SOBRE LOS ITINERARIOS TESTIMONIALES: EL PROCESO HISTÓRICO DE CONSTRUCCIÓN DE UN EXGENDARME COMO TESTIGO DEL OPERATIVO INDEPENDENCIA (TUCUMÁN, ARGENTINA, 1975-‍1977)^‍‍[*]

INTRODUCCIÓN[Subir]

Este trabajo busca aportar al estudio en profundidad de las memorias sociales sobre el Operativo Independencia, una campaña militar desarrollada entre febrero de 1975 y diciembre de 1977 en Tucumán, una provincia ubicada al Noroeste de la República Argentina. Durante este Operativo, se puso en práctica por primera vez una política institucional de desaparición forzada de personas y funcionamiento de centros clandestinos de detención, que luego del inicio del gobierno de facto, el 24 de marzo de 1976, se extenderían al resto del país (Calveiro, Pilar. 1998. Poder y desaparición. Buenos Aires: Colihue. ‍Calveiro 1998).

El 5 de febrero de 1975 la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón había ordenado, a través de un decreto, que: el «Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán»^‍‍[2]. Esta acción militar representó la delimitación de una «zona de operaciones» en la llamada «lucha contra la subversión», que abarcó tanto la zona sur de la provincia como la ciudad capital, San Miguel de Tucumán. Se trataba de las zonas de mayor conflictividad sindical y política, en la que además, a principios de 1974, se había emplazado un grupo de guerrilla rural, la Compañía de Monte «Ramón Rosa Jiménez», del Partido Revolucionario de los Trabajadores ‒ Ejército Revolucionario del Pueblo (Carnovale, Vera. 2011. Los combatientes. Historia del PRT-ERP. Buenos Aires: Siglo XXI.‍Carnovale 2011).

Esta campaña militar supuso la movilización de miles de soldados, oficiales y suboficiales de todo el país y la subordinación al «comando operacional» del Ejército del resto de las Fuerzas de Seguridad. En esta primera etapa, al frente de las operaciones militares estuvo Adel Vilas, comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército argentino, con asiento en Tucumán y, luego de diciembre de 1976 y durante un año, lo reemplazó Antonio Domingo Bussi.

Entre 1975 y 1983 funcionaron al menos 60 centros clandestinos de detención y espacios de reclusión ilegal en la provincia de Tucumán. Uno de los más importantes fue «La Escuelita» de Famaillá, conocido por ser el primero que se inauguró en toda la Argentina en febrero de 1975. Una vez que fue desmantelado a inicios de la última dictadura argentina, el principal centro clandestino de detención fue emplazado en un galpón dentro del predio de la Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga», en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán. También, se destacaron los que funcionaron: en el Regimiento de Infantería 19; en la Escuela de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán; en las bases militares que funcionaban en dependencias de ingenios azucareros, como el de Santa Lucía y Fronterita; en la Jefatura de Policía de la Provincia de Tucumán y numerosas comisarías distribuidas en toda la provincia^‍‍[3].

Desde febrero de 1975 y durante el régimen de facto, las autoridades militares construyeron al monte tucumano como aquel espacio donde escenificaron una batalla decisiva en la llamada «lucha contra subversión» (véase Círculo Militar. 1976. El Ejército de hoy. Homenaje del Círculo Militar a los camaradas caídos en la Lucha contra la Subversión. Buenos Aires: Círculo Militar.‍Círculo Militar 1976; Poder Ejecutivo Provincia de Tucumán (PEN de Tucumán). 1980. Tucumán, cuna de la independencia, sepulcro de la subversión. San Miguel de Tucumán: PEN de Tucumán.‍PEN de Tucumán 1980). Pero, ¿por qué ese espacio relativamente periférico en la escena nacional fue erigido en centro de la estrategia represiva? En el «teatro de operaciones» del Operativo Independencia se hizo una puesta en escena de una guerra, apelando a valores nacionalistas que obviamente buscaban generar la adhesión social en relación con esta acción militar (Garaño, Santiago. 2012. Entre el cuartel y el monte. Soldados, militantes y militares durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977). Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires. ‍Garaño 2012). Esta escenificación se reveló como la escenografía más propicia para ocultar que, tras las bambalinas, se estaba desapareciendo a miles de tucumanos; allí se pudieron montar escenas de una represión «mostrable», mientras no lo era lo que sucedía en los centros clandestinos de detención.

En este artículo, abordaremos el proceso histórico de construcción como testigo de un exgendarme, Omar Eduardo Torres, quien entre 1976 y 1977 fue enviado en tres oportunidades a la zona de operaciones del Operativo Independencia^‍‍[4]. Partimos de considerar a Torres, en términos analíticos, un caso «anómalo», debido a que se trata de uno de los contados integrantes de una Fuerza de Seguridad que relató lo vivido en Tucumán, sistemáticamente y de manera continua desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad, tanto en instancias administrativas como judiciales. La mayoría de quienes han declarado en contextos posdictatoriales de este tipo han sido familiares de víctimas o «testigos-víctima», es decir, aquellas «personas que dan testimonio sobre delitos de lesa humanidad, y a su vez ellos mismos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos» (Vitar, Julia. 2012. No hubo guerra, hubo genocidio. Familiares de desaparecidos de Tucumán y la lucha contra la impunidad. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de San Martín.‍Vitar 2012: n. 92). Por su parte, el grueso del personal militar sostuvo un férreo «pacto de silencio»^‍‍[5] sobre los crímenes cometidos y no ha accedido a una de las demandas centrales de los organismos de derechos humanos: brindar información sobre el destino final de cada uno de los detenidos-desaparecidos.

