especie humana (Levi-Strauss 1969: 42-43).
Pateman (1995) apunta que el asesinato del padre presupone una forma previa de acto violento: el establecimiento apriorístico de la dominación del patriarca sobre las mujeres de su grupo. Así, el contrato fundante tiene un origen anterior en la «apropiación por la fuerza de todas las hembras de su horda por parte del macho-padre-patriarca primitivo, como el crimen que da origen a la primera Ley, la ley del estatus: la ley del género» (Segato 2010: 28). La prohibición del incesto constituiría, consecuentemente, un contrato entre pares, entre patriarcas, una vez establecida la ley fundante, basada en la apropiación violenta de las mujeres del grupo (Segato 2013: 83).
Esta posición asume que las desigualdades de género constituyen una forma ontológica de las sociedades humanas: el contenido constitutivo de las asimetrías de género se visibilizaría, así, en el papel fundante de la violencia patriarcal como una estructura elemental. El patriarcado sería, entonces, un fenómeno doble-dimensional. Por un lado, implicaría una dimensión que podríamos denominar «tópica», referente a la consecución de relaciones concretas, correspondiendo así al «nombre que recibe el orden de estatus en el caso del género», como «una estructura de relaciones entre posiciones jerárquicamente ordenadas que tiene consecuencias en el nivel observable» (Segato 2010: 14). Pero, por otro lado, sería también el estrato simbólico que ha conformado todas las formas de simbolismo. Las violencias de género cumplen, en las sociedades patriarcales, una función central «en la reproducción de la economía simbólica del poder cuya marca es el género», constituyendo un acto necesario para la restauración de ese poder (Segato 2010: 13).
La formación de los Estado-nacionales significó, desde fines del siglo XVIII, articulaciones específicas para esta relación entre la violencia, el patriarcado y las mujeres (Yuval Davis 1993: 623). En la mayor parte de los proyectos Estado-nacionales latinoamericanos, estas figuraron como elementos constitutivos de la cultura nacional, pero subordinadas al carácter viril de la nación (Dore, 2000). Su rol obligado como reproductoras biológicas las yuxtapuso, ideológicamente, a la función de transmisoras de la «cultura nacional» (Yuval Davis 1993: 626). La concepción de una supuesta homogeneidad racial respaldó este concepto de cultura nacional y también el de ciudadanía: el control de las mujeres se volvió un elemento central, una piedra angular para la reproducción de los ideales elitistas de homogeneidad nacional3. De ahí que la movilidad femenina entre fronteras nacionales sea un problema político tanto para los Estados de los que parten, como aquellos a los que llegan las mujeres. Históricamente, esta movilidad fue castigada con requintes de crueldad en los territorios fronterizos (Guizardi et al. 2019).
Por lo anterior, los contextos fronterizos condensan de forma excepcional la violencia estructural y de género, vinculándola a la subordinación local territorializada de los Estados-nacionales a las opresiones y desigualdades económicas, políticas y sociales a escala global (Morales y Bejarano 2009: 420).
En las ciencias sociales, estas problemáticas empezaron a ganar centralidad analítica en los años ochenta, cuando la frontera México-Estados Unidos emergió como un espacio privilegiado para comprender la condensación de las relaciones interseccionales de género, raza/etnicidad, clase y condición nacional4.
Con los estudios sobre las experiencias sociales en los límites entre México y Estados Unidos (EUA), se asume, en las ciencias sociales, que las fronteras no son solamente límites geográficos y territoriales en términos euclidianos: ellas engendran la configuración, condensación y fricción entre múltiples formas de límites. Las regiones fronterizas pasan a ser comprendidas, entonces, como espacios de negociación simbólica de procesos políticos e identidades culturales (Garduño 2003: 15). La de género entre ellas (Álvarez 1995: 450). Este debate cataliza los estudios preocupados por la experiencia transfronteriza de las mujeres, como, por ejemplo, el de Fernández-Kelly (1983) sobre las industrias maquiladoras.
La obra de Anzaldúa (1987) es considerada fundacional en este campo crítico. Sus escritos interpelan la historia social y política del espacio atravesándola con las historias personales y familiares de la autora. Esta intersubjetividad crítica es lo que le facilita «abrir» la frontera a partir de su presencia en ella, situando su cuerpo, su experiencia del género y de la violencia como facilitadores de una historiografía donde el sujeto subalterno no solo habla, sino que se convierte en el centro de una comprensión del espacio. Desde entonces, las aportaciones de investigadoras latinoamericanas en esta frontera constituyen una contribución central a la superación de la invisibilización de las discriminaciones étnicas y raciales en el marco de las reflexiones feministas sobre los territorios fronterizos. Estos estudios proponen, con una mirada vanguardista, entretejer la perspectiva histórica de los géneros en las fronteras desde diversas disciplinas: literatura, antropología, sociología y psicología (Lugo 1990; Woo 2004; Monárrez 2002, 2013; Segato 2013).
Entre las varias conclusiones de estos estudios, podemos destacar al menos tres que son fundamentales para entender los procesos de naturalización de la violencia en las fronteras nacionales. Primero, ellos apuntaban a que la vulnerabilidad laboral que las mujeres enfrentan en estos espacios se extendía al ámbito doméstico, en sus relaciones con sus parejas y con los miembros masculinos de sus familias (Molina 1985: 33). Los hombres se sentían desplazados de su rol de proveedores económicos ante los altos porcentajes de empleabilidad femenina a partir de la instauración de las economías globalizadas y flexibilizadoras del trabajo en la frontera México-EUA, lo que culminó en brotes de violencia de género que tenían su origen en el hogar y se multiplicaban y naturalizaban en el ámbito público (Molina 1985: 35-36).
