El objetivo de este texto es centrar su análisis en unos archivos específicos, los configurados por poderes autoritarios con el objeto de efectuar un control social absoluto sobre el enemigo. Son archivos que conforman una tipología propia: archivos de la represión que se han ido fraguando a lo largo de un pasado reciente pero que tienen una nueva vida en la actualidad con reordenaciones, traslados y nuevos accesos a esa documentación.

A partir de uno de estos archivos y de la documentación que guarda, a lo largo de las siguientes líneas reflexionaré en torno a las posibilidades de hacer etnografía desde el archivo. Estas reflexiones están relacionadas con la propuesta de un tipo de acercamiento interdisciplinar al archivo. Con este objetivo de fondo en el primero de los apartados reflexiono en torno al acercamiento al archivo desde distintas disciplinas, principalmente desde la antropología y la historia. El siguiente apartado plantea las formas en las que los archivos han sido utilizado por el poder en diferentes momentos históricos y de qué manera su configuración y ordenación ha estado basada en esos intereses, centrándome en aquellos archivos generados por diferentes regímenes autoritarios y dictatoriales.

Una vez contextualizado el acercamiento interdisciplinar al archivo planteo, en el último apartado, un análisis a partir de un caso concreto: el Archivo General e Histórico de Defensa. Se trata de un archivo específico que ha guardado la documentación generada por la dictadura franquista bajo la forma de aquellos procesos sumarísimos iniciados durante y después de la guerra contra cualquier considerado enemigo. Poner el foco sobre este archivo en el presente permite recorrer el camino iniciado por estos papeles hasta la actualidad, pero también comprender los mecanismos que desde el hoy hacen posible el acceso al interior de un archivo militar.

Mirar al pasado obliga a superar los límites de cualquier disciplina. También exige el uso de cualquier herramienta a nuestro alcance. El simple hecho de tratar de comprenderlo, aun de manera incompleta, requiere adoptar todo recurso metodológico que pueda contribuir a esa tarea. Cada disciplina puede aportar algo en ese objetivo final de comprender lo acaecido en el pasado, aunque sobre todo cada una de ellas puede dejar su estela en el análisis. Sus focos serán distintos, pero todas ellas van a tener en común el interés por el otro, tratar de comprender, de una u otra manera, las motivaciones de determinadas acciones que han condicionado el pasado.

Sin embargo, al enfrentarnos a los documentos del archivo histórico, esos otros ya no están. Ante esta circunstancia se plantea una pregunta: ¿cómo es posible dialogar con los muertos? El historiador Peter Burke (1987: 15) se preguntaba algo similar: «¿Cómo pueden los historiadores hacer «trabajo de campo» entre los muertos?». Burke, desde la historia, invoca a la antropología como esa otra disciplina que le puede ayudar a comprender el pasado. Se hacía esa pregunta precisamente en una obra titulada La antropología histórica.

El planteamiento de fondo de esa pregunta es el que marcará también los objetivos de este artículo. Lo que en esencia plantea esta pregunta es si es posible una etnografía desde el archivo ¹ . La clásica relación de la antropología con el estudio directo del otro, pero de un otro contemporáneo, parece que deja de lado su inclusión en el archivo. Una mirada antropológica a los documentos de archivo parecía ser una paradoja ante la imposibilidad de que el antropólogo pudiera estar en un allí histórico. También parece carecer de sentido ante las formas secundarias de las fuentes, mediadas por capas de interpretación, lo que obstaculiza la metodología y las herramientas de contacto entre el etnógrafo y ese otro sobre el que posa su mirada ² .

La antropología y la historia han llevado caminos paralelos. El antropólogo Gutiérrez Estévez (1996: 72) señala el interés común de ambas disciplinas: el otro. Una mirada etnográfica sobre el archivo adquiere todo su sentido en el encuentro con los otros. La mirada sobre las fuentes, el proceso de análisis en el que se busca entender la lógica de las acciones del pasado es, de esta manera, también materia de estudio del antropólogo. Esta mirada parte del papel, pero te lleva fuera de él, a otros lugares y momentos lejanos en el tiempo y en el espacio, para entender algo más de lo que cuentan esos documentos, incluso nos hace preguntarnos sobre el propio origen de ese documento.

