Desde las últimas décadas del siglo XX, hemos asistido al aumento de relaciones asimétricas que el capitalismo global propicia entre países más industrializados (receptores de migrantes) y países en desarrollo (emisores de migrantes). Incidiendo en los desplazamientos de población, estas relaciones también explican que un número cada vez mayor de mujeres de estos últimos se vean abocadas a mantener a sus hijos en contextos trasnacionales mientras se incorporan al mercado laboral del cuidado de niños/niñas, mayores y dependientes en los primeros (Colen 1995; Hochschild 2000; Lutz 2008; Sánchez Molina 2015). La intensificación y el mantenimiento de familias transnacionales y del ejercicio de la maternidad transnacional, como así se han denominado a estos respectivos fenómenos en las ciencias sociales (Hondegnau-Sotelo y Avila 1997; Salazar-Parreña 2001; 2010), contrasta con el aumento de personas de países más industrializados que cruzan fronteras nacionales para tener a sus hijos/as -ya sea a través de la adopción internacional, Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) o gestación subrogada o por sustitución ¹ , en aquellos países donde ésta se permite (Marre y Bestard 2004; Igareda 2020a; Rotabi et al. 2017; Schurr 2018).

La formación y reproducción de la familia más allá de fronteras nacionales origina, por lo tanto, movimientos transfronterizos de cuidadoras, madres/padres intencionales y gestantes, entre otros agentes, que, como consecuencia de distintas legislaciones nacionales, genera, mantiene o intensifica relaciones desiguales de género, clase, orígenes étnicos y nacionales, dejando al descubierto, además de aspectos políticos y económicos, otros de carácter ético y cultural (Isaksen, Devi y Hochschild 2008; Whittaker y Speier 2010; Salazar-Parreñas, Thai y Silvey 2016). De estos procesos hay que destacar el interés que en la antropología, así como en el resto de disciplinas afines, ha tenido la gestación subrogada desde la década de los noventa (Ragoné 1994; Roberts 1998) y, particularmente, en la última década (Smietana, Rudrappa y Weis 2021). Éste se ha centrado, por un lado, en las motivaciones, posicionamientos y disposiciones de los distintos agentes sociales implicados en estos procesos, y por otro, en las consecuencias que su práctica genera en países que la prohíben, admiten o no la regulan ² . Al tiempo que este fenómeno ha ido aumentando a nivel global, en España se han ido sucediendo encendidos debates públicos en la última década (Álvarez, Olavarría y Parisi 2017). Partiendo del hecho de que la legislación española solo reconoce como madre a la mujer gestante, estos se han ido centrando, desde una perspectiva legal o jurídica, en argumentos e interpretaciones judiciales en torno a las mujeres que subrogan como «verdaderas madres», y, por lo tanto, «madres legales» (Brunel et al. 2013; Álvarez, Rivas y Jociles 2016). Y, por otro lado, en resoluciones basadas en convenciones internacionales en las que se subrayan como principio rector «el mejor interés del niño» (Igareda 2020b; Rotabi et al. 2017). Desde una perspectiva de género, distintos movimientos sociales se oponen a su legislación destacando, frente a quienes la defienden basándose en la «libertad reproductiva» (Marco Molina 2013), que su práctica incide en la «mercantilización del cuerpo de la mujer» (Alkorta 2020). Frente a esta posición dominante, no solo en España sino en otros países de la Unión Europea (Courduriès 2018 y König 2018), los grupos que piden su regularización la reivindican como un derecho reproductivo de aquellas personas que no pueden gestar (Álvarez, Rivas y Jociles 2016; Pérez Navarro 2018).

De ahí la necesidad de contextualizar la reproducción transnacional de la familia dentro de las actuales dinámicas de la globalización (capitalismo global), analizándola desde la economía política o moral (Inhorn y Birenbaum-Carmeli 2008; Ong 2010; Whittaker 2014), para así superar epistemologías de carácter nacionalista (Wimmer y Glick-Schiller 2002; Llopis Goig 2007). Y desde esta aproximación, analizar este fenómeno en la intersección de lo global con lo local/nacional para así comprender el alcance de estos procesos y sus consecuencias socioculturales (Whittaker, Inhorn y Shenfield 2019; Constable 2009). A partir de investigaciones etnográficas llevadas a cabo en España centradas en familias no-heterosexuales ³ , en este artículo se describen y analizan algunos de estos procesos desde una perspectiva transnacional y de género ⁴ . Al tiempo que se destaca que, emergiendo y desarrollándose bajo condiciones estructurales cambiantes en un mundo asimétricamente globalizado (Inhorn y Birenbaum-Carmeli 2008; Parks 2010; Bharadwaj 2012; Mitra et al. 2018), en estos procesos deben tenerse en cuenta, además de políticas nacionales/internacionales y economía moral, otros aspectos relacionados con sexualidad, etnicidad, clase, ciudadanía y legitimidad.