Segundo, en los noventa, las investigaciones sociales empezaron a demostrar que las mujeres migrantes indocumentadas enfrentaban una mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en el cruce fronterizo (Woo 2004: 74). Se pasó a discutir, entonces, que la condición de género contribuía a la configuración de un encadenamiento de violencias que se iban magnificando a lo largo del itinerario migratorio hasta la frontera.
Tercero, a inicios del siglo XXI, centenares de mujeres que trabajaban en las maquilas de Ciudad Juárez (México) fueron asesinadas brutalmente: en menos de una década (entre 1994 y 2000) entre 300 y 400 mujeres perdieron la vida en estos feminicidios (Arriola 2006: 603). Pese a la enorme repercusión de estos casos, los asesinos siguieron por muchos años desconocidos e impunes. Expandiendo las reflexiones sobre la deshumanización de los sujetos transfronterizos, de cara a comprender estos homicidios, se ubican los trabajos de diversas autoras. En ellos, se analiza cómo la formación de los circuitos económicos transfronterizos entre México y Estados Unidos configuran forma de violencia estructural que serán condensadas en la experiencia vital de las mujeres (Monárrez 2002, 2013).
Pese a la magnitud e intensidad de estas violencias, gran parte de estos trabajos coinciden en asumir que las mujeres poseen un rol dialéctico en los espacios fronterizos, al encarnar histórica y culturalmente la sumisión específica de sus contextos cotidianos y, simultáneamente, ser agentes activos de resistencia y de empoderamiento (personal y comunitario) (Morales y Bejarano 2009; Mohanty 1991). En las secciones siguientes, revisamos los trabajos desarrollados en la frontera del Paraná indagando si estas consideraciones son aplicables a este territorio.
El contexto
El hito fronterizo donde colindan Argentina, Brasil y Paraguay se asienta en el encuentro de los ríos Iguazú y Paraná (ver Mapa 1). Esta triple-frontera detiene el mayor flujo humano (Albuquerque 2008), de mercancías (Sausi y Odone 2010), de turismo y de actividades ilícitas de toda Sudamérica (Cardin 2012: 208). Este peculiar dinamismo se caracteriza por unos circuitos de movilidad y de relaciones (económicas, sociales y culturales) en las que legalidad e ilegalidad, pertenencia y desarraigo no se constituyen como pares antagónicos (Albuquerque 2012; Cardin 2012; Renoldi 2013). Estos elementos se configuraron a partir de procesos históricos de larga duración que persisten desde tiempos coloniales, pero la Guerra del Paraguay (1864-1870) -el enfrentamiento más sangriento de la historia de América Latina (Bethell 1996: 1)-, obturó una inflexión en esta historia.
La Triple-Frontera del Paraná (Argentina, Brasil y Paraguay)
Fuente: Elaboración de Paulo Osses Contreras, para proyecto Fondecyt 1190056.
El conflicto, desencadenado por intereses económicos y de determinación de los territorios, soberanías y fronteras entre las naciones (Reber 1988), enfrentó la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay, con apoyo británico) al ejército paraguayo. La victoria de la Alianza alimentó de simbolismos militares y raciales la noción de las diferencias étnico-identitarias entre Brasil y Argentina en contraposición a Paraguay. Brasileños y argentinos, cada uno a su modo, proyectaron su victoria como prueba de una supuesta superioridad racial-étnica, moral y civilizatoria. Muy a menudo, esta superioridad se explicita en la asociación de los paraguayos a la condición indígena, conformando una ideología que yuxtapone esta condición de etnicidad a la de inferioridad nacional. Este imaginario se reproduce hasta la actualidad tanto en Brasil (Souchaud 2011) como en Argentina (Grimson 2012).
Esta ideología de la superioridad forjada en la Guerra justificó no solamente la expoliación violenta de las riquezas del territorio paraguayo, sino que endosó el genocidio de su población, en especial la masculina. Autores estiman una reducción demográfica del 50% de la población del país en el conflicto (Bethell 1996: 9). Este índice alcanzaría el 90% en el caso de la población masculina adulta (Souchaud 2011: 134). Asimismo, con el término de la Guerra, Paraguay perdió lo equivalente a 40% de su territorio para Brasil y Argentina (Souchaud 2011: 134), y el establecimiento de las fronteras entre los tres ha sido progresivo y determinado por la creciente influencia y control de Brasil sobre la política y economía paraguayas.