Una mirada etnográfica sobre el archivo también hace posible entablar una suerte de diálogo entre las personas y los documentos. En ocasiones, la investigación etnográfica desde el archivo se ha podido presentar como la contraparte a la investigación en el campo, y aunque el campo ha seguido siendo el lugar central asignado a la práctica antropológica, han sido muchos los antropólogos que han puesto el foco sobre el archivo. A ellos se han sumado historiadores que han puesto su atención sobre los documentos guardados en los archivos y sobre la necesidad de plantear una mirada diferente en torno a los mismos. Un análisis de los papeles que se acerque, de alguna manera, a la práctica sostenida por los antropólogos en su trabajo de campo. Si en este lugar el diálogo con los informantes se transforma en la esencia de su trabajo, dentro del archivo se pone en práctica una forma de hablar con los documentos, una suerte de diálogo con ellos. Si retomamos las palabras con las que iniciaba este apartado, en línea con la reflexión del historiador Burke, podemos entender este diálogo, en definitiva, como una forma de conversar con los muertos. Sin embargo, no basta con escuchar lo que dicen estas fuentes, con introducir las interpretaciones que esos informantes en el pasado realizaban sobre determinadas acciones o hechos. Hay que leer entre las líneas de esas consideraciones, analizar las interpretaciones volcadas sobre el papel por parte de estas personas en el pasado y buscar en el contexto en el que determinadas afirmaciones tienen lugar. Para, de esta manera, tratar de comprender el contexto social -sin olvidar el simbólico- en el que nacen y se inscriben estos documentos.

La importancia de comprender el contexto en el que se inscriben los documentos es decisiva. Sin este objetivo en el horizonte, la desorientación nos acompañará desde los primeros pasos en este camino. En definitiva, en la acción de inscribir los documentos en su contexto es donde se encuentra el «talón de Aquiles» (Gomes da Cunha 2020), la grieta de acceso a su entendimiento, lo que permite acercarnos a los archivos como campo etnográfico propio. Así lo han hecho algunos historiadores que han llamado la atención sobre la artificialidad de la información custodiada en los archivos. Al mismo tiempo nos enfrentamos a documentación donde dialogan diferentes voces en desigualdad de condiciones. Es en esta combinación donde se muestra la enorme horquilla de lecturas posibles sobre el archivo. Algunos historiadores e historiadoras han logrado mostrar ese carácter polifónico de las fuentes, pero también sus peligros ocultos (Davis 1987; Farge 1989; Ginzburg 1991).

A las lecturas, relecturas y contra-lecturas de los documentos de archivo se suma una nueva capa de análisis: el propio archivo. En los últimos años a los historiadores y antropólogos -algunos de ellos ya señalados en este texto- se han sumado además críticos literarios, estudiosos culturales, filósofos, archiveros y otros muchos especialistas hasta el punto de elevar el archivo hacia un nuevo estatus con una categoría de análisis propia ³ . Se ha producido, lo que podemos denominar, un «giro archivístico» ⁴ que, en palabras de Stoler (2009: 45), se caracteriza por el «paso del archivo como fuente al archivo como sujeto». En este sentido a los diálogos y análisis de las pruebas documentales como fuente se han sumado también los relativos al mantenimiento de estos registros, a sus formas, al contenido a recuperar y al modo en que se toman las decisiones sobre su conservación. El foco no queda ahora anclado solo en las capas de papel, sino que se amplía hasta todos aquellos elementos que pueden determinar cómo se origina el archivo, como paso previo a entender cómo funciona. A través de esta vía es posible llegar a comprender cómo las sociedades piensan, registran, crean o silencian su pasado (Trouillot 1995).

Stoler (2002, 2009) puso en práctica una manera propia de analizar el archivo como objeto de estudio, lo hizo al cartografiar la maquinaria de los archivos coloniales ⁵ , que terminaban convertidos en un dispositivo de control. El ámbito colonial ha sido uno de los espacios donde el foco sobre los procesos de configuración de los archivos ha puesto de manifiesto su marcada influencia como mecanismos de control ⁶ . En este espacio, uno de los puntos de análisis más importantes ha virado en torno a las condiciones de producción de estos documentos en el pasado que, a la postre, se ha convertido también en uno de los espacios más fructíferos de la confluencia entre la etnografía y el archivo. Han sido muchas las aportaciones sobre este enfoque que analiza las prácticas de todos aquellos actores que protagonizaron la creación de estos archivos vinculados con ámbitos coloniales (Stoler 2002: 93, 2009: 4). Más allá del archivo como edificio que contiene los documentos, el interés etnográfico sobre el mismo se ha centrado en otros muchos aspectos: la manera en la que esos archivos han sido configurados, reunidos, alimentados y también mantenidos a lo largo del tiempo por grupos de personas e incluso impulsados por instituciones específicas.

Enfocar el archivo lo ha convertido en un elemento prototípico del que emana poder. Se ha analizado el poder de los archivos desde su creación en ámbitos coloniales ya desde la manera en la que se fueron gestando. Algunos autores han logrado analizar cómo a través del ordenamiento de los conjuntos documentales se podía trasladar una forma de dominación sobre el territorio colonial que en estos registros quedaba como un testimonio más de la forma de ejercer la violencia y el poder desde las metrópolis. El proceso técnico de ordenación del archivo respondía, de alguna manera, a la misma lógica de clasificación que la establecida sobre el territorio colonizado. Para Dirks (2001: 107) el archivo se convierte así en la propia «institución que canoniza, cristaliza y clasifica el conocimiento que el Estado requiere, incluso cuando pone este conocimiento a disposición de las futuras generaciones en la forma cultural de un depósito neutral del pasado». Esta afirmación puede culminar con un corolario: la conquista de la metrópoli sobre la colonia se vehicula a través de la conquista sobre los documentos. Esta expansión va mucho más allá que los éxitos militares, más allá que el propio avance del ejército, y es que es a través de la inscripción, de la ordenación, de la acción de hacer archivo en definitiva sobre los espacios colonizados donde el poder colonial tuvo su máximo exponente. La conquista colonial para Dirks consistió, de hecho, en la producción de un archivo con el fin último de dominar ese espacio (2001: 107-108).