Sobre las memorias de los oficiales y del personal de carrera del Ejército argentino, contamos con un campo de investigación más consolidado (ver, entre otrosVerbitsky, Horacio. 1995. El vuelo. Buenos Aires: Planeta.‍, Verbitsky 1995; Robben, Antonius. 2008. Pegar donde más duele. Violencia política y trauma social en Argentina. Barcelona: Anthropos Editorial.‍Robben 2008; Badaró, Máximo. 2009. Militares o ciudadanos. La formación de los oficiales del Ejército Argentino. Buenos Aires: Prometeo.‍Badaró 2009; Salvi, Valentina. 2012. De vencedores a víctimas. Memorias castrenses sobre el pasado reciente en Argentina. Buenos Aires: Biblos.‍Salvi 2012; Van Roekel, Eva. 2016. Phenomenal Justice. State Violence, Emotion, and the Law in Argentina. Hertogenbosch: ADC’s.‍Van Roekel 2016). En cambio, la experiencia represiva del personal subalterno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es un aspecto poco abordado en los estudios sobre el terrorismo de Estado en la Argentina. Así, este trabajo se inscribe entre aquellos que buscan (re)pensar la desaparición política «desde los bordes, desde aquellos sujetos y memorias menos legitimados, desde lo “indecible”» (Tello, Mariana. 2016. «Historias de (des)aparecidos. Un abordaje antropológico sobre los fantasmas en torno a los lugares donde se ejerció la represión política». Estudios en Antropología Social, 1: 33-49.‍Tello 2016: 20; ver también Rousseaux, Fabiana. 2018. «Genocidio y filiación», en Rousseaux, Fabiana y Stella Segado (comp), Territorios, escrituras y destinos de la memoria. Diálogo interdisciplinario abierto: 169-195. Buenos Aires: Tren en movimiento.‍Rousseaux 2018).

En relación con el Operativo Independencia, hubo dos exgendarmes que brindaron extensos testimonios sobre las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en Tucumán (Comisión Bicameral de la Provincia de Tucumán. 1991. Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.‍Comisión Bicameral… 1991). Además de Torres, otro exgendarme, Antonio Cruz, en 1984 se presentó ante el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)^‍‍[6] y la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP)^‍‍[7], y brindó un relato consistente sobre su paso por Tucumán. Para la Justicia, ninguno de los dos fue considerado perpetrador ya que solo habían presenciado los hechos, su jerarquía era mínima y no tenían la posibilidad de impedir los hechos ni de denunciarlos durante la dictadura (Varsky, Carolina. 2011. «El testimonio como prueba en procesos penales por delitos de lesa humanidad», en Centro de Estudios Legales y Sociales (org.), Hacer justicia. Nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en Argentina: 49-77. Buenos Aires: Siglo XXI.‍Varsky 2011: 68).

El caso de los «dos gendarmes», como se lo conoce en Tucumán, nos muestra que no todos los que integraron el aparato represivo fueron considerados como «perpetradores», «represores» o «arrepentidos», categorías con las que los organismos de derechos humanos han tendido a clasificar al personal militar. Por ello, entre otras razones, la figura del exgendarme Torres y su itinerario testimonial se vuelven «buenos para pensar» sobre el carácter socialmente construido de la figura del perpetrador, y sobre las maneras en que operaron criterios locales de inclusión/exclusión bajo esa figura. A lo largo de este trabajo sostendremos que los modos de clasificarlos dependen de una compleja y conflictiva trama de relaciones de poder local, en la que el activismo de los derechos humanos ha jugado un rol central.

Para dar cuenta de la noción de testigo «anómalo», nos parece fértil retomar el análisis de Mary Douglas (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍1973) acerca de las ideas de pureza y contaminación. Esta antropóloga británica sostiene que dichas nociones son una vía para acceder a los sistemas clasificatorios de distintas culturas o grupos sociales. En este caso, nos permite acceder a las maneras en que el rol de Torres como testigo ha sido percibido y entendido, tanto desde el activismo de los derechos humanos como desde algunos sectores del mundo militar. Para Douglas, colocadas en el contexto general de toda la gama de peligros posibles, las ideas de contaminación actúan en un nivel instrumental, reforzando las presiones sociales en un determinado universo social. Asimismo, las nociones acerca de la pureza, y la demarcación y el castigo a las transgresiones tienen la función de imponer un sistema a la experiencia –que es de por sí desordenada– y buscan crear una apariencia de orden (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍Douglas 1973: 17). Partimos del supuesto de que toda serie particular de símbolos clasificatorios no puede comprenderse aisladamente, sino que hay que integrar su significado a toda la estructura de clasificaciones del grupo de que se trate (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍Douglas 1973: 9). A partir de este planteo, en este trabajo nos interesa analizar el valor relativo de las categorías sociales de «represor», «sobreviviente», «testigo» y «víctima».

