En las dos últimas décadas, la protección de las personas en riesgo se ha convertido en una cuestión global más visibilizada e instrumentalizada a raíz de acciones promovidas por agencias multilaterales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Esas políticas tienen como marco jurídico internacional la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos por las Naciones Unidas de 1998 y, en América Latina, diversas declaraciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de los años 2000 en delante.

Ese campo de discursos, normativas jurídicas y praxis políticas que señala la prioridad de la protección de la vida de defensoras y defensores de derechos humanos en riesgo de vida se asocia a la emergencia internacional de una economía moral vinculada a las víctimas y a una preocupación con el trauma como una de las consecuencias del sufrimiento social de la violencia y de eventos críticos (Fassin y Rechtman 2009; Fassin 2010). El estatus jurídico de defensoras y defensores también se vincula a la invención social de términos y categorías para referirse a los invisibilizados, que están fuera del radio de los territorios políticos centrales de la vida humana y de conceptos ya consolidados (Gatti 2017).

En el actual contexto de los conflictos y de las luchas por derechos territoriales y socioambientales en Brasil, la intensidad de la violencia y del asesinato de líderes y lideresas de comunidades, asociaciones locales, sindicatos, movimientos sociales y otras organizaciones hizo imprescindible la aplicación de políticas de protección. La urgencia en la aplicación de esas medidas cautelares es comúnmente asociada a la alta impunidad de los autores físicos y principalmente de los autores intelectuales de los delitos de amenazas de muerte, agresiones y asesinatos; además de otras acciones fraudulentas relacionadas a apropiaciones ilícitas de la tierra. Sin embargo, es necesario considerar que, además de las personas con un perfil de riesgo alto, la violencia en los conflictos territoriales se extiende y victimiza también a toda las redes sociales que componen las localidades en conflicto, ya sean pueblos indígenas, comunidades tradicionales, ocupaciones o asentamientos para la reforma agraria.

La investigación etnográfica que fundamenta esa reflexión fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 con trabajo de campo realizado en tres contextos en el estado de Amazonas, Brasil: participando del cotidiano de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización con la cual colaboré en su oficina local en Manaus; observando audiencias públicas, un juicio de un asesinato por el tribunal del jurado y el cotidiano de una agencia gubernamental mediadora de conflictos de tierra. El tercero contexto se refiere al trabajo de campo desarrollado en cinco asentamientos informales y en una comunidad ribereña en el estado de Amazonas, donde los ocupantes lidian con conflictos territoriales y con la permanente amenaza de expulsión forzada. Esas localidades están ubicadas en la zona peri-urbana de Manaus, capital del estado, y en dos pueblos limítrofes, Iranduba y Presidente Figueiredo. Las conclusiones están basadas en la investigación etnográfica composta por la compilación de testimonios, observación participante y análisis documental ¹ . En el contexto de referencia, he observado que los actos de violencia victimizan no sólo a las personas más visibilizadas por asumir un rol de liderazgo, sino también a todo el colectivo de residentes. Esa observación se asocia a la invisibilidad social y política de la faceta más cotidiana y ordinaria de la violencia de los eventos críticos (Das 2007). Igualmente, en el contexto de los conflictos territoriales el ordinario de la violencia cotidiana constituye a un componente estructural de la sociedad y formación histórica brasileña (Martins 1990, 1997; Velho 2000; Zaluar 1999). La potente naturalidad con la cual los hechos observados son presentados y debatidos entre la opinión pública, los medios, el ambiente académico, de organizaciones sociales y de agencias del Estado camina al lado de la injusticia histórica en Brasil tanto en lo que se refiere a la imputación y condenación de los autores intelectuales y materiales de los delitos (Carvalho Paiva 2016), como en la aplicación de medidas de protección y de reparación a las víctimas.

A principio, la investigación etnográfica estaba fijada en comprender únicamente la experiencia de los sujetos involucrados en conflictos territoriales que habían sido categorizados como personas amenazadas de muerte a raíz de los hechos victimizantes sufridos. Esa elección está asociada al locus inicial del trabajo de campo que constituyó la CPT, una organización que presta asesoría a comunidades tradicionales, sin tierras, trabajadoras y trabajadores rurales y asentados de reforma agraria. Anualmente publican un informe de alcance nacional con datos cuantitativos y análisis contextuales sobre los conflictos territoriales y los actos de violencia ocurridos, incluyendo una lista de las personas amenazadas de muerte, en la cual señalan el número de amenazas sufridas por cada una en aquel año. Algunas de las personas que ya habían figurado en estas listas en años anteriores se convirtieron en mis interlocutoras e interlocutores. También realicé entrevistas complementares con empleadas y empleados de la CPT de otros estados, necesarias para entender tanto el contexto de violencia amazónico, cuanto los dispositivos de protección estatales y las medidas cautelares necesarias para las personas en riesgo.

Desde el principio, lo que me pareció indispensable fue entender los significados atribuidos por los sujetos de la investigación para las categorías amenaza de muerte y violencia. A raíz de eso, el primero enfoque individualista se desdobló para un entendimiento de esos significados tal como son pensados y vividos por el colectivo formado por la comunidad o vecindario ubicado en la unidad territorial. Aunque ni todas las personas hubieran sido identificadas o se habían posicionado como amenazadas de muerte, su experiencia como afectados por la violencia física, simbólica, patrimonial y psicológica es fundamental para entender el uso de la violencia en esos contextos. Esa observación sobre esa condición me ha conducidoa la formulación de la noción de situación de amenaza de muerte como herramienta analítica.

Esa noción refleja una triple perspectiva analítica: jurídica, lingüística y psicosocial. La posibilidad de reflexionar sobre una experiencia de victimización y como esta suele ser invisibilizada abre las posibilidades de aspiración a la justicia que se alejan del individualismo del ordenamiento jurídico tanto en lo que se refiere a la aplicación del derecho penal, bien como de las directrices de derechos humanos, ambas presentes en el plan nacional por la vía legal y de los procedimientos administrativos estatales.

En el primero apartado que se siegue a esta introducción, propongo una definición para esa noción y presento una contextualización del campo empírico y del proceso metodológico. En seguida, presento el enfoque lingüístico sobre las categorías amenaza y violencia, lo que es complementado con una clasificación de los actos de amenaza y de los demás actos de violencia. Sigo con el enfoque psicosocial en la tercera parte de manera a señalar la relevancia de la comprensión de las afectaciones psicosociales de la violencia, la corporificación del sufrimiento y del trauma y las afectaciones a la salud.