Las familias no-heterosexuales surgen como un grupo social distintivo en España, sobre todo, a partir de que el matrimonio igualitario se aprobara hace más de diecisiete años (Pichardo 2009); legislación que entonces fue pionera con respecto a las de los pocos países que reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo, al incluir el derecho de éstas a la adopción ⁵ . Y que, como apuntan Pichardo, Stéfano y Martín Chiappes (2015: 188), si bien no dejan de mantener, reproducir y adaptarse culturalmente a modelos de familias heteroparentales anteriores (Riggs y Dempsey 2015), están contribuyendo a transformaciones sociales local/nacional y global de la familia y el parentesco (Dempsey 2013; Courduriès 2018; Scherman, Misca y Xing Tan 2020). Con todo, y a pesar de estos cambios legislativos (Sáez 2011; Platero 2007; Lorenzo Villaverde 2015), como ocurre en otros países donde se permite la maternidad/paternidad a personas y parejas no-heterosexuales, éstas tienen que enfrentarse a actitudes y procesos de exclusión social (homofóbicos/transfóbicos) una vez que deciden ser madres/padres e inician sus trámites para convertirse en tales (Lewin 1993; 2009; Weston 1997[1991] ; König 2018; Leibetseder 2018). Puesto que el bajo índice de natalidad en España, entre otros factores, como políticas de protección de la infancia, hace muy difícil la adopción doméstica o nacional (Álvarez, Rivas y Jociles 2016; Marre, San Román y Guerra 2018), cuando deciden adoptar a sus hijas/os en el extranjero no solo tienen que considerar la legislación nacional, que en el caso español se lo permiten, sino las restricciones específicas que con respecto a género e identidad sexual se establecen en los países en los que se proponen adoptar (Volkman 2005; Imaz 2017). Y si bien en la última década ha ido aumentando el número de países que reconocen el matrimonio igualitario, incluyendo el derecho a la adopción, hasta muy recientemente eran pocos los que permitían adoptar niños/as a personas solteras y parejas no-heterosexuales ⁶ .

En cualquiera de los casos, como destacaban distintos estudios llevados a cabo previamente en Estados Unidos (Berkowitz y Marsiglio 2007; Bernstein y Reimann 2001) o Países Bajos (Bos et al. 2004), las personas solteras y parejas no-heterosexuales requieren de mucho más recursos y tiempo que las heterosexuales para poder acceder a la maternidad o paternidad. Más aún, si se tiene en cuenta que la mayoría tiene que enfrentarse, como primer paso, a procesos de aceptación y reafirmación personal, familiar y social de su identidad sexual (Weston 1997 [1991]; Mallon 2004). Como ha sido el caso de la mayoría de mis informantes que no solo revelaron su orientación sexual a sus familiares cuando decidieron vivir con sus parejas, o incluso cuando tener a sus hijas/os (entre los 30 y 40 años), sino que algunos relatan procesos de coming out o «salida del armario», difíciles. Como el caso de una ingeniera que, después de mantener una relación de más de dos décadas con su pareja, decide informar a su familia «de clase media alta y católica muy conservadora» de esta larga relación cuando estaban esperando su primer hijo. La reacción de su madre y de uno de sus hermanos fue no solo de rechazo, sino que una vez que nació su hijo ninguno de los dos mostraron disposición para conocerlo.

Estos y otros factores que favorecen, limitan o prohíben la conformación de sus familias hace que, en el caso de España, mientras mujeres lesbianas -tanto solteras como casadas- deciden tener a sus hijas/os recurriendo a la Fecundación In Vitro (FIV), como así lo permite la legislación española sobre reproducción asistida ⁷ o la adopción doméstica o internacional, haciéndose pasar en éste último caso como mujeres solteras heterosexuales (Dorow y Swiffen 2009), y pocos hombres gays -ya sean solteros o en parejas- lo hagan a través de las escasas opciones que ofrece la acogida doméstica o nacional de niñas/os, con la posibilidad de poder adoptarlos posteriormente. O bien, a través de gestación subrogada comercial o altruista en países donde ésta se permita, particularmente, en Estados Unidos (Smietana 2016; Álvarez, Rivas y Jociles 2016; Marre, San Román y Guerra 2018).

Si bien no se dispone de cifras oficiales, se estima que en España, uno de los países con mayor recepción de niñas/os adoptados en la primera década del siglo XXI (Marre 2011), el recurso a la gestación subrogada en el extranjero ha superado en los últimos años al de las adopciones internacionales, que, por otra parte, ha ido descendiendo significativamente (Marre, San Román y Guerra 2018). No obstante, el acceso de personas y parejas no-heterosexuales a la gestación subrogada en otros países es limitada ⁸ . Solo dos países permiten en la actualidad el acceso a la gestación subrogada (comercial o altruista) a personas extranjeras al margen de su identidad sexual: Estados Unidos, donde algunos estados permiten la gestación subrogada comercial o altruista, y Canadá, donde ésta es solo altruista ⁹ . Junto a otros países de la Unión Europea, encabezados por Francia y Alemania, España destaca como uno de los países desde donde más personas se desplazan a Estados Unidos para tener sus hijas/os a través de gestación subrogada (Levin et al. 2017). No obstante, se estima que solo una quinta parte de éstas (en torno al 20 por ciento), se identifican como personas solteras o parejas gays (ver Marre, San Román y Guerra 2018).