La historia de la Guerra configuró también unas consecuencias en la forma como las mujeres paraguayas vivieron tanto en el conflicto, como tras su término. Primero porque Paraguay reclutó la casi totalidad de su población masculina a las filas del ejército (Bethell 1996). En 1869, la proporción media era de cuatro mujeres para cada hombre en el país; pero en algunas localidades esta razón era de 10 y hasta 20 mujeres por hombre (Potthast 2006: 98-99). Esto obligó a que las mujeres asumieran tareas fundamentales en la reproducción económica del país durante el conflicto y tras su final (Potthast 2006: 91-94). Muchas de ellas siguieron a las tropas para proveer de alimentos, cuidados médicos y proporcionar momentos de ocio a los soldados (Potthast 2006: 91). Cuando la población masculina adulta escaseó en Paraguay, el gobierno reclutó a jóvenes y adolescentes, y las mujeres acompañaron a sus hijos (Ganson 1990) sufriendo las dificultades de las batallas y siendo sistemáticamente violadas por los ejercicios enemigos en las derrotas. Consecuentemente, para las mujeres paraguayas, la construcción de los límites y poderes entre las tres naciones se confunde con la legitimación de una violencia histórica hacia sus cuerpos: coincide con el imaginario de que ellos constituyen un territorio cuyas fronteras son reincidentemente invadidas por los hombres de las naciones colindantes. Así siendo, la guerra incidió en la conformación de representaciones sociales que entrecruzan la ideología de superioridad identitaria-nacional brasileña y argentina, con la noción de una apropiación de los cuerpos de las mujeres paraguayas como objeto de la violencia masculina (Benítez 2011; Potthast 2006).
Tras la guerra y hasta fines del Siglo XX, este territorio tri-fronterizo estuvo semi-poblado. El área empezó a transformarse en una zona estratégica para el Cono Sur americano (en términos demográficos, políticos y económicos) a partir de las décadas de sesenta y setenta (Albuquerque 2012), con la construcción de las Usina Hidroeléctrica de Itaipú (1971-1982), entre Brasil y Paraguay y, ya en los ochenta, de Yaciretá (1983), entre Paraguay y Argentina (Renoldi 2013: 125). Ambas fueron edificadas en el marco de las dictaduras militares de los tres países, a partir de proyectos de «desarrollo» que tuvieron impactos sociales sustantivos (Lins Ribeiro 1999), para los cuales los gobiernos no se han preparado suficientemente (Renoldi 2013). La dinamización económica impulsada por las hidroeléctricas provocó un sostenido crecimiento demográfico de las tres localidades aledañas a las fronteras (Lynn, 2008). Pero es solo en 1991, con la firma del Mercado Común del sur (Mercosur), que la región pasó a ser entendida como una Triple-frontera (Giménez 2011; Rabossi 2004).
Actualmente, las tres ciudades que la conforman constituyen una conurbación trinacional (Albuquerque 2012) que contabiliza alrededor de 600 000 personas (Renoldi 2014: 2). Foz do Iguazú (del lado brasileño) es la más antigua de las tres. Se fundó en el siglo XIX como un asentamiento militar de pequeñas dimensiones (Catta 2010; Renoldi 2013). Su crecimiento poblacional y económico empezó a acelerarse en 1965, cuando en concordancia con los proyectos desarrollistas militares se construye el Puente de la Amistad, que la conecta con Ciudad del Este, del lado paraguayo (Lynn 2008). En el último censo brasileño (en 2010), Foz contaba con 256.081 habitantes (Albuquerque 2012: 191), con una numerosa población paraguaya entre ellos (Souchaud 2011).
Ciudad del Este, a su vez, fue fundada en 1957 a partir de un decreto presidencial (Lynn 2008) y con la finalidad de servir de enganche territorial con Foz do Iguazú. En los ochenta se convirtió en Zona Franca de Impuestos, transformándose en un gran centro de comercio (lícito e ilícito) internacional, recibiendo productos de diversos tipos que activarían una economía de grandes dimensiones tanto con Foz como con Puerto Iguazú. En esta zona franca, se consolidó un nicho laboral femenino, protagonizado más frecuentemente por mujeres paraguayas y brasileñas: el comercio legal y el contrabando (Cardin 2012), casi siempre destinado a la distribución en territorio brasileño. Este comercio se encuentra actualmente en un ciclo de desaceleración, lo que ha provocado procesos de reordenamiento de la economía comercial a pequeña escala en Ciudad del Este (Giménez, 2011), especialmente en los nichos de actividad femeninos. Ciudad del Este tuvo el mayor crecimiento demográfico en la triple-frontera y contaba, en el último Censo nacional paraguayo (del 2012), con 312 652 habitantes, entre los cuales muchos son de origen brasileño -Paraguay es el segundo destino internacional más importante de la migración brasileña (Albuquerque 2012; Souchaud 2011)-.
Puerto Iguazú, en el lado argentino, fue fundada en 1902 y es parte de la Provincia de Misiones, donde se registró una población paraguaya de 27 799 personas en el censo 2010 (Renoldi 2013). Puerto Iguazú, a su vez, contaba con una población total de 42 849 personas según el mismo censo (Dachary y Arnaiz 2012). Su principal actividad es el turismo (dirigido a las Cataratas del Iguazú) y está vinculada a Foz a través del Puente de la Fraternidad (Giménez 2011: 8), inaugurado en 1985. En Puerto Iguazú, las mujeres paraguayas se hacen notar en el espacio público a través de su vinculación a dos nichos laborales. El primero es la producción y venta de productos artesanales para los turistas internacionales. La segunda es la actividad comercial transfronteriza entre las tres localidades de la triple-frontera. Muchas de las mujeres que trabajan en esta última actividad se están reorientando hacia los trabajos de cuidados y servicios domésticos, debido a la crisis del circuito comercial (Renoldi 2013: 131).
Nuestra revisión de los estudios en estos territorios nos permite delimitar al menos tres campos en los que se identifican violencias (de diversas escalas y manifestaciones) que impactan la vida de las mujeres en esta triple-frontera: 1) la trata con fines sexuales; 2) las movilidades transfronterizas y sobrecarga femenina, 3) las discriminaciones interseccionales y apropiaciones territoriales. Sintetizaremos los hallazgos para cada uno de estos campos.