En el cuarto apartado, realizo una breve presentación sobre el abordaje penal del crimen de amenaza y de intimidación y el contrapunto con los nuevos dispositivos con enfoque de derechos humanos para la protección de las personas defensoras en riesgo. También señalo como las estrategias de denuncia de la violencia y reivindicación para la permanencia de la tierra enfrentan obstáculos relacionados a los intereses económicos y los vicios de la justicia expresados en las colusiones entre empresarios y autoridades de los poderes ejecutivo y judiciario. Por fin, se concluye por la existencia de una disyunción entre los instrumentos legales y su aplicación en relación a la realidad vivida en el contexto estudiado, debido a una cultura jurídica que prioriza la individualización, al mismo tiempo en que poco enfoque es dado a las víctimas.

La noción se refiere a la experiencia de un colectivo afectado por una pluralidad de actos de violencia que tienen por finalidad instrumental provocar la inmovilización política de las víctimas y la victoria de los perpetradores en un conflicto. Las afectaciones económicas y a la salud física y psicosocial del colectivo de víctimas son fundamentales para la compreensión de como estos objetivos pueden ser logrados. Una de esas afectaciones, que constituye un rasgo esencial de la experiencia de un colectivo en situación de amenaza es la invasión del ordinario de la vida cotidiana por la constante presencia de la angustia asociada al acercamiento de la muerte demarcada por la posibilidad también constante de la ocurrencia un acto más de violencia.

Esa elaboración tiene como inspiración la noción de situación colonial propuesta por Georges Balandier (2014) como una herramienta analítica para la investigación de sociedades coloniales, de manera a considerarlas como totalidades que involucran de manera compleja los elementos económicos, sociológicos, históricos, administrativos y psicológicos; incluyendo los conflictos entre colonizadores y colonizados. De esta manera, Balandier propone que sean consideradas las estructuras sociales, la economía y la historia particular de un contexto colonial asociados a los comportamientos de adaptación, de resistencia y a las representaciones inauténticas e hipócritas sobre las sociedades colonizadas. Enfatiza principalmente que la situación colonial es el resultado del encuentro violento de dos sociedades debido a la expansión del capitalismo, sin que este pueda ser interpretado por fórmulas marxistas simplificadas, es decir, reducidas tan sólo a cuestiones económicas y de clase social.

En analogía, la situación de amenaza de muerte es considerada aquí como una herramienta analítica para el análisis contextual de una situación particular. Los factores relevantes no son enfocados de manera aislada, sino en conjunto: los actos de violencia, las afectaciones psicosociales, los modos de apropiación de la tierra y los conflictos en sus expresiones jurídica, política y administrativa. También cabe incorporar en el análisis los diferentes sujetos implicados. En el contexto etnográfico de referencia están involucrados tanto los colectivos y comunidades demandantes de la tierra que ocupan, las asesorías y las organizaciones sociales que les apoyan; los funcionarios de la administración pública y del poder judicial; y también los antagonistas directos, sean ellos empresarios o personas vinculadas a redes criminales y al narcotráfico.

Las situaciones de amenaza analizadas son decurrentes de conflictos que se establecen a raíz de la explotación económica asociados a la lógica de colonialismo interno, del capitalismo autoritario y de ocupación de la Amazonia por la expansión de frontera (Cardoso de Oliveira 1978; Velho 2009). Su ocurrencia también está fundamentada en otros factores como cuestiones legales, culturales e históricas correlacionadas tanto a las nociones de posesión y propiedad en disputa entre los distintos sujetos sociales, como a las disparidades de poder entre ellos.

En la percepción de las víctimas, los actos de violencia más recurrentes suelen ser clasificados como amenazas o intimidación. Ese aspecto será profundizado por medio del enfoque lingüístico, pero de momento podemos adelantar algunas conclusiones descriptivas en relación a la situación de amenaza de muerte: 1) se extiende más allá de los líderes y de las lideresas de los movimientos y organizaciones locales; 2) no se restringe a amenazas que utilizan lenguaje verbal y directa; ya que involucran el uso de diversas acciones y recursos simbólicos; 3) además del riesgo de asesinato, incluye otras expresiones de violencia física y simbólica contra la persona y contra los bienes y recursos privados y comunitarios; 4) conlleva al sufrimiento social y al dolor, además de múltiples afectaciones para la vida cotidiana de los agentes, su salud física y psicológica; 5) sus efectos puede repercutir en las movilizaciones colectivas.

El miedo es el hilo conductor para una comprensión de lo que constituye esta experiencia. Todas las interlocutoras, aunque de modo indirecto y sutil, revelaron temer la amenaza última que es la muerte, incluso de sus familiares, mismo de aquellos no involucrados a la movilización política. Temían, sin embargo, otras agresiones como la destrucción de sus casas, huertos y herramientas de trabajo; a sufrir agresiones, calumnias, la criminalización y detenciones arbitrarias. El desalojo con respaldo judicial y apoyo de las fuerzas de seguridad también constituya una amenaza siempre en el aire. Las mujeres temían la violación - una palabra que, así como muerte, casi nunca era pronunciada, en un silencio velado que al hacer uso de expresiones subtendidas señalaba la frontera del sufrimiento soportable y que puede ser enunciado (Das 1999).

La fuerza del miedo creado por la situación de amenaza de muerte tiene como objetivo callar el «discurso valiente», en la expresión de Judith Butler (2020). Inspirándose en la definición de parresía de Michel Foucault como la práctica del sujeto que, inmerso en coraje, dice la verdad y se expone a todos los riesgos, Butler propone una compreensión no centrada en la voz de los sujetos individuales, sino en las colectividades. Estas, aunque puedan no estar totalmente libertas del miedo, logran ejercer el discurso valiente en sus acciones de resistencia y de solidaridad a los demás colectivos, o sea, cuando se manifiestan y se atreven a reivindicar derechos contra la injusticia sistemática y la violencia.

En la experiencia de aquellos que vivencian una situación de amenaza, se hace presente la comprensión de que el riesgo de vida alcanza a una colectividad, pero también que los líderes, las lideresas y vocales sufren una persecución más ostensiva y sistemática, luego, un nivel de riesgo más alto. Son esas personas que se hacen valer de estrategias más específicas de protección aplicables a su cotidiano, o incluso pueden necesitar buscar salvaguardia en los programas públicos de protección. Sin embargo, vale señalar que la condición de víctima involucra a todo el colectivo de una localidad en conflicto, sean ellos participantes activos o no de las movilizaciones sociales.

Las localidades de referencia en la observación etnográfica son formadas por poco más de una centena de personas cada. Los asentamientos informales están basados en la ocupación directa de la tierra a través de relaciones de posesión. La regularización con la obtención de los títulos de propiedad por medio del reconocimiento de la usucapión o de otro instrumento similar aplicable en algunas políticas públicas de regularización masiva constituye una expectativa de eses ocupantes. Eses asentamientos se estructuran en lotes apropiados individualmente, con la posibilidad de alienación a través de la venta del derecho de uso y posesión de las benfeitorias ² de acuerdo con las normas del derecho consuetudinario. El objetivo de los ocupantes es lograr obtener una relación de propiedad legalmente establecida, sea para fijación de vivienda combinada o no con el trabajo rural, sea para la alienación por la venta.