El foco de este trabajo estará puesto en el análisis del itinerario como testigo^‍‍[8] del exgendarme Omar Eduardo Torres. Pudimos entrevistar a Torres durante una estadía de trabajo de campo en Tucumán, gracias al contacto brindado por el Laboratorio de Investigaciones Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (LIGIAAT), peritos forenses en causas judiciales que se tramitan en dicha provincia. Debido a que Cruz murió prematuramente y, como veremos, fue considerado por los activistas de los derechos humanos como un testigo «menos puro» que Torres, haremos foco en este último exgendarme. También, accedimos a material documental (las primeras declaraciones en papel y, las más recientes, en audio y video) y entrevistamos a los principales protagonistas del Proceso de Memoria, Verdad y Justicia en esa provincia en una estadía de campo en octubre de 2016. En el cruce entre las memorias y los documentos, será fundamental historizar si y cómo se fue modificando su relato, en función de las distintas instancias administrativas y judiciales en las que Torres declaró.

En función de este marco conceptual, exploraremos la idea de que Torres es un «testigo anómalo», y para ello reconstruiremos el sistema de contrastes y oposiciones que se construyó a lo largo de su itinerario testimonial. Mostraremos que su testimonio debe ser puesto en tensión con los itinerarios testimoniales de víctimas sobrevivientes de esos mismos crímenes, cuyas voces tuvieron un peso desigual en la construcción de una verdad jurídica sobre los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia. Nos referimos, en este caso, a dos sobrevivientes de aquellos crímenes que fueron acusados de «traidores» y perseguidos penalmente. A su vez, la figura de Torres no puede ser escindida del peso que tuvieron otros actores del campo de los derechos humanos de Tucumán, que jugaron un rol central en la definición de estrategias de denuncia hacia los crímenes cometidos en esa provincia (activistas, familiares, operadores judiciales, etc.). Ello es así debido a que dicho activismo tuvo, como analizaremos, el rol de ir legitimando ‒o no‒ la palabra de ciertos testigos en la esfera pública.

INICIARSE COMO TESTIGO: LA PRESENTACIÓN ANTE LA CONADEP[Subir]

Según consta en su legajo, el exgendarme Omar Eduardo Torres declaró ante la CONADEP el 26 de julio de 1984, acerca de su experiencia en Tucumán como integrante de un contingente del Escuadrón Móvil de Gendarmería Nacional n.º 1, con asiento en Campo de Mayo, en las afueras del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tradicionalmente encargada de custodiar las fronteras, Gendarmería Nacional argentina dependía del Ejército y, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, experimentó un proceso de fuerte militarización y participó activamente en el terrorismo de Estado, especialmente en el Operativo Independencia^‍‍[9].

Leyendo declaraciones posteriores, es notable cómo el testimonio vertido ante la CONADEP se vuelve un relato maestro que Torres luego reiterará, con mayor o menor nivel de detalle, en las posteriores instancias en las que se presentará a declarar. A lo largo de unas cuatro páginas, la denuncia sintetiza su experiencia en el centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga», y da cuenta de las condiciones de detención y de las modalidades de tortura. Se trata del principal centro clandestino del Noroeste argentino, por el que se calcula que pasaron miles de detenidos-desaparecidos con posterioridad al golpe de Estado de 1976, cuando el Operativo Independencia estaba a cargo del general Bussi (Comisión Bicameral de la Provincia de Tucumán. 1991. Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán.‍Comisión Bicameral… 1991).

Torres recordó que el personal de Gendarmería era enviado a ese destino por períodos de 45 a 50 días, luego retornaba a Campo de Mayo (en la provincia de Buenos Aires) por un lapso de 90 días, para después regresar al Operativo Independencia^‍‍[10]. Detalló que fue destinado a un lugar ubicado detrás del Batallón de Arsenales n.º 5, un «lugar que era denominado L.R.D. (Lugar de Reunión de Detenidos)»^‍‍[11]. Era un galpón divido en dos partes: por un lado, las mujeres y «los que no ofrecían peligrosidad», con las manos esposadas adelante y los ojos vendados; y, por el otro, un grupo que estaba encadenado a las paredes^‍‍[12]. Según el testimonio de Torres, el contingente de gendarmes se dividió en tres, para hacer guardias de «24 por 48 horas»; mientras los encargados de la aplicación de torturas rotaban cada 15 días. Identificó los nombres de algunos de sus superiores, que eran responsables de esos contingentes que Gendarmería Nacional enviaba a Tucumán. En cuanto al personal del Ejército, dio nombres de algunos oficiales y suboficiales, aunque aclaró que era difícil identificarlos debido a que usaban seudónimo.