El archivo se muestra como la máquina más perfecta para el control social, los estados plantean así su fórmula para controlar su mundo a partir del orden de los documentos, es el sueño delirante provocado por la fiebre del archivo ⁷ . En este sentido la antropóloga Gomes da Cunha (2020: 24) incide en el proceso mecánico del archivo que busca ordenar el mundo y precisamente en esa clasificación del mundo crea un mundo propio, configura los límites de su realidad:

Los archivos administrativos, estatales y coloniales son el resultado de la producción de un modelo de sociedad en el que el conocimiento precede a la identificación de los sujetos, los pueblos, las poblaciones. No conservan registros e imágenes del pasado, sino que los crean y proyectan en forma de utopía colonial.

Como mecanismos de control el archivo aspira al orden, a la estabilidad, el archivo es la extensión del Estado que lo crea. El conocimiento ha de ser también controlado, retenido, medido hasta el más mínimo detalle. Para ello los estados coloniales, a través de los archivos, crean una «epistemología utópica» (Gomes da Cunha 2020: 24). Un método depurado en el que el control absoluto requiere de una máquina con poder de clasificación y administración. Esa máquina es el archivo. Ese archivo utópico no solo ordena y clasifica, también crea. Así los archivos coloniales generan un sujeto político y psicológico, pero también un sujeto criminal (Richards 1992; Farge 1989; Stoler 2002 y 2009; Trouillot 1995).

El archivo tiene el poder de crear un sujeto criminal. Ese poder se vuelve determinante en otros contextos que sobrepasan la limitada incursión realizada sobre los archivos coloniales. En momentos en los que regímenes tiránicos y totalitarios alcanzan el poder, el dominio sobre el archivo es decisivo. El archivo selecciona, ordena y clasifica al disidente. El archivo crea al enemigo. A través de la colección de fotografías se puede configurar su rostro. A través de los papeles se puede ir fraguando su personalidad. A través de fichas donde se recogen sus rasgos se puede hasta delimitar su fisionomía. El dominio del archivo es el dominio del poder y todo poder ejercer su dominio sobre el archivo:

Para llegar a conocer el poder del archivo es necesario aproximarse al poder asociado con la propia creación del archivo, el poder de forjar archivo, en definitiva. Este será uno de los objetivos de este artículo, en el que trataré de establecer una aproximación al andamiaje teórico del poder de crear archivo, para entender en profundidad qué otros poderes de creación asume una vez que ha sido formado.

El archivo es una construcción, pero es al mismo tiempo un constructor de realidad de primer orden. Así lo entiende Foucault quien en La arqueología del saber defiende que el archivo se configura como ese marco de lo posible en el pasado, como ese conjunto de condiciones históricas de posibilidad en un espacio, en un tiempo concreto, en un lugar específico marcado por las acciones de determinados individuos y sus relaciones.

El archivo no es una caja casi sin fondo donde se guarda información como resultado de un afán por la acumulación, no entiende el archivo como «la suma de todos los textos que una cultura ha guardado como documentos de su propio pasado». Tampoco entiende el archivo como «las instituciones que, en una sociedad determinada, permiten registrar y conservar los discursos cuya memoria se quiere guardar». El archivo, para el filósofo francés, establece los límites del discurso, es el organismo que legisla sobre lo que se puede decir y lo que no (Foucault 2002: 219). De esta manera el archivo impone sus reglas desde el interior, no se hace eco de unas normas ya establecidas y que llegan a él desde el exterior de ese lugar. El archivo es lo que nos delimita y también lo que nos limita. Al mirar al pasado el archivo es el límite del tiempo que rodea nuestra presencia, que la señala y construye (Foucault 2002: 221).

Las reflexiones de Foucault invitan a analizar las condiciones de producción y de creación del archivo en el pasado. Sin embargo, también despiertan el interés sobre aquellos parámetros en torno a los que esas condiciones son readaptadas con el paso del tiempo, hasta llegar a comprender las condiciones que marcan la creación de archivos más actuales en el tiempo en los que confluyen una serie de factores específicos. Este texto se centrar en unos archivos específicos: los archivos de la represión, que han sido reconfigurados desde el presente otorgándoles una nueva vida.