Las comunidades ribereñas amazónicas son grupos sociales conformados por lazos de parentesco y vecindario que componen unidades territoriales establecidas a los márgenes de los ríos amazónicos. Constituyen agrupaciones formadas por algunas decenas de unidades familiares que se han originado por uno o dos núcleos familiares y que tienen como rasgos específicos un modo de vida y territorialidad mediados por la adaptación al ambiente con la realización de actividades de pesca, colecta de frutos, creación de animales y pequeña agricultura de sequero, realizada en las llanuras de inundación de los ríos con el plantío temporario de judías, verdura y yuca (Fraxe, Pereira y Witkoski 2011).

En esas comunidades, los comunes son un componente fundamental de su territorialidad. La lógica de usufructo territorial es diferenciada de los asentamientos, ya que está establecida por la combinación de formas de apropiación individual, en las áreas de las casas y los huertos, con los comunes relativos a los ríos, lagos y zonas de selva. Aunque puedan existir reivindicaciones por la titulación de los terrenos individuales, la orientación política de esas comunidades suele ser direccionada para la obtención de una seguridad jurídica sobre todo el territorio, lo que puede ser realizado por el otorgamiento de contratos de concesión de uso de las tierras públicas o por la demarcación de asentamientos de reforma agraria específicos que formalmente abarcan la territorialidad. Los asentamientos informales, al contrario, son ubicados en tierra firme, a los márgenes de carreteras y no en las llanuras de los ríos; son formados por ocupantes recientes y poseen una lógica privativa de tenencia de la tierra; se organizan políticamente a partir de las unidades territoriales, pero a diferencia de los ribereños no poseen los lazos de reciprocidad basados en el parentesco.

Tanto los asentamientos informales cuanto las comunidades ribereñas suelen ser afectados por la expansión de nuevos proyectos e intereses capitalistas sobre la Amazonia. Específicamente en la periferia de Manaus y sus alrededores esos proyectos están dirigidos a emprendimientos comerciales e industriales, a obras de infraestructura y para la especulación financiera. Están también vinculados a incentivos financieros como exención de impuestos y diversos actos de apoyo político-administrativo lo que incluye el cabildeo para la facilitación de trámites a determinados empresarios. Entre estos se incluye la grilagem ³ , un proceso de apropiación de terrenos a través del fraude documental y otros medios no legítimos de establecimiento de una relación de propiedad, incluso el uso de violencia. Las grilagens cuentan con el apoyo no oficial por las agencias gubernamentales, poderes judiciales y fuerzas de seguridad y es ubicua a los conflictos territoriales observados. Se puede considerar, por tanto, que los funcionarios, notarios y políticos que las operacionalizan también están involucrados en las situaciones de amenaza de muerte junto a los demás perpetradores de los actos de violencia: los empresarios y pretensos terratenientes, bien como los matones y sicarios contratados para actuar directamente en las localidades.

Vale considerar que, en el contexto etnográfico, la falsa relación de propiedad no es exclusividad de grandes empresarios. También es llevada a cabo por algunos ocupantes de los asentamientos informales que se han involucrado en el mercado informal de tierras y han pasado a ocupar una posición de autoridad y control de las asociaciones comunitarias otorgándose derechos de propiedad sobre la tierra, incluyendo la venta y el desalojo de los ocupantes.

La búsqueda de comprender la experiencia de las personas amenazadas de muerte por el prisma del sujeto individual ha sido mi posición inicial cuando empecé el trabajo de campo. Pronto esa opción resultó ser muy reducida y la construcción del objeto se amplió en el flujo de la relación de investigación (Bourdieu 2010). La exclusión del colectivo para la comprensión de la amenaza de muerte (sea el grupo familiar más cercano, o el colectivo formado por los ocupantes de la tierra en disputa) me pareció una limitación y un obstáculo para comprender los actos de violencia y sus efectos.

Así, el primero enfoque individual se ha desdoblado para un entendimiento de esos significados para el colectivo formado por el vecindario de la unidad territorial involucrado en el conflicto o disputa por derechos de posesión y propiedad. Para esto, me pareció indispensable entender la categorización de los sujetos de la investigación para los términos «amenaza de muerte» y «violencia». A lo largo del trabajo de campo, observé que, aunque ni todos hubieran sido identificados como personas amenazadas de muerte, su experiencia como afectados por la violencia física, simbólica, patrimonial y psicológica se convirtió en una faceta fundamental para entender los usos de la violencia por una de las partes del conflicto.

El cambio epistemológico se ha reflejado en las estrategias para la obtención de datos. Además de la observación durante mi colaboración en la CPT, en el principio me centré en la recolecta y análisis de los testimonios individuales de las interlocutoras que habían sido en algún momento listados como personas amenazadas de muerte. En seguida, la selección para las entrevistas y la atención en las conversas informales y espontáneas se fue ampliando, habiendo pasado a incluir los testimonios de otras personas del vecindario de las localidades afectadas.

Veena Das (2011) define por testimonio un acto de habla que se funda en la mediación entre la ruptura de las relaciones del mundo tal como era vivido y conocido antes del evento crítico asociado a la violencia, y la reintegración del sujeto delante del sufrimiento. En ese sentido, suele ser comprendido como más allá que un discurso o presentación de una narrativa en una entrevista: el acto de testimoniar es una elaboración subjetiva sobre la violencia sufrida.

La opción por la colecta de testimonios también se sostiene en el argumento de Mikail Bakhtin (2006) de que el pensamiento no es sólo individual, siempre refleja una actividad social. La enunciación, como una unidad básica de la lengua, existe sólo como una expresión de relaciones sociales. Eso tanto en referencia a la expresión interior de la enunciación, la actividad mental subjetiva; como en referencia a la exterior, o sea, en la interacción dialógica con el otro. Por lo tanto, es posible conocer la visión de mundo no sólo de uno individuo, pero de una colectividad, a través del análisis de las enunciaciones y de los contextos en que esas son objetivadas.

Como argumenta John Austin (1990), hablar es una acción. Así, tanto los testimonios de las personas interlocutoras cuanto las amenazas verbales que han sufrido son actos de habla, expresiones de agencia repletas de intencionalidad. En ese sentido, se inscriben como actos ilocucionarios, de acuerdo con el concepto también de Austin (1990), o sea, cargados de la intención o propósito del hablante. Los efectos de esos actos no son neutrales, ya que poseen también la fuerza perlocucionaria, o sea, capaces de afectar a las personas receptoras.