Destacó que jamás se fugó un detenido, aunque sí «pudo observar que algunos detenidos salían del campo bien vestidos comentándole que iban a recuperar la libertad»^‍‍[13]. Torres aseguró que se fusilaban detenidos y calculó que cada 15 días, siempre en horas de la noche, se mataban entre 15 y 20 personas y dibujó varios croquis con posibles lugares de enterramiento. También afirmó haber presenciado, en dos oportunidades, fusilamientos en los que Bussi, comandante de la V Brigada, efectuó el primer disparo y luego hizo participar a todos los oficiales de mayor jerarquía.

En la entrevista con Omar Torres, al referirse a su declaración ante la CONADEP, recordó que el abogado que le tomó el testimonio no podía creer lo que Torres le estaba contado. Cuando le preguntamos las razones por las que decidió presentarse ante la CONADEP, su explicación fue la siguiente:

En la entrevista, Torres detalló las constantes amenazas que recibió a causa de su testimonio. De hecho, asesorado por un abogado de derechos humanos, en 1984 presentó un recurso de habeas corpus preventivo que buscaba frenar la persecución por parte de personal militar. En ese momento, fue citado formalmente por un juez militar y, cuando se presentó, volvió a ser hostigado:

Para el mundo militar, Torres era un potencial traidor, un ser «impuro» que se animaba a traicionar a sus camaradas y romper el «pacto de silencio». Retomando a Mary Douglas, las reglas de la contaminación tienen una función socialmente útil, reorganizar la desaprobación moral allí donde flaquea, así como fomentar la solidaridad del grupo de pertenencia (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍1973: 178). Al perseguir a los «impuros», las autoridades militares buscaban consolidar la estructura militar, cimentar la lealtad grupal y evitar que otros uniformados siguieran el camino de Torres.

Para el movimiento de derechos humanos, también este exgendarme era una «anomalía», un elemento ambiguo que no se ajustaba a una serie determinada («ni en una serie ni en otra», «un estado a mitad de camino») y que desafiaba los supuestos del lenguaje humanitario. De hecho, el personal de la CONADEP tuvo dificultades para clasificarlo. Si bien su legajo fue denominado como «denuncia» (específicamente como «Testimonio especial»), en letra imprenta y mayúscula, quien tomó la denuncia agregó «Repre», en alusión a la expresión «represor». Esto se debió a que el sustento principal del acervo de la CONADEP habían sido las denuncias de las víctimas y sus familiares, más que las de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero, también se vinculaba a que en este primer testimonio se pueden identificar numerosas huellas del lenguaje contrainsurgente (denominar los centros clandestinos como «LRD», dar cuenta de cierta rutina laboral asociada a la represión, indicar la peligrosidad de los detenidos, entre otros elementos), antes que de un léxico, todavía no tan difundido, del mundo de los derechos humanos.

LA DECLARACIÓN DE TORRES EN EL JUICIO A LAS JUNTAS [Subir]

Luego de su declaración ante la CONADEP, en 1985 Omar Torres –y no así Antonio Cruz– fue seleccionado por la Fiscalía como uno de los testigos en el juicio a las tres Juntas Militares que comandaron la última dictadura militar argentina^‍‍[16]. Luego de tomarle juramento de decir la verdad, el presidente del tribunal, Carlos Arslanián, le preguntó sobre su pertenencia a algún organismo militar o de seguridad. Torres contestó que había formado parte de Gendarmería Nacional entre 1975 y 1982 y que había cumplido funciones en el Destacamento Móvil n.º 1 de Campo de Mayo. Cuando Arslanián le consultó si «tuvo alguna intervención en la lucha contra la subversión», explicó que había sido enviado en tres oportunidades a Tucumán, al Operativo Independencia^‍‍[17].

En esta primera instancia judicial, antes que la valoración moral sobre su calidad de testigo, existía la posibilidad de ser considerado penalmente responsable por los delitos cometidos durante el Operativo Independencia. De hecho, cuando le preguntaron si había participado de procedimientos de detención de personas, Omar Torres mantuvo siempre su estrategia judicial: declarar que había realizado tareas de «vigilancia y control» de detenidos. Así, en todo el testimonio judicial, Torres construyó el siguiente lugar de enunciación para sí mismo: un mero testigo de los hechos, indignado por los crímenes que presenció, pero sin posibilidad de denunciarlos hasta llegada la democracia en Argentina, en diciembre de 1983^‍‍[18].