El análisis se centra en un archivo específico, un archivo de la represión franquista, el Archivo General e Histórico de Defensa, y en la documentación que custodia. Este archivo tiene un origen oficial reciente, pero recoge la documentación que ha sido guardada por la propia institución militar durante décadas. Ese hecho determina las condiciones particulares de su existencia. Al mismo tiempo lo convierte en un archivo que se muestra constantemente activo ya que los materiales que guarda están en un permanente estado de organización. Acción que marca su devenir, su propia vida como archivo.

Por eso el interés en poner el foco del análisis en la complejidad que hay dentro de este archivo, como un mundo propio, que va más allá de los propios documentos que guarda. Es inevitable recorrer el camino que ha llevado al origen de los propios documentos, el contexto de su producción, organización y selección específica. Pero me interesa especialmente el recorrido desde ese momento hasta el presente y más específicamente su tránsito más cercano en el tiempo, las reglas que componen su forma de organización y que determinan las posibilidades de acceso a su consulta.

El Archivo General e Histórico de Defensa fue creado oficialmente a través el Real Decreto 1674/2011, de 18 de noviembre de 2011 ⁸ , durante el mandato de la ministra de Defensa Carme Chacón en el ejecutivo de la segunda legislatura del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. La apertura del archivo y la posibilidad de consultar su documentación se había estado desarrollando desde dos años antes de su creación oficial a través de este Real Decreto. Sin embargo, en ese poco tiempo, en el corto espacio en el que apenas fue posible que el archivo asentará sus bases para llevar a cabo la labor para la que había sido creado, importantes cambios políticos provocaron una repercusión inmediata en el mismo.

En ese corto espacio de tiempo antes de su andadura oficial en noviembre de 2011 se habían llevado a cabo importantes movimientos de papeles pasando de sus anteriores ubicaciones hasta el nuevo lugar donde serían localizados, en el acuartelamiento militar del Paseo Moret número 3 ⁹ . Hasta entonces la mayoría de los documentos se encontraban en otra ubicación, en el Paseo Reina Cristina número 3, sede del Tribunal Militar Territorial Primero (TMT 1º) que era el encargado de guardar los mismos documentos que había generado esa institución. En este lugar se guardaba desde hacía décadas la documentación generada por los tribunales militares franquistas desde el inicio de la guerra civil hasta finales del siglo XX. Muchos de aquello expedientes sumarísimos habían estado desperdigados durante décadas en almacenes y depósitos de antiguos locales en Capitanías Generales, Gobiernos Militares o Delegaciones de Defensa. A partir de estos momentos se trasladan a su nueva ubicación y destino definitivo: los depósitos del Archivo General e Histórico de Defensa (Castro Campano 2010: 10).

Pero más allá de los avatares de la documentación hasta su ubicación actual, me interesa la documentación que guarda por su singularidad y por las condiciones que hacen que este archivo pueda ser considerado un archivo del mal español.

La elección de este archivo no es casual. Se trata, sin duda, del archivo militar que más documentación guarda sobre la represión franquista ¹⁰ . Pero esta no es la única razón, hay otras que explican su elección y que nos llevan desde el origen de los papeles que guarda hasta la actualidad del archivo. Por ello es importante señalar algunas cuestiones relativas al propio origen del archivo, a esos primeros pasos a los que me refería hace unas líneas en los que el archivo empieza su andadura oficial. El seguimiento de esos pasos ayuda a entender la formación del archivo, a reflexionar sobre su realidad y las razones de su existencia.

En este archivo se guarda, en la actualidad, el principal mecanismo que la justicia militar franquista utilizó para reprimir al enemigo vencido. Los procesos sumarísimos de guerra y posguerra extrapolan el mecanismo jurídico utilizado en la administración militar, el Código de Justicia Militar, a la población civil, al amparo del Estado de Guerra que se mantuvo hasta abril de 1948. El procedimiento elegido, el proceso sumarísimo, se caracteriza por su rapidez de tramitación. Se simplifican al máximo las etapas y plazos de actuación, de tal manera que desde el inicio del proceso tras la detención de una persona y el momento en el que se dicta sentencia pueden pasar tan solo unos días. La ausencia total de cualquier garantía procesal para los acusados es la norma de estos procedimientos ¹¹ .

La elección de este archivo ha estado marcada por un hecho determinante: la coincidencia en el tiempo entre el momento del inicio de mi investigación en el archivo y el de su nacimiento. Estas dos circunstancias lo convierten en un objeto de estudio idóneo desde el que pensar el propio concepto de archivo. Para ello es ineludible establecer una relación directa entre este archivo y la reconceptualización del propio concepto que establece el filósofo Derrida (1997). Para ser más exactos, la relación de este archivo con la configuración de lo que el filósofo denomina «archivos del mal». Unos archivos generados al albur de guerras, tanto civiles como internacionales, y de momentos en los que el poder está ostentado por regímenes autoritarios y tiránicos. Archivos que buscan un objetivo consciente que pasa por la apropiación, la posesión del documento, porque poseer el documento es sinónimo de ostentar el poder. Archivos del mal que han sido disimulados, destruidos, prohibidos, reprimidos… pero que en muchos casos han sobrevivido, precisamente porque ningún poder renuncia a apropiarse del poder que emana del archivo.