Como apuntan los datos obtenidos en esta investigación, una vez que personas solteras y parejas no-heterosexuales deciden tener sus hijas/os a través de la adopción, doméstica/nacional o internacional, o de reproducción asistida (FIV), en el caso de las mujeres, no solo tienen que esperar a una larga lista para poder tener sus hijas/os, sino que podrían requerir de la certificación de un profesional que avale sus aptitudes para ser madres. Como puede ser un test psicológico, requerido por algunas clínicas privadas, sobre todo a mujeres solteras, antes de iniciar el tratamiento (Jociles y Rivas 2009), o como el caso de una profesora de arte casada de 39 años, la certificación de un psiquiatra para poder iniciar el proceso de FIV:

Entre mis informantes, las parejas del mismo sexo formadas por mujeres, así como solteras, han tenido sus hijos principalmente a través de la FIV, la adopción internacional y solo una pareja en la nacional. Mientras que dos de las parejas de hombres recurrieron a la adopción nacional y cinco a la gestación subrogada en Estados Unidos. En este último caso, la mayoría coincide en señalar que se decidieron por esta opción debido a que la mayoría de países específicamente prohíben la adopción a personas solteras y parejas no-heterosexuales. En edades comprendidas entre los 35 y 45 años, todas ellas poseen formación universitaria y, considerándose que pertenecen a clase media, trabajan como profesionales liberales en sectores públicos o privados.

Las limitaciones y dificultades que la mayoría han afrontado para poder adoptar en España, a pesar de que, como se ha señalado previamente, la actual legislación lo permite, ha hecho que, después de muchos años de espera y de incertidumbres, la mayoría decidieran cruzar fronteras nacionales para tener a sus hijas/os transnacionalmente -ya sea a través de la adopción internacional, sobre todo en el caso de las mujeres, o a través de la gestación subrogada en el caso de los hombres.

Después de once años viviendo juntos, una pareja de varones de 48 y 50 años respectivamente, se casan cuando el matrimonio igualitario fue aprobado en España en el mes de junio de 2005. Deciden entonces acoger en su hogar a su hijo, que tenía cinco años, y a quien pudieron adoptar seis años más tarde. De acuerdo con uno de ellos, una vez que decidieron ser padres, y antes de acoger a su hijo, sintieron la necesidad de «socializarse con otras familias homoparentales». De ahí que, antes de decidirse por acogimiento nacional, comenzaran el proceso contactando con una asociación que se había establecido en Madrid en 2005. Miembros de esta asociación, que haciéndose pasar como solteras/os habían adoptados a sus hijas/os en el extranjero, les informaron que los ciudadanos españoles estaban teniendo problemas para adoptar en el otros países desde que se aprobó el matrimonio igualitario, aconsejándoles que se decidieran por el acogimiento nacional.

Cambios legislativos en China y Rusia, por ejemplo, específicamente prohíben a parejas del mismo sexo adoptar, limitándolo o prohibiéndolo en el caso de mujeres y/u hombres solteros (Volkman 2005). Mientras que en el caso de Rusia esta prohibición se hace explícita en sus convenios bilaterales con España, y específicamente en 2012, prohibiéndose la adopción de menores a parejas del mismo sexo de países donde su matrimonio ha sido aprobado (Montero 2014), la legislación China hasta finales de las década de los noventa, favorecía la adopción a parejas heterosexuales y personas solteras mayores de 35 años, posibilitando que, a pesar que se prohibía explícitamente a personas no-heterosexuales, gays y lesbianas de otros países, adoptaran individualmente sin declarar su identidad sexual. Hasta tal punto que durante la década de los noventas, las adopciones por parte de mujeres solteras en China se situó entre el 25 al 35 por ciento del total de las adopciones internacionales. Sin embargo, los cambios que se dieron a partir de la Adoption Law of the Peoples Republic of China de 1998, no solo reduce la edad de los padres a los 30 años (Johnson 2002; 2005), sino que limitan considerablemente las adopciones a personas solteras y prohíben oficialmente las adopciones a gays y lesbianas ¹⁰ .

Para las parejas no-heterosexuales de esta investigación, la nueva legislación no solo les había permitido la posibilidad de contraer matrimonio, sino de darles, según destacan varias parejas, un cierto sentido de reconocimiento social a su larga relación (Schecter et al. 2008). Hasta el punto que en las historias de vida recogidas se reiteran experiencias vividas de «salidas del armario» a familiares más cercanos una vez que se aprobó el matrimonio igualitario y decidieron casarse. Al tiempo que también expresan cómo la llegada de sus hijas/os favoreció un mayor acercamiento a sus propias familias (Gartrell et al. 1999; Bergman et al. 2010; Dempsey 2015). Con la excepción del caso anteriormente expuesto, el de la informante cuya madre y hermano rechazaron a su hijo, el resto manifiesta no solo la estrecha relación y la ayuda que de ellos reciben con la crianza de sus hijas/os, sino que -como expresaba otra informante- fue su hija la que propició que sus abuelos también «salieran del armario»:

En cualquiera de los casos, en sus narrativas de convertirse en madres o padres mediante la acogida/adopción nacional o internacional, la mayoría destaca los distintos obstáculos que tuvieron que sortear, destacando como uno de los mayores, la obtención del «certificado de idoneidad» que la legislación española requiere para adoptar. Antes de recibir este certificado, los/as aspirantes a adoptar tienen que pasar una serie de entrevistas con un psicólogo/a y un trabajador/a social encargados de realizar el informe psico-social que les acredite para recibir dicha idoneidad (Marre y Bestard 2004; Jociles et al. 2010). Según sus propias experiencias, factores como la edad, posibilidades económicas, estatus social como solteras/os y, sobre todo, la orientación sexual explican, entre otros, que haya sido para la mayoría difícil de obtenerlo (ver Smietana 2016). A este respecto, coinciden en destacar como una de las experiencias más desagrables las entrevistas con los psicólogas/os y trabajadoras/es sociales. Según una economista, que consiguió el certificado de idoneidad cuando tenía 30 años, no solo le hicieron «sentir culpable» durante las entrevistas, sobre todo después de expresar sus motivos para adoptar, sino «muy incómoda» cuando le hacían preguntas que consideraba que «invadían mi intimidad». Después de diez años de espera para adoptar en España, esta informante adoptó a su hija con seis años en Nepal; uno de los países emisores más solicitados en España durante la primera década del siglo XX (ver Jociles y Rivas 2009). También expresa su incomodidad durante las entrevistas con una trabajadora social otra informante oftalmóloga que con 42 adoptó, junto a su mujer médico de 34 años, a un niño español de tres meses con «características especiales»:

De acuerdo con Signe Howell (2004: 200), los representantes de las administraciones públicas -ya sean psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales u otros agentes públicos- tienden a ver la adopción como una experiencia problemática y potencialmente perturbadora para los adoptados, aunque se haya demostrado que la mayoría de ellos se adaptan bien a sus nuevos entornos gracias a los esfuerzos de sus madres/padres para emparentarlos (Dempsey 2015; Scherman, Misca y Xing Tan 2020). A pesar de ello, las personas que se deciden a adoptar suelen enfrentarse a largos y complicados procesos antes de poder conseguir los requisitos que las distintas legislaciones establecen para adoptar (Howell 2009). Estos generan tensiones como resultado de ideologías nacionales dominantes sobre la familia, entre estructuras de poder y madres/padres intencionales y asociaciones en defensa de la adopción, particularmente entre no-heterosexuales (Marre y Bestard 2004).

Una psicóloga y su pareja ingeniera tuvieron a sus mellizos después de diez años viviendo juntas a través de FIV, cuando ambas tenías 38 y 39 años respectivamente. Antes de decidirse por esta opción, se plantearon la adopción internacional, ya que conocían parejas que habían adoptado en el extranjero haciéndose pasar por heterosexuales. Según ella, seguir esta estrategia hubiera supuesto «meternos otra vez en el armario, asumir la adopción una de las dos en solitario y esconder a la otra»:

Debido al incremento de las adopciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial (Selman 2010; Yngvesson 2002; Kim 2007), Naciones Unidas impulsa en 1986 tratados internacionales con la finalidad de regular los derechos de los menores adoptados. Y en 1993 se ratifica el Convención de Hague o Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, firmado, entre otros sesenta y seis estados, por España. Al proteger y preservar los derechos fundamentales de la infancia, con estas convenciones se pretende impedir las adopciones mediante prácticas refractarias (sustracción, venta o tráfico de menores) a través de la cooperación entre países (Fuentes Peláez 2004). Después de su ratificación, la adopción internacional se intensificó hasta alcanzar sus cifras más altas a mediados de la primera década del presente siglo, situándose España como uno de los mayores países receptores de niños y niñas adoptados. Como destacan distintos estudios (Selman 2012; Marre, San Román y Guerra 2018; Marre y Bestard 2004), durante este periodo se cuadriplicó su número, siendo China el país de origen de la cuarta parte, seguidos de Rusia y Colombia.

Con todo, y como distintos estudios corroboran (Volkman 2003; 2005; Kim 2007; Howell y Marre 2006; Scherman, Misca y Xing Tan 2020), las legislaciones nacionales sobre la adopción en la mayoría de los países -ya sean emisores o receptores- enfatizan valores culturales heteronormativos sobre la familia y el parentesco, considerando que el único tipo de familia que garantiza el «mejor interés del menor» es la nuclear heterosexual ¹¹ . Y de ahí que, como se ha destacado previamente, las adopciones internacionales se presenten sumamente difíciles para aquellas personas que identificándose como gays, lesbianas o transexuales quieran recurrir a ella para tener a sus hijas/os. Aquellas personas que en esta investigación adoptaron a sus hijas/os en el extranjero, coinciden en definir sus experiencias como procesos largos y complejos llenos de obstáculos, con procedimientos burocráticos inacabables, reiterando los años que tuvieron que esperar hasta llegar a adoptar a sus hijas/os.