Al igual que cuando se presentó ante el juez militar, en el Juicio a las Juntas fue duramente atacado por los abogados defensores de los comandantes juzgados, que buscaron desacreditarlo como testigo, cuestionándolo por razones morales y éticas, por un mal desempeño como uniformado, y descalificándolo como «mal camarada»^‍‍[19]. Por ejemplo, Juan Carlos Tavares –defensor del presidente de facto Jorge Rafael Videla‒ le preguntó los motivos por los que acumuló castigos durante su paso por Gendarmería, «la mayoría de las cuales se relacionaban con fallas a la moral y otras»^‍‍[20]. Otro abogado, Alfredo Battaglia, defensor de Leopoldo Fortunato Galtieri, le consultó si había tenido que dejar el «teatro de operaciones» antes que por razones de rotación, debido a «causas fundadas, concretamente dicha por sus autoridades naturales, en que era un mal camarada, esquivo a las obligaciones de servicio»^‍‍[21]. El tribunal tampoco hizo lugar a la pregunta del letrado particular de Roberto Eduardo Viola, Dr. Orgeira, acerca de si su último arresto había sido por haber abandonado a su mujer y no pasarle alimentos. También le preguntaron si había concurrido a algún organismo de derechos humanos, a lo que Torres contestó que no.

No es casual tanto ataque por parte de los letrados que defendían a los integrantes de las juntas militares. Evidentemente era un modo de demostrar su carácter «impuro» y de impugnarlo por eso, representándolo como un exgendarme que no se ajustaba al modelo de uniformado que guardaba silencio sobre lo sucedido en Tucumán. Para Douglas (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍1973: 187), firmes sanciones protegen ciertas líneas y, cuando estas fronteras se pueden volver precarias o porosas, las ideas de contaminación acuden en su auxilio. Como bien explica dicha antropóloga: «Los poderes de contaminación que son inherentes a la estructura de las ideas mismas y que castigan la ruptura simbólica de aquello que debe estar unido o el ayuntamiento de lo que debe mantenerse separado» (Douglas, Mary. 1973. Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Madrid: Siglo XXI.‍Douglas 1973: 153). Para el personal militar, Torres representaba un personaje digno del más absoluto repudio, porque contradecía lo que se esperaba de un personal subalterno (mantener el «pacto de silencio») y por ello era una fuente de peligro para el resto de los uniformados. El mayor «riesgo», su peligrosidad, consistía en que Torres había cruzado una línea tajante que separaba lo castrense del ámbito de los derechos humanos.

Más adelante, frente a la pregunta del defensor Tavares acerca de los motivos por los que no había denunciado previamente estos hechos, Omar Torres contestó:

Con estos dichos, Torres reiteraba un tópico que ya había abordado en su declaración ante la CONADEP. En aquella oportunidad también había denunciado el caso de los dos gendarmes que fueron secuestrados luego de que los militares habían descubierto su colaboración con secuestrados para sacar correspondencia hacia afuera del centro clandestino; y también ante la CONADEP expresó que jamás se supo nada más de ellos. De esta manera, Torres se inscribía en la serie de estos dos gendarmes víctimas del terrorismo de Estado, Ríos y Maldonado, en el marco de una estrategia que podía evitarle ser catalogado por los organismos de derechos humanos y por la justicia como «represor». No solo se ubicaba en el lugar de testigo, sino que asumía una posición lindante con la de (potencial) víctima, presentándose como el único sobreviviente de esa serie de gendarmes comprometidos con ayudar a las personas secuestradas. Estas estrategias fueron haciendo posible la toma pública de la palabra en la esfera judicial, sin ser acusado penalmente por los operadores judiciales, y también –como veremos a continuación– le permitió progresivamente acercarse al mundo de los derechos humanos.

LA VISITA A TUCUMÁN Y EL ACERCAMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS[Subir]

Pese a la importancia que le otorgamos en este trabajo como caso de análisis, este testimonio no se incluyó en la selección de versiones taquigráficas que publicaba El Diario del Juicio, de Editorial Perfil, ni en las notas periodísticas donde esta publicación destacaba lo más importante que sucedía en el Juicio a las Juntas. La legitimidad como testigo de Torres se acrecentó fundamentalmente cuando viajó a Tucumán en 1985 y se mostró muy dispuesto a colaborar con las tres abogadas que litigaban allí en las causas por violaciones a los derechos humanos^‍‍[23].

Luego de esta declaración en el Juicio a las Juntas, estas letradas conocieron la existencia del testimonio de Omar Torres y Antonio Cruz y lograron que fueran citados a declarar ante la Justicia de Tucumán. Sin embargo, al mismo tiempo que Torres legitimó su calidad de testigo y su disposición a colaborar, no sucedió lo mismo con Cruz. Una abogada de derechos humanos que continuó litigando hasta el año 2013, a quien llamaremos Abogada I, subrayó la diferencia entre ambos, a partir del desempeño que tuvieron en la primera inspección ocular al predio de la Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga» en el año 1985:

No es casual que cuando hablamos de seres «anómalos», las metáforas de la pureza y la contaminación afloren. Retomando los conceptos ya evocados de Mary Douglas, Torres progresivamente empezó a operar como un «puente mediador» que permitió la inédita unión de los contrarios, en este caso, el mundo del personal uniformado y el de los derechos humanos. La Abogada I consideraba a Torres como un caso «anómalo», pero le reconocía la potencia para presentar ante la justicia una versión consistente sobre los crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia; de hecho, lo consideraba como «su mano derecha». En cambio, para ella Cruz no era un «limpio», en el sentido de que su testimonio judicial era más endeble y su personalidad menos fuerte que la de Torres para soportar las presiones que ejercía sobre él el mundo militar, en busca de mantener un «pacto de silencio».