El énfasis analítico en los actos de habla es complementado por la expresión sobre la violencia sufrida que no es manifiesta a través de palabras. Es necesario considerar los silencios y las limitaciones cuanto a las posibilidades de expresión verbal sobre la violencia vivida. De acuerdo con Veena Das (1999), hay experiencias de violencia que se acercan de los límites de la vida y del sentido de experiencia humana. En ese sentido, el sufrimiento y el dolor pueden componerse de algo incomunicable, indecible, que se aleja de las posibilidades de expresión por el lenguaje ordinario. Así, los silenciamientos y los no-dichos presentes en los testimonios también son aquí considerados en las narrativas sobre los eventos críticos como representación del dolor y del sufrimiento. En el contexto del campo, observo que el silencio se asocia al miedo en exponerse y sufrir retaliaciones, pero también es particularmente considerable como un marco de la frontera límite de la posibilidad de la expresión verbal del dolor. El miedo y el silencio se reflejaban en las interacciones en el trabajo de campo y por esa razón las entrevistas estructuradas con uso de un grabador ni siempre eran el mejor abordaje. Las expresiones sobre las emociones y sentimientos emergían más espontáneamente en conversaciones informales, y eran apuntadas en conjunto a la observación de las expresiones faciales, el lenguaje corporal y las modulaciones y entonaciones de la voz.

El contexto del conflicto territorial en conjunción con la violencia constituye un evento crítico que se desarrolla en el ordinario de la vida a lo largo del tiempo (Das 1999, 2007), cuyo carácter dramático tiene en el miedo un signo catalizador de esa experiencia. Los actos de habla, sean ellos de amenaza o relacionados a otros actos de violencia incluyendo la simbólica practicada por las agencias estatales, asociados a los demás actos de violencia sufridos tienen la fuerza perlocucionaria de promover la percepción de vivir en un estado de permanente riesgo. Las emociones son parte de la experiencia vivida en una situación de amenaza y se quedan en un campo privado, socialmente invisible y silenciado. La experiencia de vivenciar este evento es algo que cambia el cotidiano y la vida ordinaria de las víctimas bien como sus proyectos de futuro.

Aunque los episodios de violencia no puedan ser entendidos de manera atomística, es necesario una clasificación descriptiva de los tipos de actos para comprender los matices que componen una situación de amenaza. Así, establezco una diferenciación entre los actos de violencia entre amenazas verbales, no verbales y otras estrategias de intimidación. Delante de la diversidad de variables dentro de lo que puede ser cualificado como amenaza, para una definición conceptual se propone la centralidad de la fuerza perlocucionaria de los actos sean ellos aislados o en conjunto.

Amenazas verbales son actos de habla, o sea, una acción que es ejecutada a través del pronunciamiento de un enunciado (Austin 1990). Hay interlocutores que han recibido amenazas directamente por matones, grileiros, empresarios y sicarios, policías o funcionarios a través de un enunciado verbal en el cual hay una explícita, clara y deliberada intención de provocar el mal o daño a la víctima, con énfasis, claro, a la intención de asesinarla.

En pocas, pero relevantes excepciones, en el léxico local la definición de «amenaza» se limita a una enunciación explícita de la intención de causar daño. Este entendimiento más directo y sencillo puede ocasionar equívocos en relación a la experiencia de las víctimas, ya que los actos de amenaza son más amplios, incluyendo amenazas verbales, no verbales y otras acciones de intimidación. Una de las consecuencias de esa perspectiva más restricta es que las denuncias a menudo se limitan a las amenazas verbales, probablemente por haber el entendimiento tanto entre el colectivo de víctimas como y funcionarios de las comisarías de policía de que esta sea la única interpretación para el delito de amenaza de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

Designo como amenazas verbales directas aquellas que son pronunciadas directamente por el agente de amenaza contra la víctima. Las amenazas verbales indirectas son aquellas en que el agente de amenaza utiliza una persona intermediaria, sea un familiar, una vecina o vecino, como medio para transmitir su intención de causar daño.

Una amenaza verbal directa, en el momento en el cual es enunciada, casi siempre está acompañada de gestos y actos simbólicos que refuerzan su sentido. La entonación y la modulación de la voz también son elaboradas por el agente de amenaza para atribuir a la performance de amenaza el efecto intencionado. Suelen haber amenazas verbales que se configuran como insinuaciones o inflexiones de duplo sentido, cuyo pleno entendimiento está asociado inevitablemente al contexto. Pueden ser enunciadas también a través de llamadas telefónicas o por medio de mensajes escritas a través de aplicaciones de redes sociales o cartas y billetes.

Las amenazas verbales indirectas suelen estar envueltas en una ambigüedad ya que son dichas como se fueran amonestaciones, avisos, consejos o recomendaciones, y no una «amenaza», o sea, con la fuerza ilocucionaria de causar daño. El sentido del «consejo» se asocia a un apelo a la compasión, a la preocupación y empatía de la persona intermediaria con la amenazada. Sean directas o indirectas, ambas tienen el efecto de catalizar miedo en el blanco de la amenaza y en la persona intermediaria.

Las amenazas no verbales son en general descriptas como intimidación. Son diferentes actos de violencia física, simbólica, patrimonial y psicológica que tienen la misma intencionalidad y fuerza perlocucionaria de las amenazas verbales para el logro de los objetivos de los agentes de amenaza. Los ejemplos más de ese tipo de amenaza se refieren a la presencia ostensiva y cotidiana de los sicarios armados con pistolas y fusiles circulando por el territorio; también durante interacciones cuando hacen gestos con la mano como si esa fuera una arma y utilizando un lenguaje corporal y entonación de voz que indican agresividad.

La violencia física adentra el ordinario del cotidiano por la posibilidad eminente de que un nuevo acto pueda ocurrir a cualquier momento: violencia física contra la persona (palizas, atentados a tiros, violaciones, uso de armas de electrochoque); contra los bienes (destrucción de las benfeitorias y recursos naturales); contra la libertad y la dignidad (criminalización, detenciones arbitrarias, obstrucción de acceso y libre tránsito, calumnias e injurias).

Los incendios y destrucción de casas, huertos, iglesias, sedes de asociaciones, herramientas, insumos y materiales de construcción son acciones frecuentes. Lo mismo en relación al hurto de documentos, en especial aquellos relacionados a la propiedad y ocupación de la tierra, los registros de las denuncias, peticiones de abogados y documentos procesuales. Uno de los daños más temidos es el desalojo forzado con uso de las fuerzas de seguridad. Es también intimidadora la presencia de la policía en cualquier momento, con o sin un mandato. Cuando el desalojo no es posible, es empleada la estrategia de presión para que los ocupantes vendan la posesión de los terrenos ocupados para los pretensos propietarios y los abandonen.

La difusión de rumores es una estrategia utilizada por los agentes de amenaza. Estos pueden ser amenazas verbales indirectas o informaciones falsas como la alegación de propiedad de un empresario o la posibilidad de un desalojo. Transmitidos de una persona a otra en las interacciones cotidianas, los rumores son compuestos por falas genéricas, cristalizadas y con encubrimiento de la autoría. Pulverizados y diseminados, aunque sin certeza de su veracidad, terminan por componer narrativas relevantes para fortalecer el miedo.