La trata con fines sexuales
La trata de personas con fines de explotación sexual es una práctica antigua. Su abordaje jurídico y político cambió decisivamente en los últimos años. En la época colonial en América Latina, las mujeres -principalmente indígenas y africanas-, eran comercializadas como mano de obra barata, servidumbre y/o como objetos sexuales (González 2012: 2). Cuando las mujeres blancas comenzaron a ser objeto de comercialización, estas prácticas se visibilizaron a tal punto que recibieron el nombre de «trata de blancas». El concepto hace referencia a «la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir como prostitutas o concubinas generalmente en países árabes, africanos o asiáticos» (González 2012: 2). En el siglo XX esta materia comienza a ser tratada desde la perspectiva normativa internacional de protección de los derechos humanos. Ya en 1949 la Organización de las Naciones Unidas lanza el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. A inicios del siglo XXI, la trata de personas sea con fines de explotación sexual o laboral se introduce como un problema de gobernabilidad migratoria y se vuelve prioritaria en los programas de ayuda humanitaria de diversos organismos internacionales (Barvinsk 2014: 69). Específicamente, la definición sobre trata y sus diferencias fundamentales con tráfico, emergen del Protocolo de Palermo5. Con este instrumento internacional se establece el consenso, no sin dificultad, que la primera, estaría basada en el engaño hacia la persona (por ejemplo, con relación al viaje y/o las condiciones de trabajo); mientras que el tráfico se asociaría a que la persona realiza las acciones necesarias para favorecer la migración irregular (Alcázar-Campos y Cabezas, 2017). Diferentes autores consideran que esta diferenciación contribuye a criminalizar a un sector de la población migrante, al construir la dicotomía buena/mala migración, favoreciendo los argumentos para el aumento del control fronterizo desde la persecución de la migración irregular para prevenir la trata (Alcázar-Campos y Cabezas 2017: 89-90).
En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2002: 16) declaró que prevenir y punir las redes ilegales que mueven este tipo de trata en las zonas fronterizas latinoamericanas era prioritario y urgente, dada la gravedad de la vulneración de los derechos humanos en el marco de la acción criminal de estas redes.
El creciente interés internacional sobre el tema permitió que la problemática adentrara a la agenda investigativa de diversos países de la región; entre ellos, los tres que colindan en la Triple-frontera del Paraná6. Los diagnósticos apuntan que el fenómeno está profundamente articulado con los circuitos turísticos, comerciales y políticos de esta zona fronteriza, que se globalizaron fuertemente en las últimas décadas (OIT 2002: 16). Seaman (2012: 31) describe a esta Triple-frontera como «el sueño de contrabandistas» a causa de lo que identifica como la laxitud de las autoridades locales en el control de actividades ilícitas. Según el autor, el contrabando entre Paraguay, Brasil y Argentina mueve el tráfico de productos muy variados (desde ropas y juguetes hasta automóviles y drogas). La trata humana sería, entonces, parte de este contexto polifacético de institucionalidad del contrabando y del tráfico transfronterizo. Dos tipos específicos de trata humana con fines sexuales operarían en esta región.
El primero refiere a la de niñas y adolescentes (Zsögön 2013: 110). De acuerdo con el Programa de la Organización Internacional del Trabajo para la Eliminación del Trabajo Infantil, en 2003, unos 3500 menores de 18 años enfrentaban algún tipo de violencia sexual en esta triple-frontera (Zsögön 2013: 119)7. Específicamente en el caso de la trata sexual, los estudios asumen que la mayor parte de las víctimas en este territorio son las niñas y adolescentes paraguayas de entre 8 y 18 años (Seaman 2012: 31). Según la OIT (2002), la pobreza, la ausencia de oportunidades laborales y el deterioro de las condiciones de convivencia familiar constituyen elementos que catalizan la acción de las redes del lado paraguayo de la frontera. Las víctimas:
«Vienen de hogares carenciados y sus familias trabajan en el sector informal, tienen un bajo nivel educacional y están, en la media, 2 a 3 niveles educativos por debajo de su franja etaria; normalmente abandonan la escuela en la enseñanza media; y frecuentemente están empleados en bares, saunas, burdeles y casas de masajes, donde ofrecen servicios sexuales». (OIT 2002:8).
La OIT (2002: 14-15) también considera que el alto grado de informalidad documental en la circulación migratoria transfronteriza expone a las/los menores de edad a la explotación sexual debido al anonimato y a la semiclandestinidad residencial y laboral vividos en la movilidad familiar.
Se identifica una direccionalidad específica en dicha trata de menores con fines sexuales. Los puntos de captación de las víctimas se encuentran en localidades del Departamento paraguayo del Alto Paraná (particularmente Ciudad del Este) y del de Caaguazú (Seaman 2012: 34). En Brasil, ellas llegan prioritariamente a Foz de Iguazú, desde donde son «distribuidas» a diversas ciudades del sur y centro-oeste del país (OIT 2002: 18). En Argentina, son llevadas a las provincias de Córdoba y Buenos Aires (siendo retenidas en clubes nocturnos para explotación sexual) (Seaman 2012: 34)8. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identificó a la provincia de Misiones (del lado argentino de la frontera) como el área principal de reclutamiento de mujeres y menores víctimas de trata. El informe de la OIM identifica otras provincias argentinas a las que serían destinadas estas personas, además de Buenos Aires y Córdoba: La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego (Zsögön 2013: 119)9.