Otra abogada de derechos humanos también recordó la disposición de Torres, su sinceridad y compromiso con el tema, tanto cuando declaró ante el juez Jorge Parache como cuando se realizó el primer reconocimiento del predio de la Compañía de Arsenales. En contraste con el caso de los «dos gendarmes», rememoró que en la Comisión Bicameral se había convocado a policías provinciales quienes negaron todo y tenían una actitud desafiante. Antes que «arrepentimiento», ella recordó «una actitud cerrada y negativa» que respondía a un plan sistemático de exterminio y a una ideología represiva típica de la Doctrina de Seguridad Nacional^‍‍[25]. En cambio, subrayó la impresión que tuvo de Torres en el año 1985: «Me impactó cómo estaba muy comprometido. Incluso en el reconocimiento, él fue muy dispuesto. […] Torres siempre tuvo una misma línea, una misma conducta de aportar datos para la investigación»^‍‍[26].

De esta manera se fue creando un contraste y una valoración diferencial entre el testimonio de Torres y el de Cruz que no se había dado en los primeros años de la transición. Esta oposición entre los «dos gendarmes» no solo se vinculó a la información fáctica que habían aportado, sino también a su inscripción en el campo vernáculo de las relaciones de poder, en el que jugó un rol central el activismo de los derechos humanos local (especialmente, las mencionadas abogadas de derechos humanos).

Para ejemplificar lo anterior, en la sección sobre los centros clandestinos de detención de la provincia de Tucumán del libro Nunca Más (CONADEP. 1985. Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. Buenos Aires: EUDEBA.‍CONADEP 1985: 213-‍217) se transcribieron parte de los testimonios de «dos gendarmes»^‍‍[27], mientras que en el Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones a los Derechos Humanos en Tucumán de 1986^‍‍[28] solo se citaron extensamente fragmentos de los dichos de Cruz y no se tomó la palabra de Torres^‍‍[29]. Luego, más avanzada la transición democrática, se fue creando una brecha entre ambos testigos, debido a la calidad como prueba jurídica de un testimonio «limpio» como el de Torres, su línea de coherencia, su disposición a relatar siempre la misma versión y su capacidad de enfrentar las presiones castrenses. Así, la Abogada I concluyó que, mientras que en Torres tenía «una confianza absoluta», «Cruz era un tipo que no íbamos a llegar a ningún lado»^‍‍[30]. Varios años después, esa valorización de la palabra de Torres se selló con la muerte prematura de Cruz.

Torres también fue encarando lo que podemos denominar un trabajo de «limpieza», con el fin de salir de ese estado ambiguo entre esos dos mundos (ni «represor» ni víctima; ni militar ni militante de los derechos humanos). Para ello, se fue acercando al mundo de los derechos humanos y comprometiéndose con esa causa, siempre amparado por la Abogada I.

En tiempos de impunidad^‍‍[31], el exgendarme Torres declaró en la Embajada de España en el marco de los procesos que se seguían en ese país por delitos de lesa humanidad, a cargo del juez Baltasar Garzón. Otro hito en el proceso de inscripción en el campo de los derechos humanos fue la participación de Torres en el «Juicio Ético a Bussi», desarrollado en Tucumán durante los meses previos a la elección de 1995, en la que finalmente Bussi se impuso como gobernador de la provincia. En el marco de las leyes de impunidad, se buscó la condena social de Bussi mediante la difusión pública de los testimonios que probaban su responsabilidad en el terrorismo de Estado. En ese marco, declararon miembros de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), sobrevivientes, familiares, militantes políticos y también Torres (Vitar, Julia. 2012. No hubo guerra, hubo genocidio. Familiares de desaparecidos de Tucumán y la lucha contra la impunidad. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de San Martín.‍Vitar 2012: 61). De hecho, en uno de los panfletos que convocaba al «Juicio Ético», se citaban fragmentos del testimonio del exgendarme Omar Torres en los que describía las modalidades de tortura, y específicamente su testimonio ante la CONADEP sobre los fusilamientos a cargo de Bussi.

En este proceso de «depuración» de su rol de testigo, participar en esta actividad de denuncia a Bussi, impulsada por el activismo de derechos humanos, fue central para presentarse públicamente como alguien inscripto en el campo de los derechos humanos; lo mismo que su voluntad de declarar ante el juez Baltasar Garzón. Particularmente, fue notorio el modo en que Torres fue adoptando el léxico de dicho movimiento, transformación que fue paralela al reconocimiento que obtuvo por parte de las abogadas y los activistas tucumanos. De esta manera, la figura de Torres fue adquiriendo legitimidad como un testigo «confiable» en la tarea de juzgar los crímenes del Operativo Independencia, y fue ganando centralidad en la estrategia jurídica de la Abogada I, quien litigó en estos procesos penales hasta 2013.