Además de las experiencias anteriormente referidas, los procesos vividos para la obtención de certificado de idoneidad y los años de espera para adoptar en España, se añaden otras vicisitudes con las que pueden enfrentarse cuando deciden adoptar en otros países. Más aún, si estos procesos se inician en contextos de guerra civil, como los que se dieron en Nepal entre 1996 y 2006, y en una sociedad cuyas instituciones familiares están fuertemente arraigadas en culturas de carácter patriarcal/patrilineal. Y en medio de reiteradas denuncias nacionales e internacionales de irregularidades en los procesos de adopción que se estaban llevado a cabo (Breuning 2013). Este fue el caso de una abogada sindicalista de 41 años que, después de haber realizado su primer viaje a Katmandú para conocer a su hija, a la que adoptó con 6 años en 2008, tuvo que esperar alrededor de un año y medio para poder proseguir con su proceso de adopción. Éste se inició en 2006, el mismo año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre el Partido Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-M) y el régimen monárquico nepalí (Upreti, Upreti y Ghale 2020). Durante el periodo que duró el conflicto armado, aumentó de manera significativa el número de adopciones internacionales, sobre todo de niñas a Estados Unidos, Canadá y España (ver Marre 2011). Hasta entonces, estas adopciones se solían llevar a cabo a través de la mediación de los muchos orfanatos que durante ese periodo se fueron estableciendo en el país y en los que se fueron descubriendo procedimientos irregulares, cuando no fraudulentos. Entre estos, la utilización de falsificación de documentos en adopciones internacionales de niñas y niños sin que sus familias hubiesen dado un consentimiento expreso (Marre y San Román 2012, Jociles y Rivas 2009). De ahí que el nuevo gobierno de transición, formado tras los acuerdos de paz, tomara la decisión, como una de sus primeras medidas, de cerrar el programa de adopciones internacionales hasta que se aclarasen estas irregularidades y se promulgaran procedimientos más transparentes. Cuando este programa volvió abrirse en 2008, se retomaron los 440 expedientes de adopción internacional que -según Manuel Planelles (2007)-se habían paralizados, correspondiendo 180 de ellos a españolas/es ¹² .

Éstas y otras circunstancias en torno a las adopciones de ciudadanas españolas de origen nepalí, así como sobre las consecuencias personales y familiares que éstas tuvieron a un lado y otro de las fronteras, son descritas y analizadas con detalle por la antropóloga Chandra Kala Clemente Martínez (2021) en Volver a los orígenes; investigación etnográfica que llevó a cabo con algunas de estas adoptadas cuando eran niñas y sus familias tanto españolas como nepalíes. Además de mostrar vínculos y relaciones transnacionales que se fueron desarrollando a partir de los encuentros que algunas de ellas tuvieron con sus familias de origen en Nepal -como también ha sido el caso de las hijas de algunas de mis informantes-, señala cómo en estos procesos se refleja, a partir de relaciones asimétricas entre países emisores y receptores, la estratificación social de la reproducción de la familia.

Después de haber estado viviendo juntos trece años, un funcionario de 38 años y su pareja, ingeniero de 43, tuvieron a su hijo hace ocho años mediante gestación subrogada en California (Estados Unidos). De acuerdo con el primero, la pareja contemplaba «formar una familia y tener hijos» a través del acogimiento nacional. Mientras se decidían por esta opción, leyeron un artículo de prensa firmado por los periodistas Emilio de Benito y Lidia Garrido (2010) en el que se informaba sobre los problemas que un matrimonio gay tuvo para registrarse como padres de sus gemelos nacidos mediante gestación subrogada en California. Cuando los niños nacieron, sus padres fueron a inscribirlo al consulado español de Los Ángeles, acogiéndose a una resolución general que la Dirección General de los Registros y del Notariado había dictado en 2009, basándose en el principio del «interés superior del menor» ¹³ . Sin embargo, en el consulado se negaron al no aparecer en la documentación el nombre de una madre, instándoles a que lo registrasen con el nombre de un solo padre y que, una vez en España, el otro iniciara el proceso de adopción. Acogiéndose a la resolución anteriormente señalada, si bien de regreso a España pudieron registrarlos como hijos de ambos, la Fiscalía del Registro lo recurrió al considerar que no se ajustaba a derecho. Y la decisión sobre la filiación de los hijos quedó entonces en manos de un juez. Así y todo, la lectura de este artículo hizo -según este informante- que tanto él como su pareja descubrieran la gestación subrogada transnacional como posibilidad para tener a hijos, y que, un año más tarde, iniciaran el proceso en Madrid a través de una agencia californiana.

Otra pareja, formada por un economista de 39 años y su esposo administrador de 41, se desplazó en un primer momento a Nueva Delhi con la intención de iniciar un proceso de gestación subrogada en India, del que desistieron, entre otras razones, debido a un cambio de legislación que prohibía su acceso a personas solteras y parejas no-heterosexuales. La gestación subrogada comercial había sido aprobada por la Corte Suprema de India en 2008, convirtiéndose, después de Estados Unidos, en el segundo destino de subrogación transnacional ¹⁴ . Entre otros aspectos, debido a que el proceso de gestación resultaba menos costoso, las clínicas ofrecían a padres y madres intencionales extranjeros opciones prohibidas o muy reguladas en otros destinos y que las gestantes recibían menor remuneración económica que, por ejemplo, las de Estados Unidos ¹⁵ . A este respecto, etnografías como la de Amrita Pande (2014) o Sharmila Rudrappa (2015) dejan al descubierto las desigualdades producidas por los flujos transnacionales de madres y padres intencionales que, ante la falta de regulación en India, se desplazaban hasta allí sin considerar las condiciones a las que estas mujeres tenían que enfrentarse ¹⁶ . De ahí que observen en estos procesos un reflejo de las estructuras dominantes del mercado global en la gestación subrogada en el caso de India (ver también Bharadwaj 2012; Vora 2013; Dasgupta y Dasgupta 2014). Como se ha destacado previamente, en un primer momento, el Gobierno de la India prohibió su acceso a no-heterosexuales en 2013 (Dempsey 2015; Rudrappa 2015; Deomampo 2013), aunque cuatro años más tarde, con la Surrogacy (Regulation) Bill, esta prohibición se extendió a todas las personas extranjeras, regularizando la gestación subrogada altruista solo para parejas infértiles del país (Smietana, Rudrappa y Weis 2021). Estas circunstancias, entre otras, hicieron que esta pareja decidiera tener a su hijo en Carolina del Norte (Estados Unidos).