Paralelamente, Misiones también se convirtió en aquello que Tarducci (2006: 50) denomina irónicamente un “paraíso de las adopciones” de menores por parte de familias europeas. Varios factores contribuyen a este suceso: 1) el alto porcentaje de embarazos adolescentes, 2) los elevados índices de pobreza, 3) la índole turística de la región y 4) la práctica institucionalizada de “entrega” de hijos por parte de campesinos pobres a personas con mayor capacidad económica (Tarducci 2006: 49). En este contexto, las adopciones ocurren en un clima de gran ambigüedad: no están plenamente reguladas y se carece de evidencias para conocer los medios por los cuales se desarrollan10. Estas circunstancias fomentan que las adopciones sirvan como un puente para la trata y/o tráfico infantil con fines sexuales (Tarducci 2006: 50).
El segundo tipo de trata que opera en la región es el que incide en las mujeres mayores de edad. Analizando los testimonios de varias de ellas, Barvinsk (2014) dilucida que la Triple-Frontera del Paraná constituye una «zona de servicios» que emplea predominantemente la mano de obra femenina informal. En ella, los límites entre el comercio y el crimen se desdibujan frecuentemente (Lima y Cardin 2019: 10). En estas interacciones liminales, las mujeres se involucran en actividades del crimen organizado, lo que las expone a las redes de trata. Las entrevistas dilucidan, además, que ellas son cooptadas siempre por un familiar, pareja, vecino o amigo cercano. Así, los límites entre violencia de género y lazo familiar o afectivo serían tan liminales en la vida de estas mujeres como el cruce entre legalidad e ilegalidad en el desempeño de las actividades y servicios fronterizos (Barvinsk 2014: p.75).
La cooptación de mujeres ocurre tanto del lado argentino, como del lado paraguayo y brasileño: las mujeres son desplazadas hacia los tres territorios circularmente en el marco de las redes de explotación (Barvinsk 2014: 70). La pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades laborales son condicionantes de la trata, ya que predisponen las mujeres a aceptar condiciones de mayor vulnerabilidad laboral (Barvinsk 2014: 78).
Movilidades transfronterizas y sobrecarga femenina
El segundo de los campos de investigación refiere a los estudios sobre las movilidades transfronterizas y su interrelación con las transformaciones de los lazos familiares, roles de género, y la sobrecarga (re)productiva femenina (Profit 2015).
Paraguay sostuvo, durante muchos años, el puesto de segundo destino migratorio prioritario de los brasileños, detrás solamente de Estados Unidos (Souchaud 2011). Entre 1980 y 1990, el flujo migratorio desde Brasil hacia territorios paraguayos aumentó expresivamente (Albuquerque 2008), debido a una serie de factores (Ribeiro y Geusina 2008: 39). Primero, por la preferencia de los/ las migrantes de las regiones del sur y centro-oeste brasileño de desplazarse a contextos cercanos geográficamente, estableciendo circuitos migratorios, económicos, sociales y culturales entre las localidades de origen, destino y tránsito de los dos lados de la frontera Brasil-Paraguay. Segundo, por la acelerada apertura comercial y expansión económica vividas por Ciudad del Este en inicios del siglo XX. Tercero, por las normativas y procesos burocráticos que facilitaron el arraigo migratorio entre los países de la Triple-frontera del Paraná: las amnistías migratorias destinadas a regularizar a la población indocumentada en Paraguay y los tratados internacionales firmados a través del Mercosur desde 1991.
Pese a lo anterior, del lado paraguayo de la frontera, los/as brasileños/as migrantes son vistos como entes perturbadores para el orden público (a raíz del pasado conflictivo entre estas naciones y su larga historia de recelos identitarios) y sufren constante asedio policial (Ribeiro y Geusina 2008). Gran parte de estos/as migrantes no logran ser contemplados/as por los sistemas de protección civil en ambos países (Albuquerque 2012), viviendo una experiencia marginal de ciudadanía, caracterizada por el precario acceso a la salud y educación públicas, a la jubilación formal e incluso a los servicios de abastecimiento de agua y luz (Ribeiro y Geusina 2008: 45). Todos estos factores son vividos con más intensidad en el caso de las mujeres, quienes se hacen cargo de las responsabilidades de reproducción social de las familias (entre las cuales se incluyen el cuidado y atención a menores y mayores de edad). Así, la poca cobertura social de las migrantes brasileñas, particularmente en Ciudad del Este, las expone a la condensación de vulneraciones sociales que configuran, en su conjunto, un cuadro de violencia estatal.
No obstante, como ha demostrado Renoldi (2013), la agencia de las personas que habitan en esta triple-frontera desafía constantemente los límites de esta marginación estatal. A través de un estudio etnográfico, la autora muestra cómo las distintas tramas de significados que se configuran contextualmente pueden distanciarse de los lineamientos legales de los Estados que encuentran confluencia en esta área limítrofe. Las mujeres que cruzan la frontera encuentran formas innovadoras de recrear su experiencia logrando, con ello, sortear y poner en juego las limitaciones y ausencias estatales -tanto de los servicios de los Estados, como al control de los cruces fronterizos- (Renoldi 2013: 129). Con ello, se observa que el carácter dinámico de la frontera repercute en una forma de agencia -protagonizada por todos, pero particularmente por las mujeres- que desafía las marginaciones y violencias vividas en estos territorios a través de estrategias liminales entre legalidad e ilegalidad (Renoldi 2013: 137). Así, la violencia estatal promovida por la marginación del acceso a servicios y derechos fomenta, dialécticamente, estrategias subjetivas y grupales de resistencia que tienen, debido a la centralidad de las mujeres en el comercio y en los cuidados en esta frontera, una crucial dimensión femenina.