EL HALLAZGO DE LAS FOSAS: LA CONSAGRACIÓN COMO TESTIGO[Subir]

Luego de la anulación de las leyes de impunidad y los indultos, desde 2005 en adelante se abrió un segundo ciclo de persecución penal a los responsables por crímenes de lesa humanidad^‍‍[32]. En ese marco, entre el 12 y el 13 de septiembre de 2013, durante casi tres horas Omar Torres declaró como testigo en el marco de la «megacausa» por los delitos cometidos en el predio de la Compañía de Arsenales n.º 5 «Miguel de Azcuénaga»^‍‍[33]. La centralidad de su testimonio estuvo puesta en los fusilamientos que se realizaban en el predio de la Compañía de Arsenales. Guiado por la Abogada I, quien tuvo un protagonismo muy importante en este proceso judicial, Torres fue haciendo un relato pormenorizado sobre este tópico, que sumó nuevos detalles a los que había brindado en declaraciones anteriores.

Sobre los militares, reiteró las dificultades de conocer sus identidades, debido a que no usaban sus nombres reales sino seudónimos. De todas maneras, cuando fue custodio de un edificio céntrico, pudo identificar a Mario Albino Zimmerman, el jefe de la Policía de la provincia de Tucumán. También, recordó que, poco tiempo antes de su declaración, en el marco de un conflicto gremial en Gendarmería, viendo la televisión había podido reconocer a un «tipo que hacía de intermediario» en la Dirección Nacional:

En este juicio oral y público, Torres buscó despegarse de la categoría de «represor» aportando una gran cantidad de información sobre la dinámica represiva, los nombres de los perpetradores y el destino de las víctimas. Para ello, también retomó el paralelismo con la figura de Ríos y Maldonado, intentando nuevamente inscribirse en la serie de gendarmes que, en pleno régimen de facto, procuraron acopiar información contra la dictadura:

Además de ser tomado como testigo clave por la Abogada I, en el marco de la reapertura de los procesos penales por delitos de lesa humanidad a mediados de la década de 2000, se pudieron ubicar algunas fosas e identificar los cadáveres de 12 detenidos-desparecidos. Todos los entrevistados a lo largo del trabajo de campo coincidieron en la importancia que tuvieron los testimonios de Cruz y Torres en la delimitación del «área de no innovar» que ordenó la Justicia Federal y en el hallazgo de los cuerpos de desaparecidos. Cuando conversamos acerca de qué había sentido cuando se hallaron, Torres sonrió y dijo:

El hallazgo de las fosas fue un momento en el que su figura adquirió mucha visibilidad pública, tanto a nivel provincial como nacional^‍‍[38]. Quizás porque permitió concretar la demanda histórica de los organismos de derechos humanos: que los uniformados enuncien públicamente una verdad que solo ellos conocen, dónde están los cadáveres de los detenidos-desaparecidos. Además, la identificación de los restos humanos operó dándole credibilidad a la palabra de Torres, a partir del hallazgo de una prueba material, científica, que era asimismo el «cuerpo del delito» cometido por los militares.

Sobre este hallazgo, y en la misma línea que Torres, la Abogada I destacó que: «Para mí fue una liberación enorme, porque teníamos razón. Porque yo decía, para nosotros ya estaba probado, por la cantidad enorme de indicios, pero para esta justicia burguesa, los indicios no sirven para nada»^‍‍[39]. Frente a los intentos de cuestionar la veracidad de los dichos de Torres, la prueba material era incontrastable

Pese a la centralidad que le dio a Torres la Abogada I, en el trabajo de campo accedí a otra versión sobre el hallazgo de las fosas. Tanto integrantes de la Fiscalía como peritos arqueólogos enfatizaron el rol jugado no solo por los dos exgendarmes sino también por dos ex detenidos-desaparecidos que habían estado en cautiverio en la Compañía de Arsenales «Miguel de Azcuénaga», a quienes llamaré La Pareja de Sobrevivientes, X e Y^‍‍[41]. Sin dudas, X e Y contaban con mucha información sobre el funcionamiento de ese centro clandestino, los perpetradores y la ubicación de las fosas. No solo porque habían estado allí y habían sobrevivido a esa experiencia concentracionaria, sino porque durante un tiempo de su cautiverio no tuvieron vendas, lo que les permitió ser testigos de numerosas acciones represivas. Sin embargo, ambos fueron duramente cuestionados por la Abogada I, tildados de «colaboradores» del aparato represivo y duramente estigmatizados en ámbitos de derechos humanos.

En el trabajo de campo pude conversar con los peritos arqueólogos que habían trabajado en el predio de Arsenales. Recordaron que la Abogada «histórica» I, «lo tenía al Torres como testigo clave y ella quería llevar la investigación hacia esos puntos que él marcaba». En cambio, relataron que: «Ella estaba ensañada con el X e Y [La Pareja de Sobrevivientes]. Ella tenía el foco puesto en que había que ir tras ellos»^‍‍[42].