Derrida sugiere más que precisa en relación con este concepto. El desarrollo de esta idea remite necesariamente a una reflexión sobre archivos y violencia, diferenciando aquí los archivos generados en ámbito dictatorial que van más allá de convertirse en mecanismos de control para pasar a ser mecanismos de eliminación. La lógica puesta en práctica por estos regímenes, en este caso la dictadura franquista, no solo propone la clasificación del enemigo, sino también su desaparición. Para este propósito el archivo es el paradigma metódico y eficiente en la labor a desarrollar. La burocracia militar lleva su dimensión destructora hacia la máxima eficacia, como expresión extrema de la civilización moderna. Bauman, en sus estudios sobre modernidad y genocidio, muestra cómo el orden de las sociedades burocratizadas se expresa en un Estado dedicado a extirpar las malas hierbas, pues en el fondo en el mundo moderno solo tiene cabida lo sano. Esta idea se convierte en la base para el extermino de las sociedades humanas en las que un poder estatal pleno justifica la eliminación del enemigo como algo necesario para el bien del Estado (Bauman 1997: 250).

A pesar de las controversias desatadas por el concepto de Arendt «la banalidad del mal», es necesario enlazarlo con el concepto propuesto por Derrida. Arendt utilizó el término para mostrar cómo un sistema de poder puede transformar en trivial el extermino de seres humanos cuando los camufla en un procedimiento burocrático. Esto es lo que observamos en los procesos militares generados por la dictadura, se transforman en burocracia que encauza la muerte, aunque para sus creadores sean reflejo de un trabajo eficientemente realizado. El poder totalitario, siguiendo la reflexión de Arendt, genera sujetos que no son capaces de pensar en el sentido moral de sus acciones, lo que ejemplifica en la figura de Eichmann (Arendt 2003).

Nos encontramos, por tanto, frente a las puertas de un archivo del mal en España. Para completar el sentido de las palabras siempre arcanas del filósofo Derrida, contextualizadas por las reflexiones de Bauman y Arendt, nada mejor que remitirnos al propio origen de los papeles que guarda este archivo. No hay mejor manera de completar el concepto archivo del mal que referirnos al carácter polisémico de esta idea asociada con el archivo objeto de análisis.

La ordenación de este archivo se produce desde el presente, pero arrastra inevitablemente la propia clasificación otorgada en su origen. En ese momento la acumulación y almacenamiento de estos documentos respondía, sobre todo, a un acto administrativo, burocrático. Basta repasar algunos de los documentos que componen los expedientes de los procesos sumarísimos para ser conscientes de que los formularios que son constantemente requeridos, las inscripciones oficiales, las anotaciones al margen y cualquier marca en estos papeles forma parte de un ritual burocrático que habla de lo cotidiana del contexto en el que se producen. La pátina burocrática de estos papeles los convierte en la mejor representación del día a día de unos trabajadores que se enfrentan con lo cotidiano. A nuestros ojos, desde el presente, esos papeles son registros de la muerte perseguida por la dictadura. Sin embargo, para sus generadores no son más que la muestra de un trabajo burocrático bien realizado. Y es que, la presencia meticulosa de cada papel es la constatación del trabajo bien hecho.

En este sentido nos enfrentamos a una paradoja. Aquellos que originan cada uno de los papeles que configuran, a la postre, el propio archivo, bajo los parámetros de un trabajo burocrático neutro, están creando el archivo que identifica, clasifica y ordena el mal español a través de la acción sistemática de señalar a los malos españoles. En esos papeles se constatan los rasgos físicos y psicológicos de los malos españoles, se les pone nombre, a veces incluso sus palabras quedan registradas y también su rostro a través de las fotografías que ponen cara a los enemigos, a los otros, a los malos.

Ese orden originario del archivo, con el paso de los años, ha sido reconfigurado. En la actualidad, hace apenas unos años como mostraba en apartados anteriores, el propio archivo renace. Al acompañar ese segundo origen uno es consciente de que con la persecución constante de «los malos» se fue fraguando un archivo del mal. Desde el presente, siguiendo el rastro de ese origen, podemos situarnos en un contexto marcado por la represión del enemigo sin paliativos. Los papeles no solo sirven para identificar al enemigo, al mal español. Su objetivo final es la eliminación de este mal. Con todos los medios a su alcance el nuevo régimen basa su fuerza en esos papeles al tiempo que son esos documentos los que posibilitan la eliminación de los otros y, por tanto, el fin de lo que a ojos del régimen es el mal.