En esta línea de averiguaciones, Báez (2017) realizó entrevistas en profundidad con trabajadoras domésticas paraguayas empleadas en Foz do Iguazú. Con una metodología cualitativa, reconstruyó su perfil socioeconómico, afirmando que la mayoría de ellas: 1) tiene entre 17 a 30 años; 2) cuenta con la educación secundaria terminada, 3) provienen de las comunidades rurales de Paraguay y 4) no poseen documentos migratorios en Brasil.
Su estudio demuestra que las mujeres optan por una vida transfronteriza a raíz de procesos de marginación social, económica y laboral en su país de origen. El mercado laboral de las ciudades y localidades rurales fronterizas paraguayas es limitado y con elevada informalidad. Asimismo, la empleabilidad femenina queda circunscripta a las labores comerciales (legales e ilegales) en la frontera y al trabajo doméstico remunerado en residencias particulares. Esta segunda opción expone a las mujeres a la explotación: en Paraguay, «las trabajadoras domésticas solo tienen acceso al sesenta por ciento del salario mínimo legal vigente para cualquier trabajador; según estudios sobre Trabajo Doméstico en Paraguay publicados por el Centro de Documentación y Estudios (CDE)» (Báez 2017: 18)11. Así, la precariedad laboral en Paraguay y la rentabilidad cambiaria de la moneda brasileña impulsa las mujeres paraguayas a buscar trabajos domésticos en Foz do Iguazú.
No obstante, una vez se insertan en estas labores en territorio brasileño, su vulnerabilidad tiende a incrementarse: los empleadores usan su condición de indocumentación para forzarlas a realizar más labores de las que deben. Además de realizar la limpieza de casas, la compra y preparación de alimentos -tareas por las cuales fueron contratadas- las migrantes son frecuentemente obligadas a realizar también el cuidado de niños y ancianos de las familias, sin recibir remuneración adecuada para estas funciones (Báez 2017: 43). Esta sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidado termina por extender su jornada laboral por sobre los límites legales en territorio brasileño. Asimismo, ellas cobran menos que lo establecido legalmente en Brasil y sufren procesos de discriminación racial, étnica y de género (Báez 2017: 37).
Báez (2017) demuestra también la vigencia de las estructuras económicas, raciales y de género que permiten la explotación laboral de estas mujeres de origen paraguayo en los hogares del lado brasileño de la frontera. Su estudio plantea que las tareas del cuidado constituyen un mercado laboral transfronterizo que traspasa la responsabilidad de la reproducción social de las familias brasileñas a las mujeres paraguayas, quienes desarrollan estas funciones bajo condiciones de explotación, denigración y vulneración.
Profit (2015) indica que esta organización transfronteriza de los cuidados tiene impactos importantes en la organización de las familias, en la constitución de los roles de género y en la división sexual del trabajo también en Paraguay. La autora analizó la composición de los imaginarios de género masculinos de paraguayos transfronterizos realizando un estudio multisituado entre el Departamento paraguayo de Caaguazú (desde donde emigran muchas de las mujeres y hombres paraguayos que se emplean en Foz do Iguazú) y las localidades de destino en Brasil. Trabajó con hombres regresados a Caaguazú, con migrantes que aún residían en Brasil y con paraguayos que no emigraron, pero que tenían una pareja trabajando del lado brasileño de la frontera.
A partir de esta metodología, identificó que el proyecto transfronterizo y migratorio tensiona la organización de los lazos familiares. Constituye, consecuentemente, una suerte de renegociación de los patrones de cohabitación, de división sexual del trabajo y de contacto entre los miembros de la familia (Profit 2015: 12). No obstante, el proyecto migratorio no necesariamente cambia las jerarquías de género al interior de dichas familias, aunque efectivamente pareciera permitir que algunas mujeres gocen de algo más de centralidad y poder decisorio.
Profit muestra que, a raíz de la migración a Brasil, algunas mujeres lograban proponer una reorganización del trabajo doméstico en el hogar. Con esto, los hombres paraguayos pasaban a dedicar más horas de cuidado a los hijos, además de hacerse cargo de labores de limpieza de las residencias. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la ocupación transfronteriza de las mujeres implicaba que los hombres buscaran el apoyo de otra figura femenina para realizar las tareas domésticas. Así, la sobrecarga femenina (productiva y reproductiva) no era cuestionada, sino desplazada a otra mujer (generalmente las madres, tías o hermanas del hombre). En otros casos aún, los padres se negaban a hacerse cargo de los cuidados de la familia e, incluso estando desempleados y dependiendo de las labores productivas de sus parejas femeninas, enviaban los hijos en común a vivir en Brasil con sus progenitoras (Profit 2015: 116). Vemos así que las mujeres paraguayas empleadas tanto en el comercio como en los servicios domésticos en Foz do Iguazú estarían viviendo un complejo sistema de dualidades del cuidado, en el que la explotación de las labores femeninas constituye el pilar del proceso de reproducción social de las familias de los dos lados de la frontera. En cada ciudad, esta explotación se configura a partir de contextos familiares, emocionales y económicos diferentes; pero en ambos, las mujeres paraguayas sostienen una sobrecarga que las vulnera multidimensionalmente.