A los conflictos con empresarios y supuestos terratenientes se suman las investidas recientes de las organizaciones de narcotráfico para la obtención del control de los asentamientos informales. La junción entre el narcotráfico y el mercado informal de tierras es potencialmente más peligrosa ya que los actos de violencia son más indiscriminados, menos focalizados en los lideres y lideresas, sin cualquier freno legal y marcados por la brutalidad y el horror.

Así como el término amenaza tiene significados y usos limitados a un aspecto específico, la amenaza verbal directa, el significado local de violencia se aplica únicamente a las acciones de sometimiento del otro que se concentran en el cuerpo, lo que excluye la violencia psicológica y simbólica. En el léxico local, las amenazas verbales no son categorizadas como violencia, salvo cuando se hace el uso ostensivo de una arma blanca o de fuego, por ejemplo.

Por esta razón es que delante de la pregunta «¿Has sufrido violencia?» o «Has sido amenazado/a?», uno puede obtener falsos negativos como respuesta. Dicho de otra manera, una persona que haya sufrido amenazas verbales indirectas y amenazas no verbales puede contestar diciendo que nunca ha sido amenazada de muerte. Sin embargo, durante la interlocución en el trabajo de campo, probablemente delante de una escucha más atenta sobre las amenazas no verbales, sobre los diversos actos de violencia, incluso los más sutiles, algunas interlocutoras se conducían por nuevas reflexiones, indicando que se sentían bajo riesgo de muerte. Así me ha expresado una interlocutora cuando le pregunté si ella era una persona amenazada de muerte. Me ha contestado que no, pero que se «sentía amenazada». En seguida, después de una pausa pensativa me contó sobre algunos episodios en los cuales su casa fue cercada por matones y ella fue seguida a la noche mientras intentaba esconderse por las carreteras de tierra y los bosques de la localidad. Como nunca le habían dirigido amenazas verbales, consideraba que no podría decirse como persona amenazada de muerte y abrir una denuncia en esos términos.

Los usos y significados de las categorías amenaza y violencia por las interlocutoras reflejan los usos empleados en las comisarías de policía. Ya que estos son los primeros lugares a los que presentan una denuncia, existe el conocimiento de cuales actos pueden ser considerados válidos para ser encuadrados en tipologías penales, como es el caso de amenazas verbales directas. La enunciación de los términos y descripciones en sus testimonios cumple la expectativa que tienen sobre los usos de derecho en las comisarías y en otras interacciones con operadores del derecho, como en procuradurías, defensorías y ministerios públicos. Por tanto, aunque la persona no se afirme como amenazada de muerte o declare haber sufrido violencia, la fuerza perlocucionaria de los actos de la situación de amenaza es una condición para que se sepa que su vida está en peligro.

Enfermedades, sentimientos de angustia y miedo, dificultades para mantener la reproducción social y económica en la vida diaria familiar y laboral. Estos son efectos recurrentes con respecto a la experiencia en situaciones de amenaza. La plétora de aspectos emocionales, sociales, físicos y psicológicos suele ser sintetizada comúnmente como sufrimiento. Además de esta ser una categoría recurrente entre las interlocutoras para describir su vivencia, se asocia a una definición conceptual, interesante de pensar como una palabra de síntesis que representa el dolor vivido colectivamente.

El enfoque antropológico reflexiona sobre el sufrimiento social en sus expresiones subjetivas y personificadas en las condiciones históricas, sociales y económicas, alejándose de las apropiaciones en el campo de la psicología y la medicina. Esa es la perspectiva de Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret Lock (1997) que proponen un abordaje sociocultural, presentando cómo este inflige la construcción de la subjetividad a través de las formas de actuación de la violencia, promoviendo sentimientos de dolor, culpa, humillación, impotencia, vergüenza y miedo. Asimismo, al alterar las percepciones y la subjetividad de aquellos más directamente afectados por las enfermedades, el malestar y la aflicción, forma parte de la experiencia de sociabilidad, ya que la experiencia humana del sufrimiento se comparte entre la persona afectada y aquellos con quienes interactúa (Kleiman, 1988); y más ampliamente, a través de las imágenes públicas difundidas a través de los medios de comunicación que, al representarlo, contribuyen a la configuración de una economía política al respecto (Kleinman y Kleinman 1996).

Las implicaciones del sufrimiento social también se relacionan a la corporificación (Csordas 1990 y 1994), un paradigma que considera el cuerpo como una configuración que establece una relación con el mundo, difuminando los límites que separarían cuerpo y mente. De esa manera, el énfasis en la situación de amenaza de muerte como la presencia del sufrimiento y del miedo se expande para incluir otras expresiones de malestar que involucran el cuerpo como los problemas de salud, la opresión en el pecho, el malestar, la aflicción, la angustia, la hipertensión arterial, la depresión. También se incluye el agravamiento de enfermedades ya existentes como trastornos cardiovasculares, del sueño, endocrinos y metabólicos, adicción al tabaco o alcohol; e síntomas psicológicos como paranoia, disociación y fobias.

En una línea de pensamiento semejante a la idea de la sociabilidad vinculada al sufrimiento, Veena Das (2007) llama la atención sobre cómo la enfermedad y la cura se inscriben en una política moral sobre el dolor. Das defiende que el dolor también se siente en un cuerpo diferente al que se le ha infligido por la violencia. A través de la experiencia del dolor, las colectividades elaboran sus percepciones e imágenes étnicas, nacionales y de género. En el caso que estamos tratando aquí, podemos considerar que las situaciones de amenaza de muerte subsisten en basis al sufrimiento y el dolor como parte de la sociabilidad y de la experiencia compartida.

Ante esta posibilidad siempre cercana y real de la muerte, y de una muerte causada por violencia, existe una angustia generalizada por el riesgo que sufren los seres queridos y un sentimiento de culpa que padecen especialmente las líderesas, las líderesas y vocales, dado que los actos de violencia, incluyendo las amenazas directas y los asesinatos, también pueden afectar a sus familiares más cercanos. La culpa, así, se entrelaza al miedo y a la angustia delante de la posibilidad del sufrimiento infligido al otro. Ese sentimiento se sobresalía especialmente para dos interlocutoras que habían tenido familiares muy cercanos asesinados, pero también estaba presente en las hablas de otras personas cuando mencionaban el riesgo que sufrían sus familiares, lo que podría constituirse en una razón motivadora para el abandono de la localidad en conflicto y la lucha política.

Además de la corporificación, el trauma constituye otra categoría analítica que articula las esferas individual y colectiva en la experiencia del sufrimiento social. De acuerdo con Didier Fassin y Richard Reichtman (2009), más que la consecuencia de vivencias dolorosas, el lenguaje del trauma, exponiendo heridas y resistencias, se convierte en una expresión de lo intolerable, de la devastación provocada por un hecho violento.