Pero en la actualidad ese archivo sigue el camino de otros archivos del mal generados en las más terribles circunstancias dictatoriales o genocidas. Como parte del propio registro de archivo, en su seno se encuentran las huellas a seguir para señalar algunas de las características comunes que comparten los documentos de esta tipología de archivo. Quizá una de las formas más paradigmáticas de la construcción del enemigo a partir de estos documentos sea a través de la configuración de los rostros de esos otros. A través de esta práctica, en un intento por poner límites a la fisionomía del enemigo a través de las propias imágenes fotográficas de sus rostros, se configura también el rostro criminal tipo.

La obsesión del régimen por los rostros no se circunscribe a los procesos sumarísimos, aunque de ellos se nutren buena parte de las colecciones fotográficas que tuvieron una finalidad represiva durante la posguerra. El fondo más completo de fotografías que configura lo que podemos denominar «el rostro del mal» lo alberga el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) en Salamanca ¹² . Como explica el que fuera director de este archivo, Miguel Ángel Jaramillo Guerreira, la colección fotográfica político-social del CDMH reúne 38 carpetas de fotografías (Jaramillo Guerreira 1994) incautadas por los órganos represivos de la dictadura a diferentes organizaciones anteriores y todo tipo de publicaciones que fueron recortadas y ordenadas de nuevo según el criterio represivo de las nuevas autoridades: poner rostro a los enemigos. Bajo estos rostros -norma de esta nueva ordenación- se señala, en la mayoría de las ocasiones, el nombre de la persona a la que correspondía la imagen y, a veces, el cargo que ocupó.

Pero cabe preguntarse ¿de dónde fueron obtenidas estas fotografías que después serían recortadas y pegadas de nuevo en cartulinas otorgándoles un nuevo orden? El propio Jaramillo aproxima una respuesta señalando diferentes espacios de incautación de estas fotografías: de los organismos de propaganda republicana o de las propias imprentas y locales de publicaciones y periódicos cuyos archivos estaban repletos de estas imágenes. Pero la mayoría de las fotografías aquí reunidas corresponden a imágenes de pequeño formato, con rostros muchas veces anónimos si no fuera por el nombre que se asigna al pie. Estas fotografías proceden de los carnés o fichas de militancia de cualquier organización política, sindical o incluso de las fichas de los y las milicianos y milicianas. Estas fotografías fueron despegadas de esos carnés, y vueltas a pegar en esa gran exposición de rostros del enemigo.

En muchas ocasiones estos carnés quedaban unidos a otro lugar. Eran utilizados como prueba dentro de cada uno de los procesos sumarísimos seguidos contra los republicanos vencidos. De aquí también extraían el nombre de aquellos y aquellas que no eran reconocidos por su significancia política. Esta es una de las razones que explica que muchos de aquellos carnés, que aún se encuentran olvidados entre los legajos de los procesos sumarísimos en el archivo objeto de análisis, se encuentren con la fotografía arrancada. Parece como si esos rostros hubieran sido borrados del lugar en el que tenían su finalidad como prueba una vez que esa persona había sido detenida. Allí ya no era necesaria la presencia de esa fotografía por lo que se traslada a ese otro archivo ordenado de rostros de enemigos cumpliendo así la función burocrática del trabajo bien hecho cuando esas fotografías se asocian a aquellas personas encarceladas.

Algunas de esas fotografías conservan restos del sello oficial de los partidos políticos o sindicatos a los que pertenecían sus propietarios. Se crea así un nuevo nexo entre ambos archivos ya que esos pequeños restos de sello puesto, en parte, sobre la fotografía son completados, como si de varias piezas de un puzle se trataran, con el carné que se guarda dentro del proceso sumarísimo. El resultado de toda esa colección lo componen más de 18.000 fichas individuales, que se conservan junto a cada uno de los apellidos y nombres de los retratados (Blasco Gallardo 2002: 61-62).

Esta ordenación de rostros es un nuevo ejemplo del poder de archivo. Es el mejor mecanismo de control social ya que, como señalaba hace unas líneas, el poder del archivo se manifiesta en que en su mano está la posibilidad de crear un sujeto criminal. La creación de ese fondo por parte de la dictadura busca también crear al enemigo, marcando sus rasgos, su fisionomía. En su análisis sobre el uso represivo de las fotografías que forman parte de los archivos oficiales el antropólogo Moreno Andrés (2018: 143) señala cómo la elaboración de esos álbumes de rostros «muestran en realidad una especie de mapa fisiológico del rostro del enemigo», ahondando así en ese objetivo final de control social. De la misma manera que los archivos coloniales no solo registraban lo ocurrido, sino que, principalmente, tenían como finalidad, en palabras de Gomes da Cunha, crear y proyectar esa realidad en forma de «utopía colonial» (2020: 24) el régimen franquista crea un mundo a través de esa ordenación fotográfica ¹³ . Un mundo de enemigos, frente a los que tenían que estar alerta, y una forma de controlar a esos enemigos era también ordenar sus rostros en ese sueño megalómano de juntar en un mismo espacio a todos los enemigos reales e imaginarios ¹⁴ .