Además de las dos parejas anteriormente mencionadas, otras tres tuvieron a sus hijas/os en Estados Unidos. Mientras una de ellas, ambos profesores de profesión, residían en Estados Unidos tuvieron a su hija de diez años y a sus otros dos hijos, de siete y cinco años respectivamente, a través de gestación subrogada tradicional o parcial de carácter altruista, con una amiga afroamericana de la pareja, en el estado de Minnesota ¹⁷ . Excepto esta última, después de firmar sus respectivos contratos a través de la mediación de agencias en España, el resto de las parejas eligieron a las donantes de óvulo y gestantes a través de Internet, viajando solo a Estados Unidos para establecer contactos y firmar acuerdos legales con las gestantes y/o para asistir al nacimiento de sus hijas/os. Según un informante, tanto los padres intencionales como las gestantes se «eligen mutuamente», aunque son las gestantes las que finalmente deciden después de acceder a sus perfiles en Internet, mientras que a la donante de óvulos las seleccionan ellos tras acceder a sus perfiles y entrevistarse con ellas por Internet (Berend 2016). Si bien la gestante del hijo de este informante no hablaba español, su suegra, originaria de un país centroamericano, no solo actúo como su principal intérprete desde el inicio del proceso, sino que los hospedó en su casa en Estados Unidos cuando su hijo iba a nacer. A través de su mediación, la comunicación con ella no solo fue frecuente, mediante llamadas de teléfono y videoconferencias, sino que según expresa uno de ellos, llegaron a establecer una estrecha relación de amistad con ella y todos los miembros de su familia, además de su suegra, su esposo e hijos, que se mantenía años después del nacimiento de su hijo. Como en este caso, todos relatan este tipo de relación, destacando de las gestantes, mujeres euroamericanas de clase media entre 25 y 35 años casadas con hijos que trabajan como militar, oficinista o maestra, su generosa disposición y atención hacia ellos (empatía y altruismo) durante todo el proceso (Jacobson 2016; Álvarez, Rivas y Jociles 2016; 2019). Al tiempo que les agradecen haberles permitido vivir la que consideran como experiencia más importantes de sus vidas con afirmaciones como que «nunca podremos pagarle lo que ha hecho por nosotros». En contraste con las donantes (ver Blake et al. 2017), varios estudios destacan que las agencias estadounidenses, a diferencias de otros destinos, son las que motivan e incitan los continuos contactos que, como en el caso de estos informantes, mantienen los padres intencionales con las gestantes desde el principio. Estudios sobre ciudadanos gays españoles, italianos o australianos, en cuyos países de residencia rigen diferentes legislaciones y niveles de reconocimientos sobre las familias formadas por personas del mismo sexo, y que han accedido a la gestación subrogada en Estados Unidos (Smietana 2016; Carone, Baiocco y Lingiarfi 2016; Dempsey 2013; Murphy 2015). Con respecto a sus narrativas sobre las relaciones mantenidas con las gestantes estadounidenses, Marcine Smietana (2017: 5-6) identifica dos tipos: por una parte, la que subraya, como estos informantes españoles, una relación afectiva con las gestantes, basada en el don y la reciprocidad; y por otra, una narrativa económica que subraya la agencia de las gestantes y la igualdad entre las partes. Con estas narrativas, en cualquiera de los casos, según el autor, lo que se pretende enfatizar es el carácter altruista de la gestación subrogada frente al de la mercantilización.

A pesar de los altos costos económicos que supone llevar a cabo los complicados procesos de gestación subrogada en Estados Unidos, al que estas parejas apuntan como una de sus mayores dificultades ¹⁸ , coinciden en destacar que, entre otros factores, fue la seguridad que la legislación sobre la gestación subrogada les proporcionaba en los estados donde tuvieron a sus hijas/os (California, Carolina del Norte, Georgia y Minnesota) lo que les llevó a decidirse llevar adelante este proceso. En estos estados, no solo se permite el acceso a la gestación subrogada a personas de cualquier nacionalidad, género, orientación sexual y estatus social, sino que se reconocen derechos legales parentales una vez que las gestantes renuncian a los mismos antes del nacimiento (Smietana 2016; Álvarez, Rivas y Jociles 2016; Marre, San Román y Guerra 2018). A diferencia de otros destinos, en Estados Unidos no existe una legislación federal que regule la gestación subrogada, sino que es competencia de cada estado decidirlo (Teman y Berend 2020). De ahí que haya estados que permitan la gestación subrogada comercial y/o altruista, otros que sin una regulación la permitan, estados como Indiana y Arizona con estrictas restricciones o, como Luisiana, Nebraska y Michigan, que la prohíban. En el Distrito de Columbia y en el estado de Nueva York, donde hasta recientemente estaba prohibida ha sido regulada, en el 2017 y 2020 respectivamente, permitiendo su acceso a ciudadanos y/o residentes casados y solteros, incluidos no-heterosexuales ¹⁹ .