Discriminaciones interseccionales y apropiaciones territoriales
Parte de las violencias a las que están expuestas las mujeres en la Triple-frontera del Paraná remiten a la interseccionalidad de diferentes formas de discriminación y marginación social: referentes a la clase social, a la condición nacional, a la condición étnica o a los procesos de racialización. Estas interseccionalidades, que frecuentemente se expresan a modo de conflictos identitarios, se articulan a procesos históricos de mediana y larga duración y tienen consecuencias profundas en la organización económica y política de los grupos sociales en el territorio. La triple-frontera constituye, debido a estos procesos, un área de interseccionalidades que trasciende los límites nacionales (Montenegro y Giménez 2006: 16).
Del lado argentino de la frontera, la intensificación de la migración europea -entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX- reordenó las fronteras identitarias y morales entre los distintos grupos que allí habitan (Giménez 2014). La ocupación de las tierras fronterizas por parte de los europeos estuvo acompañada de una narrativa particular, pautada en la valorización del esfuerzo y del trabajo de los primeros colonos: aquello que Giménez (2014: 212) identifica como la defensa y enaltecimiento de su «cultura de trabajo».
Este marco axiomático conformó una distinción jerárquica: una formulación retórica de la superioridad moral y civilizatoria de estos colonos, sus hijos y nietos por sobre los nativos (los paraguayos y los indígenas). Con claros tintes racistas, este discurso sirvió como justificación de la apropiación de las tierras por parte de estos europeos y sus descendientes. La expulsión de los pequeños propietarios paraguayos y de los indígenas tiene consecuencias fundamentales en la precarización de la experiencia de las mujeres de estos grupos sociales. La ruptura de la unidad productiva familiar, la ausencia de una salida laboral masculina las empuja a proveer productiva y reproductivamente las familias. Así, además de padecer el efecto discriminador de esta jerarquía identitaria que sitúa los colonos euro-descendientes por sobre las poblaciones locales, las mujeres sufren también los impactos y la sobrecarga de la expropiación económica que esta jerarquía avala.
Procesos parecidos se observan del lado brasileño de la frontera, particularmente en espacios semirrurales, como la villa de San Miguel de Iguazú, localizada en el extrarradio de Foz do Iguazú. Allí se radicaron migrantes paraguayos y brasileños expulsados de las tierras agrícolas de la franja fronteriza del territorio paraguayo (Fogel 2008). Estos trabajadores se empleaban en el cultivo de la menta, algodón y la soja de baja calidad en los territorios paraguayos del departamento del Alto Paraná. En inicios de los 2000, los grandes propietarios brasileños -en su mayoría descendientes de italianos y alemanes venidos del estado brasileño de Rio Grande del Sur- introdujeron la soja transgénica por aquellos lares, comprando las pequeñas propiedades (u ocupándolas con violencia) e instituyendo latifundios de enorme extensión. Este proceso determinó la expulsión de los pequeños propietarios y trabajadores rurales a jornal de los campos de cultivo. Se configuró un éxodo masivo que fue acelerado debido a la industrialización del proceso agrícola y al uso de tecnologías químicas de cultivo que reducen la necesidad de mano de obra humana (Fogel 2008: 277-280).
Consideraciones finales
En este artículo describimos las experiencias de violencia de género y subalternidad en la Triple-Frontera del Paraná. En este contexto las mujeres, especialmente las paraguayas, encarnan la sedimentación de desigualdades raciales, étnicas y de género, producto histórico de determinaciones sociales que se constituyen y, en cierta forma, se legitiman desde niveles estructurales. Estas experiencias se evidencian mediante procesos de trata con fines sexuales, sobrecarga femenina y experiencias de discriminación interseccional. Dichos procesos circunscriben la experiencia femenina hacia ciertas clasificaciones «naturales» respecto de su manera de habitar la triple-frontera que, si bien son producto de históricas relaciones de fuerzas, también conforman diferentes formas de agencia que desafían los órdenes impuestos por los Estados nacionales y los mandatos de género.
Asimismo, identificamos cómo la violencia de género se configura desde los contextos domésticos donde se gestan mecanismos de dominación masculina. Esta se reproduce a escalas sociales y estructurales (Viteri et al. 2017). Así, se identificaron estudios que visibilizan las estructuras domésticas patriarcales que, en territorios transfronterizos, exponen a niñas y mujeres a violencias vinculadas con lógicas trasnacionales, como lo es la trata de personas con fines sexuales (Viteri et al. 2017; Barvinsk 2014: 76). Con relación a ello, apuntamos a la necesidad de incorporar en la investigación que se ocupa de la violencia de género en la Triple-frontera del Paraná las múltiples experiencias asociadas a la trata, y que van más allá de aquella con fines de explotación social: la trata asociada a la explotación laboral que emerge de los trabajos de cuidados, el servicio doméstico, o la explotación sexual asociada a la reproducción biológica.
Pero no sólo las experiencias femeninas asociadas a la trata fueron recogidas en este estado del arte. También nos ocupamos de aquella literatura que muestra cómo la violencia de género se encarna en las vidas de las mujeres por medio de la sobrecarga de responsabilidades de reproducción social de ellas mismas y sus familias. Esta sobrecarga implica que ellas se conviertan en sujetos móviles (Lash y Urry 1998) como una forma de resistencia a la marginación que experimentan en su acceso a servicios de cuidado en sus territorios nacionales. No obstante, la movilidad entre países buscando recursos de protección social también aumentará la sobrecarga que ellas experimentan asociadas a la reproducción social.