Fassin y Reichtman (2009) concluyen que la perspectiva histórica y política sobre el trauma se aparta del discurso médico-psiquiátrico y de los binarismos entre daño físico y psicológico, individual y colectivo. El trauma está presente entre aquellos afectados indirectamente, sea porque comparten la experiencia subjetiva por la transmisión de la memoria colectiva entre generaciones, sea sincrónicamente a través del proceso de identificación del colectivo como una comunidad de víctimas. Tampoco puede ser ignorada la búsqueda de este colectivo de paz y tranquilidad: el anhelo por curarse y reordenar el mundo.

Para quienes han perdido a sus seres queridos, el trabajo del tiempo y el reordenamiento del mundo (Das 1999) están impregnados por el duelo. En este proceso, los sobrevivientes pueden estar atravesados por la persistencia de un sentimiento de culpa, relacionado a haber sobrevivido mientras elabora su testimonio sobre el asesinato de otros, sean familiares u otras personas del colectivo. El trabajo del duelo constituye una faceta del sufrimiento traumático, que implica la búsqueda de la justificación de sus acciones y del hecho de haber permanecido con vida, sobre las desgracias que ocasionaron la muerte violenta del otro. La culpa puede impulsar a sentimientos de autocastigo, responsabilidad, vergüenza y remordimiento por haber sobrevivido, coherente a la idea de que los sobrevivientes comparten la condición de víctima, la cual no se limita a los muertos (Fassin y Rechtman 2009).

Como ya mencionado, el miedo es una categoría central en el habla de las víctimas y constituye uno de los elementos más evidentes de la situación de amenaza. Analíticamente, se puede considerar que su difusión entre el colectivo constituye uno de los objetivos pretendidos por los agresores por su capacidad de promover la inmovilización política y menguar la resistencia, incluso en lo que se refiere al seguimiento de la vida ordinaria en el territorio en disputa.

Considerando el miedo como un proceso tanto psicológico como político, Elisabeth Lira y María Isabel Castillo (1991) proponen la noción de miedo crónico para señalar las reacciones emocionales y psicológicas en el contexto de la amenaza política y represión. Mientras el miedo constituye una reacción restringida a una amenaza, el miedo crónico, a su vez, implica una reacción permanente en la vida cotidiana y afecta a toda la colectividad que se encuentra bajo coacción. En campo, fue necesario establecer lazos de confianza, que han sido facilitados por mi colaboración con la CPT, bien como por la garantía que las interlocutoras no serían identificadas por su nombre u otras característica en el texto etnográfico. Igualmente, apenas utilizaba el grabador de voz y nunca saqué fotos de las personas.

A partir de una consideración freudiana de la ansiedad como conciencia existencial de la muerte, Lira y Castillo (1991) enfatizan que al miedo crónico se suman la angustia relacionada a la posibilidad siempre cercana de la muerte, por la cual se experimenta por un colapso del sistema de creencias responsable por la integración psíquica del sujeto. En el trabajo de campo, observé como los testimonios traían el punto común de que esa fragmentación psíquica asociada a la angustia era expresada por diversos síntomas de mal estar, a los cuales se añade el miedo al abandono, la sensación de desprotección y a la falta de confianza en la sociedad y en los demás.

En el ordenamiento jurídico brasileño, la amenaza está inscripta como delito contra la libertad individual y prevista en el Código Penal en los Artículos 146 y Artículo 147. En lo que se refiere a esta tipología criminal, se establece una diferencia entre los delitos de intimidación y de amenaza. Por el Art. 146, se entiende la intimidación como el tipo penal vinculado a la acción que cohíbe la víctima a través de la violencia u otro medio de manera a obligarla a practicar una acción ilegal, o impedirla de actuar de acuerdo con ley. Constituye un delito cualificado cuando es cometido por tres o más personas y la coerción es sostenida por el uso de armas.

El Art. 147 define el crimen de amenaza como el acto de prometer causar un mal o daño injusto y grave a la víctima. Esta intención puede ser declarada por medio verbal, a través de palabras dichas, escritas; bien como puede ser manifestada por medio simbólico, o sea, por gestos, acciones u otras señales. La amenaza es considerada un delito, sin que sea necesario poner en cuestión la intencionalidad subjetiva del autor. Esta tipificación legal es cotidianamente utilizada por los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en las comisarías de policía cuando las víctimas registran una denuncia por amenaza verbal.

Vale considerar que registrar la denuncia es un acto de resistencia en la percepción de las víctimas. Estas suelen ser realizadas y registradas en la comisaria de la Policía Civil ubicada en la misma jurisdicción territorial en la cual se ocurrió el delito. Cada denuncia es registrada en un documento, llamado boletim de ocorrência, o simplemente, el BO. Estos documentos tienen especial relevancia ya que son considerados por las personas denunciantes como una comprobación de los hechos victimizantes, lo que conlleva a una expectativa que sean debidamente integrados y considerados para las decisiones judiciales también en los procesos civiles de disputa por la tierra.

Debido a las posibles colusiones entre policía y empresarios, la acción de registrar un BO puede requerir una dosis de coraje. Por esto, hay personas que se eximen de denunciar, ya que temen sufrir represalias. Contribuye para esa posibilidad la poca utilidad inmediata y directa de estos registros, ya que no es raro que una sola persona llegue a registrar unos veinte o más BOs; considerando-se el colectivo de una localidad, puede haber decenas de registros durante los años que llevan los conflictos. Sin embargo, esos documentos son considerados relevantes ni que sea por su capacidad de constituir un referente cuantitativo del grado de riesgo sufrido y señalar la omisión del Estado en protegerlos. Así que en diferentes espacios de negociación los denunciantes enfatizan em sus discursos públicos el número de BOs registrados por cada individuo y por la colectividad; esa información también suele ser reflejada por los medios en notas periodísticas.

En el abordaje basado en el derecho penal, tal como operacionalizado por las agencias de Seguridad Pública, los procedimientos tras las denuncias constituyen en investigar los hechos delictivos con vistas a la imputación y condenación de los autores criminales. En el abordaje con enfoque de derechos humanos se defiende la necesidad de un análisis contextual de los conflictos territoriales, proporcionando la protección de la vida de todo el colectivo. Siendo esta una necesidad inmediata, no puede estar pendiente de las resoluciones en los procesos penales y judiciales.