Como se ha mencionado anteriormente, la legislación española sobre reproducción asistida (Ley 14/2006) no reconoce la gestación subrogada o por sustitución. Y puesto que, de acuerdo con la misma, la filiación la determina el nacimiento (mater Semper certa est), solo se reconoce como madre a la mujer que da a luz, dejando sin validez o nulo cualquier contrato legal que pudiera establecerse al respecto, con o sin remuneración económica, entre las partes ²⁰ . Con todo, el aumento de niños/as nacidos a través de gestación subrogada en otros países, así como las reivindicaciones protagonizadas por asociaciones y, sobre todo padres gays a quienes, como en el caso de la pareja del artículo anteriormente mencionado (Benito y Garrido 2010), hizo que la Directora General de Registro y Notarías dictara la Instrucción del 5 de octubre de 2010 autorizando el registro de ambos padres. Basándose en el principio de «plena protección jurídica el interés superior del menor», así como en «la protección de las mujeres que se prestan a dicha técnica de reproducción, renunciando a sus derechos como madres» (BOE 2010, Núm. 243, Sec I. Pág. 84803), esta previsión posibilita la inscripción de los/as hijos/as en consulados españoles en el extranjero y en el Registro Civil. Para ello, uno de los progenitores tiene que tener la nacionalidad española y acreditar, mediante una resolución judicial del país de nacimiento, que la filiación de sus hijas/os ha sido dictada, siguiendo los procedimientos exigidos en España, por un Tribunal competente garantizado los derechos de menores y gestantes. Con esta certificación debe verificarse, por lo tanto, que el consentimiento de la «madre gestante» se ha obtenido «de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o violencia y que tiene capacidad natural suficiente» (BOE 2010, Núm. 243, Sec I. Pág. 84805). En esta misma dirección se pronunciaría en 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos presentados en Francia por dos parejas gays a quienes denegaron registrar a sus hijos nacidos por gestación subrogada también en Estados Unidos (ver casos Mennesson (65192/11) y Labasse (65941/11). De acuerdo con la sentencia, impedir la filiación de los menores va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos al no garantizar su salud, concluyendo que cuando un país europeo deniega la ciudadanía a estos menores deja sus derechos jurídicamente desprotegidos (Ergas 2015).

Con todo, y como ocurre en otros países europeos (Courduriès 2018; König 2018; Leibetseder 2018; Stuvøy 2018), el debate sobre la gestación subrogada en España se mantiene, como se ha destacado al principio, con posiciones encontradas en torno a discusiones centradas en el derecho a la libertad reproductiva, su comercialización y explotación de la mujer (Marco Molina 2013; Álvarez, Rivas y Jociles 2016; De Miguel 2016; Frati et al. 2021). Frente a las posiciones que piden su regularización reivindicando el «derecho reproductivo de las familias que no pueden gestar sus hijos», como proponen algunas asociaciones ²¹ , se encuentran distintos movimientos sociales, particularmente feministas, que consideran que su regularización propiciaría su comercialización y, por lo tanto, la «mercantilización del cuerpo de la mujer» (Álvarez, Olavarría y Parisi 2017; Pérez Navarro 2018). Un debate que, por otra parte, no es ajeno entre las propias familias homoparentales, como es el caso de unos informantes, padres por adopción, que comenzaron «a tomar conciencia de la necesidad de una regulación» de la gestación subrogada a partir de las dificultades que hace años tenían otros padres para poder registrar a sus hijos:

O el de una informante que tuvo a sus hijos a través de FIV, quien afirmaba que, como en el caso anterior, mantuvo desencuentros con otras madres lesbianas que consideraban que la gestación subrogada no respetaba «los derechos de las mujeres». Tras destacar que ella necesitó de un donante anónimo para tener a sus hijos, se posicionaba a favor de las parejas gays que recurren a la gestación subrogada: «Yo no lo conocía, porque no era algo que estaba en mi realidad […] Vamos a ver, mi estilo de familia y de maternidad ha sido cuestionada por la mitad del mundo, entonces yo no me siento legitimada para cuestionarla».

Cuando este debate entró en la agenda política, algunos movimientos feministas mostraron públicamente su oposición, a través de manifiestos como el publicado en 2015 «No Somos Vasijas» ²² , y la gestación subrogada se convirtió en un tema candente al que todos los partidos políticos hicieron frente tomando una posición. En la actualidad, todos los partidos con representación en el Congreso han mostrado su oposición a su regulación, con la excepción de un partido liberal en la actualidad minoritario que, sin contar con el suficiente apoyo parlamentario, introdujo en 2017 una propuesta legislativa de gestación altruista (Igareda 2020b).