Por último, mostramos que la complejidad que rodea la vida femenina en la triple-frontera deriva también de las experiencias de desterritorialización. Así, la historia de ocupación de las tierras fronterizas y la marginación de los cuerpos de las mujeres se encarna de formas diversas a partir de las múltiples intersecciones de discriminaciones que ellas experimentan en sus vidas.
En definitiva, encontramos que las experiencias femeninas en esta triple-frontera son marcadas por procesos de disputa (Scott 2001) que no ocurren fuera de significados establecidos, a la vez que tampoco están atrapados en significados estáticos. Consecuentemente, identificamos la necesidad de poner atención a los procesos históricos constitutivos de este trifinio, en tanto producen y reproducen las experiencias de las mujeres, construyendo una forma de habitarla que deviene en sujetos móviles que disputan sus propios espacios de agencia, escapando y sorteando múltiples formas de violencia en condiciones de existencia definidas por los Estados-nacionales.
Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) que financia este estudio a través del proyecto Fondecyt 1190056: “The Boundaries of Gender Violence: Migrant Women’s Experiences in South American Border Territories”.
Ciento cincuenta y nueve de los seiscientos cuarenta y tres espacios fronterizos en el mundo son trifinios (puntos geográficos en los que coinciden tres fronteras internacionales). Quince de ellos están en América Latina, pero ninguno, excepto aquel que conecta Paraguay, Brasil y Argentina se caracteriza por ser internacionalmente conocido como “La Triple-Frontera” (Agulló 2017: 59).
Con dominación masculina, aludimos al “orden social dominado por el principio masculino” (Bourdieu 1998: 7), que se «constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo, y lo femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo, el deseo masculino como deseo de posesión, como dominación» (Bourdieu 1998: 19).
Incluso en los proyectos desarrollistas propios del Estado moderno, las grandes reformas sociales, como por ejemplo la reforma agraria, se sustentaron en una construcción tradicional de la familia, que situó a la mujer en una posición de subordinación respecto del hombre, invisibilizando y, en muchas ocasiones, castigando su participación política y prácticas emancipadoras (Tinsman 2009).
La perspectiva crítica sobre las discriminaciones raciales es introducida en los estudios feministas a través del concepto de interseccionalidad, propuesto en inicios de los años noventa, en los debates desarrollados por las feministas negras a partir de Crenshaw (1991: 1944). Para esta autora, los factores de exclusión de las mujeres se entrecruzan y, con esto, se potencian. Así, la interseccionalidad de elementos que marginan a las personas en un ámbito concreto de relaciones operaría a partir del cruce de jerarquizaciones relacionadas a la condición de género, clase, al color de piel (lo que incluye las etiquetas raciales y étnicas), políticas, culturales y, además, nacionales.
De acuerdo al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (ONU 2000) conocido como Protocolo de Palermo, la trata de personas es definida como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos».
Pese a este interés por parte de investigadores, los Estados no invirtieron suficientes recursos para sostener el diagnóstico de esta problemática. El resultado es la carencia de datos e información actualizados sobre el comercio sexual en esta Triple-frontera (Zsögön 2013: 123).
El concepto de violencia sexual utilizado en el informe del Programa de la Organización Internacional del Trabajo para la Eliminación del Trabajo Infantil englobaba desde aquellas experiencias de abuso y violación vividas en el hogar, hasta la explotación sexual con fines económicos en las calles o locales cerrados (Zsögön 2013: 119).
En las casas nocturnas argentinas, dicha explotación atiende a un público de clientes provenientes, predominantemente, de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, se establece una relación transnacional de fomento del tráfico infantil que atraviesa la Triple-frontera del Paraná, conectándola con grandes ciudades argentinas y, simultáneamente, con el Norte Global (Seaman 2012: 36).
Argentina se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño -que establece las medidas de seguridad a ser tomadas por los Estados sobre la venta de niños/as, a su prostitución y/o utilización en la pornografía (Seaman 2012: 35). Según Zsögön (2013: 120), dos marcos legales nacionales incorporaron las determinaciones del protocolo: 1) la Ley 3.820 de Atención Integral a la Infancia (del 2001) y 2) la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (del 2005). A estos dos marcos jurídicos, se suma la Ley 3820 (del 2005), que rige en la Provincia de Misiones y que estableció la adaptación de las áreas gubernamentales provinciales para la debida implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No obstante, la carencia de recursos impide que las autoridades argentinas intervengan de forma efectiva en estas problemáticas (Zsögön 2013: 123).
Además, dado que las adopciones internacionales no están permitidas en Argentina, varias de las familias europeas que incluso adoptan legalmente en el país comenten un delito al dejar el territorio argentino llevando consigo a los menores (Tarducci 2006:56).
El 19 de junio de 2019, se terminó de aprobar la Ley 5404 (del 2015), que regula el trabajo doméstico estableciendo el pago del 100% del sueldo mínimo en este rubro (Biblioteca y Archivo Central del Congreso de Paraguay, 2019). No obstante, el cambio en las remuneraciones reales en el sector será progresivo y dependerá del interés del empleador en cumplir la ley, dados los bajos niveles de institucionalidad estatal y fiscalización en Paraguay. Asimismo, la ley permite que los empleadores propongan sueldos menores a las trabajadoras, si consideran el pago del 100% injusto (Hoy 20 jun. 2019).
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