Las primeras acciones gubernamentales en Brasil para la protección de las personas defensoras han sido tomadas a partir de la formación de un grupo de trabajo en 2004 (Carvalho, Souza y Mendonça 2016). Tres años después fue instituida la Política Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos ⁴ , durante el segundo mandato del gobierno de Lula da Silva. Tras el golpe de Estado de 2016 con la tomada de poder por el hasta entonces vicepresidente Michel Temer, fue lanzado el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH) ⁵ . Las redefiniciones propuestas por ese programa han involucrado la eliminación de la posibilidad de participación de representantes de las organizaciones de la sociedad civil en su coordinación nacional, entre las cuales estaba la CPT. El cuerpo de la coordinación restó constituido solamente por representantes de instituciones públicas como las secretarias nacionales de Derechos Humanos y de Seguridad Pública, con posibilidad de inclusión de un representante del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Si la política de protección desde su principio recibía críticas por su poca efectividad, asociada a la baja destinación de fondos y contratación de personal (Freitas 2013 y 2017; Carvalho, Souza y Mendonça 2016), con los profundos cambios políticos posteriores, el giro al conservadorismo político y la subsecuente intensificación de la ultraderecha representada por la elección presidencial de Jair Bolsonaro en 2018, la Política de protección ha sido totalmente desarticulada. Señalo que el trabajo de campo en que se basan las conclusiones de este artículo fue realizado entre 2016 a 2018, justo cuando empezaba su descomposición ⁶ . Como tantas otras personas, el único interlocutor que había estado incluido en el Programa fue retirado, bajo la alegación que él no estaba más em riesgo, aunque eso no fuera verdad.

Considerando los objetivos de la Política de Protección a Defensoras y Defensores instaurada en 2007, se nota una discrepancia con relación a la aplicabilidad de dicha política. El trabajo de campo ha posibilitado notar una gran invisibilidad vivenciada por una plétora de sujetos que en su vida cotidiana están expuestos a violaciones de derechos humanos sin poder acceder a cualquier acción pública para su protección.

Es necesario considerar los requisitos aplicados para la posibilidad de ser incluido en el Programa de protección, a partir del os criterios en aquel momento. El primero es la gravedad del riesgo de la vida. La persecución sufrida debía estar motivada por la retaliación a las reivindicaciones de un grupo por los derechos humanos. Finalmente, la persona a proteger debía ser reconocida como líder, por su grupo, y residir en la localidad donde ocurre en conflicto. Al no cumplir con alguno de estos aspectos, algunos interlocutores habían buscado apoyo en el PROVITA, un programa destinado a proteger a víctimas y testigos de acciones criminales en general, sin vinculación con la defensa de los derechos humanos. La propuesta que les fue presentada constituyó en el desplazamiento a otros estados federales, escolta y vigilancia policial, las cuales han sido denegadas por los solicitantes, ya sea porque prefirieron permanecer en el lugar o porque buscaron otros medios de desplazamiento con recursos propios. Además, considerando que en los dos casos había la participación de policías sea como agresores directos o como perpetradores vinculados a la situación de amenaza, la protección policial no conferiría seguridad de hecho.

Los requisitos del Programa de protección son limitados. Entre las interlocutoras, ni todas son lideresas o están expuestas a un nivel de riesgo que pueda ser considerado alto. Algunas se ven obligadas a desplazarse, aunque temporalmente, del local de conflicto, pero tampoco no dejan de necesitar apoyo. La escolta policial es a menudo considerada un fator de riesgo debido a poca o ninguna confianza general en la policía, incluso porque hay una recurrencia de participación de policías en la autoría de amenazas y otros actos de violencia.

Principalmente se considera que hay un alejamiento con relación a las aspiraciones por justicia, ya que los perpetradores suelen seguir en impunidad, mientras las víctimas están cerceadas en su libertad cotidiana, sea por estrategias de restricción de movilidad, instalación de cámaras de seguridad alrededor de sus hogares; restricciones en el uso de redes sociales, o por la propia escolta policial, si hubiera sido el caso. Las medidas de acompañamiento remoto telefónico por los técnicos del Programa y el contacto telefónico de alerta en caso de algún riesgo inminente eran consideradas poco eficaces. Por lo tanto, en general, persiste un distanciamiento en cuanto a las posibilidades de ser atendido por el Programa de Protección y dudas sobre cuáles serían las ventajas de esta inscripción. Por fin, también vale considerar que la protección es brindada de manera individual y otras medidas de reparación o protección para el colectivo conformado en la situación de amenaza no son consideradas.

Ante la imposibilidad de obtener protección según el enfoque de derechos humanos, las expectativas de las interlocutoras se orientan hacia la resolución de los conflictos judicializados y la condena de los agresores por la justicia penal. Para esto utilizan de estrategias que van desde las denuncias en las comisarías y departamentos de inspección, los ministerios públicos y defensorías del pueblo. También se valen del dialogo directo con las agencias administrativas, o por medio de relaciones clientelistas con políticos.

Cada uno de los registros en los BOs puede en algunos casos contener la mención al contexto del conflicto y demás actos de violencia a través de la reproducción escrita del testimonio de la víctima. A pesar de que en esos registros pueda haber una remisión a hechos pasados e incluso a la persistencia cotidiana y a lo largo del tiempo, ese primer nivel de denuncia se limita a la tipificación penal relacionada al episodio aislado.

Las narrativas sobre el contexto del conflicto y sobre la situación de amenaza de muerte también están presentes en sus hablas cuando se manifiestan en las audiencias judiciales, extrajudiciales y en reuniones de negociación en las agencias administrativas del Estado. Sin embargo, suele haber un intencional abismo en la incomprensión entre los oyentes sobre la totalidad de la experiencia vivida en la situación de amenaza. Los procesos civiles relacionados al litigio por la tierra siguen de manera independiente a los procesos penales y a las investigaciones policiales. Las denuncias de los actos de violencia son incluidas en los procesos civiles únicamente de manera a obliterar las reivindicaciones a la usucapión, que tiene como requisito la posesión pacífica dentro de un marco temporal.

Este no es el mismo abordaje en las fiscalías como el Ministerio Público Federal, los Ministerios Públicos y Procuradurías estaduales, ya que ahí los conflictos territoriales pueden encontrar hueco para que sean entendidos en la complejidad contextual de los hechos. Hay fiscalías especializadas en los conflictos territoriales y socioambientales, y en la investigación a partir de la recepción de denuncias por ocupantes informales, pero principalmente por pueblos indígenas, comunidades tradicionales, asentados por la reforma agraria y habitantes de las diversas modalidades de unidades de conservación ambiental. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado del Amazonas es una de las agencias implicadas en la recepción de denuncias y en la presión por acciones investigativas en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado.

En el contexto etnográfico, los ocupantes de los asentamientos informales no se sentían motivados a buscar las fiscalías o la referida Comisión de DH, muchas veces por desconocimiento de su rol o por creer que los procesos judiciales en curso serían lo suficiente para el enfrentamiento del conflicto, a pesar dos sucesivos reveses que las decisiones de los jueces representaban. Además, he observado una baja acogida o motivación personal de las y los fiscales y procuradores en relación a esas demandas provenientes de asentamientos informales de los alrededores de Manaus. Interpreto que esa posición a razones tanto morales, cuanto políticas. La nebulosidad del perfil de los asentamientos informales hace con que sea difícil distinguir los ocupantes que están intencionados por la necesidad de vivienda y trabajo y aquellos cuyo objetivo es la mercantilización de la tierra. Además, como demandantes individuales de terrenos con la finalidad última de establecer la propiedad privada formal, no se constituyen en sujetos colectivos de derecho vinculados al reconocimiento de identidades colectivas y de territorialidades marcadas por el uso común de los recursos ambientales con preocupación hacia su preservación, que suelen ser demandas valoradas por los funcionarios comprometidos con la justicia social.