La expansión comercial de la gestación subrogada transnacional, teniendo a Estados Unidos como principal destino de población gay de otros países, y hasta hace unos años India, ha centrado el interés de investigaciones de carácter etnográfico, entre otros aspectos, en las relaciones de las gestantes con los padres/madres intencionales. Y mientras en el caso de las relaciones de las gestantes estadounidenses, en sus narrativas se reitera altruismo y empatía, (Álvarez, Rivas, Jociles 2019), valorándose por ambas partes la gestación subrogada como un acto de reciprocidad en su sentido más antropológico del don maussiano (Smietiana 2016), en el de las gestantes indias, como se ha señalado previamente, se destaca, entre otros aspectos, condiciones de exclusión social, riesgos de explotación de las gestantes y relaciones marginales, con respecto a las anteriores, con los padres intencionales extranjeros (Pande 2015). Estos segundos estudios son los que, según Riggs y Dampsey (2015), influyeron en los cambios legislativos que se llevaron a cabo en India, y también en Tailandia (Whittaker y Speier 2010), prohibiendo la gestación comercial a extranjeros. No obstante, según Rudrappa (2021), la prohibición de la gestación comercial en India no solo no ha liberado a las mujeres indias de la explotación en el mercado de la reproducción de la familia, así como en otros sectores laborales, sino que ha desplazado la industria de la gestación comercial a otros países donde no ésta no estaba regulada. Como fue en un primer momento Nepal hasta el terremoto de 2015, y a donde solían desplazarse gestantes indias después de que se prohibiera en India (ver también Pande 2015). A este respecto, Smitiana, Rudrappa y Weiss (2021: 2), que han llevado a cabo investigaciones etnográficas en Estados Unidos, India y Rusia respectivamente, países en los que las gestantes son o han sido remuneradas económicamente, destacan que los actores involucrados en la gestación subrogada interpretan y justifican de manera diferente su participación en estos procesos. De ahí que cualquier posibilidad de regulación de la gestación subrogada transnacional, que surge y se desarrolla en contextos de desigualdad global, requeriría tener en cuenta lo que los autores denominan «marcos morales locales».

Las relaciones asimétricas que generan las actuales dinámicas de la globalización entre países más industrializados y en desarrollo inciden en el aumento de la formación y reproducción de la familia más allá de fronteras nacionales. Entre otros fenómenos sociales, éstas originan movimientos transfronterizos de cuidadoras, gestantes y padres/madres intencionales que contribuyen al cambio en la formación y reproducción de la familia y del parentesco más allá de las fronteras nacionales -ya sea, como en los casos presentados entre madres y padres no-heterosexuales en España, a través de las adopciones internacionales o la gestación subrogada transnacional (Marre y Bestard 2006; Pande 2014; Deomampo 2012; Schurr 2018; Speier 2020).

Desde la década de los noventa, un número cada vez mayor de mujeres de países en desarrollos se ven abocadas a mantener a sus hijas/os en contextos trasnacionales mientras se incorporan en países más industrializados, como España, al mercado laboral del cuidado de familias formadas nacional o transnacionalmente por padres y madres heterosexuales o no-heterosexuales (Colen 1995; Hochschild 2000; Lutz 2008). La intensificación y el mantenimiento de «familias transnacionales» en España (Parella 2007), contrasta, no obstante, con el aumento de personas -en este caso no-heterosexuales- que deciden cruzar fronteras para tener a sus hijos/as (Marre, San Román y Guerra 2018). En cualquiera de los casos, su demanda deviene como consecuencia de condiciones estructurales que propician procesos de transnacionalización en la formación de la familia y que mantienen o intensifican relaciones desiguales basadas, entre otras, en la nacionalidad (ciudadanía), el género y/o la identidad sexual. De ahí que su incremento internacional provoque reacciones enfrentadas, tanto en sociedades emisoras como receptoras, que cuestionan condiciones sociales bajo las cuales estos procesos se llevan a cabo (Hochschild 2009; Salazar-Parreña 2010; Clemente Martínez 2021; Parks 2010; Ergas 2015).

A través de estos procesos podemos observar, no obstante, cómo surgen y se mantienen patrones estratificados en la formación y reproducción global y local/nacional de la familia (Colen 1995). Nos encontramos, por lo tanto, ante estructuras y dinámicas políticas, económicas y socioculturales que limitan o excluyen la formación y reproducción de la familia de unos grupos sociales frente a otros, favoreciendo su estratificación global/local (Smietana, Thompson y Twine 2018). Y como destacan Inhorn y Birenbaum-Carmeli (2008: 184), estos fenómenos, marcados por el género, la etnicidad, la clase, la identidad sexual y la nacionalidad, se encuentran «profundamente incrustados dentro de particulares mundos morales local». De ahí la necesidad de abordarlos, como sugieren antropólogas como Aihwa Ong (2010) o Andrea Whittaker (2014) desde una «ética situada», o, como propone la filósofa Jennifer A. Parks (2010: 334), siguiendo las ideas de Arlie R. Hochschild (2009), desde una «ética del cuidado» que tenga en cuenta contextos, condiciones estructurales y economía moral local (ver también Lafuente-Funes y Pérez Orozco 2020).