Este archivo, catalogado como archivo del mal desde el presente, no puede asociarse con esa concepción en su origen. Para los generadores de este archivo se trata de todo lo contrario. Es un archivo ordinario, que marca el trabajo bien hecho. Se observa en las anotaciones burocráticas, en los márgenes, en una simple cruz sobre el nombre de una persona que dice mucho más que decenas de páginas: esa persona ya ha sido fusilada.

Los que generan estos documentos están creando un archivo para traer su idea del bien, aunque esa idea lleve asociada la eliminación del otro. Se proyecta como el elemento necesario para crear algo nuevo, y así contribuir al bien del nuevo régimen. Sobre la creación de este archivo se construye a su vez un nuevo mundo, un nuevo Estado. Esa labor de construcción lleva asociada otra indisoluble: la destrucción de otro mundo. El nuevo modelo solo tiene sentido como creación frente a unos otros -los enemigos ahora acusados- que serán destruidos físicamente pero cuyo mundo, a su vez, será destrozado por medio de la acumulación de esos papeles. Las fotografías, los documentos requisados, los carnés de pertenencia política, sindical o profesional… todo ello agrupado conforma el mundo que ya no existe, momentos pasados que permanecerán encerrados en esos depósitos de documentos para que nunca puedan regresar. Las personas son encerradas, pero también las ideas que sirven para condenarlas quedan agrupadas en legajos de papeles. Cabe preguntarse por qué esos papeles no han sido destruidos también. De nuevo volvemos a la conceptualización de ese archivo creado. Si se está generando un archivo como reflejo del éxito de la labor llevada a cabo por el nuevo régimen contra los enemigos, no tiene sentido la destrucción de esa vasta documentación sobre la que se cimienta, en el fondo, ese nuevo régimen. Además, en esos almacenes de papeles se puede constatar algo más: la justicia del nuevo régimen no puede ser puesta en duda, cada proceso contra los enemigos está sustentando en esa cantidad de papeles.

De esa manera, desde que cada uno de esos expedientes fue cerrado, cuando ya dejan de tener ese valor probatorio absoluto de justificación de todos los males realizados por el enemigo, pasan a tener otra condición. Nos situamos a finales de los años 40, cuando comienza esa lenta hibernación de todos estos papeles, abandonados en las estanterías de algunos cuarteles. Permanecen así hasta el fin de la dictadura franquista. En ese momento estos expedientes podían despertar de su largo letargo. Quizá ahora buscando en ellos otros nombres. Los de aquellas personas responsables, de una u otra manera, de que esos «malos», cuyos nombres encabezaban cada uno de los expedientes y cuyas fotografías componían esos álbumes donde se inscribían los rostros del mal, se hubieran visto sometidos a aquella situación que en muchos casos les costó la vida.

Por tanto, durante la transición de la dictadura a la democracia el valor de estos papeles se polariza. Si en su momento sirvieron para el objetivo señalado a lo largo de estas páginas ahora podían dar respuesta a todas las preguntas que los familiares de las víctimas se hicieron durante décadas y también poner nombre a los principales responsables de aquella situación. Sin embargo, la Ley de Amnistía de 1977 da respuesta a la posibilidad de que la reactivación de estos papeles pudiera resultar incómoda. De tal manera que deja clara la voluntad política de no querer saber lo que ocurrió en el pasado, junto a la ausencia de petición de responsabilidades por los actos realizados en esos momentos y, por otro lado, impone una medida que va más allá de esa premisa política: activa los mecanismos para que nadie se atreviera a preguntar qué había pasado antes de ese año 1977 y de la promulgación de esa ley.

De tal manera que estos expedientes que habían quedado ocultos, al tiempo que quedaban olvidados, se convierten en uno de los principales afectados por esa política archivística. El peligro que representaban estos documentos en un primer momento, y el olvido en el que se vieron inmersos después, hizo que estos archivos de la justicia militar quedaran, en ese proceso de olvido sobre el pasado, en una especie de «limbo jurídico» (González Quintana 2007: 715).

Esos fondos documentales, que se fueron originando desde los momentos iniciales de la dictadura y que se extendieron hasta su final, quedaron también durante la Transición y tras ella bajo la responsabilidad de los nuevos tribunales militares herederos directos de los tribunales establecidos incluso durante la guerra civil. Amparados en una Ley Orgánica de 1987 ¹⁵ , la responsabilidad sobre estos expedientes seguía correspondiendo a esos tribunales militares. Los papeles seguían custodiados en cuarteles y edificios militares, al tiempo que se mantenían en su letargo. Auspiciados quizá en la constatación de que la espera, el paso del tiempo, las pésimas condiciones en las que se encontraban la mayoría, la humedad y los hongos terminaran con el trabajo iniciado en la Transición. Para que, en consecuencia, ese olvido por ley ya no tuviera marcha atrás. Así, ante cualquier nuevo cambio de rumbo político que planteara una hipotética revisión de esos registros, estos ya hubieran desparecido. Con la decisión premeditada de que estos documentos no sufrieran ningún cambio, con la determinación de que siguieran en el sitio donde habían sido creados, se consiguió también que se convirtieran en inaccesibles ante cualquier petición por parte de investigadores o familiares.