Con relación a las estrategias relacionadas a los procesos civiles de litigio por la tierra, un recurso utilizado es la negociación con los funcionarios de las agencias estatales de gestión de la tenencia de tierra y ordenamiento territorial: el INCRA y la SPF ⁷ . En esto se movían con facilidad, ya que conocían las caras que están delante de cada agencia y departamento y a quien podrían fiar y a quien no. Sin embargo, esas búsquedas ni siempre resultaban fructíferas. Hubo un caso en que la coordinación del INCRA declaró la propiedad pública de un terreno, enviando dos declaraciones formales que han sido añadidas a los documentos procesuales; pero cerca de un año después emitió otra declaración informando que el mismo terreno sería una propiedad perteneciente a la empresa demandante, sin ninguna descripción comprobatoria en detalle. Mientras hay funcionarios que mantienen intereses personales en colusiones con los empresarios demandantes, hay aquellos que tienen miedo de ser el blanco de amenazas, muchos han sufrido acoso laboral o han sido reubicados obligatoriamente para otros pueblos por no haber ocultado información y documentación pública para los ocupantes de los terrenos.

La negociación a través del establecimiento de relaciones clientelistas con políticos también es una estrategia que empleaban en paralelo a todas las demás. En algunos casos, lograban que un político, candidato sea a alcalde, concejal o deputado, prometiese apoyo al proceso judicial o para realizar algún trámite administrativo a través de su influencia personal. Esas negociaciones ocurren de acuerdo con la lógica del clientelismo y patronato, elementos pilares de la estructura política brasileña ⁸ . En cambio, el colectivo ofrece lo que único que tiene disponible: la promesa de entregar sus votos en la siguiente campaña electoral.

En las negociaciones con las agencias públicas o con políticos por el apoyo clientelista, se manifiesta la promesa de apoyo electoral al candidato, mientras ese promete apoyo a la resolución del conflicto territorial y sus respectivos procesos civiles como un beneficio para toda la comunidad. Sin embargo, en relación a la violencia, aunque la experiencia colectiva de las victimas suele estar incorporada en el habla de las y los representantes en las interacciones con las diferentes autoridades públicas, no ocurría la debida repercusión para una posibilidad de justicia más allá de la individualización de los delitos y de las víctimas.

La noción de situación de amenaza fue elaborada a partir de un trabajo de campo conducido en diferentes localidades, pero ubicadas en el mismo contexto regional y compartiendo similitudes estructurales. Estas se refieren a la interrelación entre los conflictos territoriales, el perfil socioeconómico de los ocupantes, los actos de violencia sufridos y las estrategias de resistencia. La situación de amenaza de muerte se comprende por una aprensión del contexto, incluyendo los modos de ocupación territorial, los intereses económicos, los poderes judiciales, las relaciones de poder y la experiencia de ser afectado por la violencia.

Esta es una noción pensada como un instrumento analítico elaborado en la confluencia de tres enfoques. Por el enfoque lingüístico, las categorías «amenaza» y «violencia» son escudriñadas para una comprensión sobre los usos de esos términos en las enunciaciones de los sujetos al describir su experiencia, en yuxtaposición a los demás hechos observados en el trabajo de campo. De esa manera, se observa que los significados locales de esas categorías no necesariamente reflejan un pretenso sentido común universal, lo que hace necesaria una mejor traducción por parte de los operadores legales para aproximarse a la experiencia vivida.

El enfoque psicosocial permite entender tanto las afectaciones emocionales, psicológicas y a la salud física, de manera individual y colectiva, cuanto el sufrimiento social, el trauma y el dolor como componentes de la sociabilidad y de la experiencia compartida. Por una mirada psicosocial y lingüística se comprende que el núcleo de la situación de amenaza está en la fuerza perlocucionaria (Austin 1990), o sea las afectaciones producidas por los diversos actos de violencia en el colectivo de víctimas.

Considerando esos dos primeros enfoques y los diversos actos de violencia física, simbólica e institucional vinculados a una situación de amenaza, por el abordaje jurídico se señalan las limitaciones en los usos del derecho penal y la necesidad de un enfoque de derechos humanos que no esté fundamentado tan sólo en la protección del individuo, sino dirigido a todo el colectivo impactado. La dimensión colectiva también se expresa como un discurso valiente (Butler 2020) en las acciones de resistencia y solidaridad. Sin embargo, las políticas públicas, además de ser insuficientes en cuanto a la protección de los sujetos individuales, son inexistentes cuando se trata de proteger al colectivo y solucionar los problemas causantes de la situación de amenaza.

La reversión de esa problemática se representa por la aspiración a la justicia, entendida en la cultura jurídica local como la condena de los autores materiales y, principalmente, de los intelectuales en los procesos penales, además de decisiones judiciales favorables a la manutención de la posesión de los terrenos por los ocupantes. Esa aspiración muy pocas veces se concretiza, marcando así la faceta más destructiva de los conflictos, cuando las victimas están atrapadas entre la violencia, la impunidad y la imposibilidad de defensa con todos los bloqueos en el acceso a la justicia.

Un punto clave para entender esas posibilidades no satisfechas de justicia se refiere a la disyunción entre las normas jurídicas y las acciones asumidas por las agencias públicas pertinentes en oposición a la realidad vivida por el colectivo de víctimas. A lo largo de los años que tardan los procesos civiles y penales, los colectivos victimados son dejados al margen de medidas de protección y amparo.

La necesidad de protección de la vida de personas en riesgo más alto es una prioridad, pero a eso se suma la necesidad de también considerar todo el colectivo que sufre la situación de amenaza de muerte en todos sus efectos psicosociales, económicos, de desmovilización política y en el riesgo de agresión y asesinato. Los vínculos entre individual y colecto se refuerzan en el sentido que asesinar a un líder o lideresa representa un mensaje cuya fuerza perlocucionaria puede alcanzar toda la comunidad más cercana y a los demás colectivos que enfrentan luchas sociales.

En un contexto conflictivo donde la impunidad convive con los nexos entre el patrimonialismo y la expansión territorial capitalista, visibilizar las afectaciones de la situación de amenaza sobre los colectivos, comprendiendo fuerza perlocucionaria de los actos de violencia para poder reverter el sufrimiento social es una necesidad para que se abra un nuevo campo de posibilidades de justicia y reparación.