A lo largo del texto he articulado algunas reflexiones en torno al poder de los archivos, en su categoría diferenciada de archivos del mal. A través de un ejemplo paradigmático, el Archivo General e Histórico de Defensa, se ha puesto la lupa en torno a la documentación que este archivo custodia desde su origen, pero también a los itinerarios de estos papeles hasta llegar a ese espacio en la actualidad.

Queda pendiente, sin embargo, una breve reflexión en torno a la atmosfera de esos primeros momentos desde el origen oficial de ese archivo, en noviembre de 2011. Para ello es necesario situarse en ese momento concreto en el que nace esta institución como ente independiente y el binomio entre lo que ocurría en su interior y su proyección exterior. En ese momento, desde el exterior podía dar la impresión de ser un ente vivo, un ser orgánico sujeto a movilizaciones constantes de mayor o menor calado y producidas con mayor o menor intensidad. Un organismo sujeto a una serie de factores múltiples que responden a contextos concretos, afectado por decisiones políticas o de otro tipo que parece que le fuerzan a actuar en un determinado sentido. Pero hay algo de él que es inamovible. Quizá esté sometido a una suerte de prolongación del contenido que guarda, una prolongación de esos papeles muertos que le transfiere la capacidad de ser un colosal gigante aletargado, que ha perdido casi cualquier capacidad de movimiento.

Da Silva Catela utilizó la expresión «territorios de memoria» para definir los procesos vinculados a la gestión archivística en relación con el trabajo de producción de conocimiento sobre la represión de un pasado traumático en contextos posdictatoriales. Utilizó esta expresión para referirse al proceso de traspaso a la esfera pública de dos importantes acervos documentales relacionados con la represión en el contexto brasileño: el archivo «Brasil: Nunca Mais (1964-1979)» y el archivo de la «Policía Política de Rio de Janeiro (1964-1983)» (Da Silva Catela 2002: 17). Con el término «territorios» da cuenta de que en realidad en ambos procesos se ha producido un espacio de conquista por parte del poder civil. Esa noción hace referencia al complejo proceso de articulación que en diferentes contextos se ha producido para que la sociedad civil acceda a cada acervo documental. Por lo tanto, conlleva la conformación de un tejido social con múltiples protagonistas hasta alcanzar el objetivo propuesto. En ese proceso se producen una serie de luchas que evocan a las propiedades metafóricas de un territorio en conquista (Da Silva Catela 2002: 22).

Esta expresión ha tenido un largo recorrido y ha sido utilizada para ahondar en procesos similares en otros entornos posdictatoriales donde estaba en juego la gestión de la huella documental de esos regímenes dictatoriales. Parece evidente que la misma expresión se puede utilizar para referirnos al proceso que derivó en la creación del Archivo General e Histórico de Defensa, su apertura y los momentos inmediatamente posteriores. En ese contexto diferentes agentes parecen litigar, disputar y legitimarse en torno a la posibilidad de acceso a determinada documentación. De esta manera algunos impulsos protagonizados por investigadores y también por familiares de las víctimas parece que han llegado a desplazar la frontera de ese territorio ganando espacio al archivo.

Pero en realidad está lejos de encuadrarse en esta descripción. Da Silva Catela parte de la conocida referencia de Nora (1984: 34) que atribuye a los archivos la categoría simbólica de lugares de memoria al señalar que incluso un lugar de aspecto puramente material como un archivo, es un lugar de memoria si la imaginación le otorga un aurea simbólica. Esta perspectiva queda más cerca de lo que en realidad fue este archivo en ese renacer, pues a pesar de que «no es solo un lugar físico, espacial, es también un lugar social» (Ricoeur 2003: 218-219) ha estado más ligado a la idea estática de lugar frente a la de territorio de conquista.

El archivo ha sido un territorio controlado por la institución creadora de la documentación que guarda, de esa manera su carácter militar lo ha convertido en una especie de fortaleza para salvaguardar el acervo documental que custodia. Para ello, en esos momentos de acceso inicial, puso en práctica una estrategia militar defensiva en forma de limitaciones a la consulta de ese material. Con ese plan logra controlar que cualquier escaramuza al interior del archivo pueda llevar a una conquista de la plaza y, por extensión, a una invasión de su territorio.

Queda para otro momento analizar los intentos de los actores de la sociedad civil que componen esa coyuntura social en torno al archivo por franquear sus defensas. Los puntuales accesos por parte de los investigadores o los propios familiares no dejaban de ser pequeñas escaramuzas que apenas lograban incidir en el control pleno por parte del sistema. Sin embargo, fueron la semilla de lo que podemos llamar en términos gramscianos, una «guerra de posición» (Gramsci 2007) que tiene como principal objetivo el acceso completo a la documentación que ese espacio guarda.