Visiblemente molesta por la pregunta sobre La Pareja de Sobrevivientes, durante la entrevista la Abogada I afirmó que:

Para estigmatizar a X e Y, la Abogada I se valió de la palabra de Torres que, en todas las instancias en las que testimonió, siempre construyó su figura en oposición a la de La Pareja de Sobrevivientes, destacando la «colaboración» de ellos con el aparato represivo. Por ejemplo, ante la CONADEP, el exgendarme había recordado el caso de una pareja de detenidos «que andaban libres, esto es, sin esposas ni vendas» y que, según su relato, prestaban «colaboración para los interrogatorios y torturas» y ayudaban a cocinar con otros detenidos^‍‍[44]. Luego, ya en el Juicio a la Juntas, Torres agregó que tenían «mucha confidencia con los torturadores»^‍‍[45].

Sobre La Pareja de Sobrevivientes, no solo pesaba un manto de sospecha y se desacreditaba el valor jurídico de su palabra, sino que, a instancias de la Abogada I y una Madre de Plaza de Mayo (y contando con el apoyo de HIJOS, APDH y abogados de derechos humanos), se inició una persecución penal, denunciando que X e Y eran parte integrante del aparato represivo del terrorismo de Estado en Tucumán. En el caso de X, la justicia resolvió su procesamiento y la prisión preventiva que cumplió durante un año. X había sido militante del PRT cuando estudiaba arquitectura en los años setenta, y fue identificada por los exgendarmes que declararon en la causa Arsenales como una «detenida con privilegios»: «Cuando se reabrió la causa, varios de los sobrevivientes de “Arsenales” denunciaron que tanto ella como su pareja, Y, habían “colaborado” con los militares en tareas de inteligencia y torturas en ese en el CCD Arsenales» (Vitar, Julia. 2012. No hubo guerra, hubo genocidio. Familiares de desaparecidos de Tucumán y la lucha contra la impunidad. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de San Martín.‍Vitar 2012: 92).

Si bien luego revisó esa postura, la organización de Familiares cuestionaba que X se había mostrado siempre renuente a colaborar con las investigaciones judiciales y de los familiares, e impulsó esa persecución penal hacia X, apoyada por HIJOS, APDH y otros abogados de derechos humanos. De todas maneras, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el procesamiento entendiendo que no había pruebas acerca de su responsabilidad penal, y luego fue apoyada por la decisión del Ministerio Público Fiscal de no impulsar investigaciones contra ex detenidos-desaparecidos (Vitar, Julia. 2012. No hubo guerra, hubo genocidio. Familiares de desaparecidos de Tucumán y la lucha contra la impunidad. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de San Martín.‍Vitar 2012: 107 y 108).

La legitimidad del testimonio de Torres, X e Y para el movimiento de derechos humanos no radicó en la cantidad de información fáctica que aportaron o en la posición objetiva de testigo; sino en las estrategias de derechos humanos que en definitiva validaron esa palabra –o no lo hicieron– en la construcción de la prueba y de la verdad jurídica. La Abogada I, que delineó la estrategia jurídica, valorizó el relato de Torres en detrimento del de La Pareja de Sobrevivientes. En el caso de Torres, la estrategia jurídica de la Abogada I para legitimar su testimonio también se apoyaba en su valoración moral como subalterno opuesto a las órdenes de sus superiores; en cambio, antes que meros «quebrados», X e Y eran acusados por Torres y por la letrada de integrar el aparato represivo (de ser «traidores»).

En contraste con Torres, la menor disposición a relatar lo vivido por La Pareja de Sobrevivientes también operó como un elemento negativo a la hora de legitimar públicamente sus declaraciones como testigos. Así, hablar o no hablar, colaborar con las investigaciones judiciales y del activismo o no, fueron elementos definitorios en la valoración moral de la palabra de las víctimas, y permitió moderar las acusaciones y sospechas que rodeaban a los supervivientes, que podían ingresar en la categoría de «sobrevivientes» o «testigos». A los ojos del mundo de los derechos humanos, un sobreviviente «puro» era quien había sido una mera víctima, fiel al papel que debía ejecutar una vez terminada la dictadura: declarar sistemáticamente en distintas instancias jurídicas y administrativas. Un papel que Torres había asumido desde 1984, aún sin ser víctima directa de la represión.

A MODO DE CIERRE[Subir]

A lo largo de este trabajo, hemos analizado el proceso de construcción como testigo de Omar Torres, un exintegrante de Gendarmería Nacional, que declaró sobre su paso por el Operativo Independencia ante distintas instancias administrativas y judiciales de manera sistemática, desde 1984 en adelante. Hemos visto que la importancia asignada al testimonio de los dos exgendarmes, Torres y Cruz, no solamente radicaba en una objetividad del aporte fáctico, sino en las maneras en que fue valorado moral y penalmente tanto por los abogados de los Familiares de Desaparecidos de Tucumán, como por otros activistas de derechos humanos y operadores judiciales, en el marco del conjunto de pruebas sobre el accionar del terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán.

Hemos considerado fundamental dar cuenta de la «cocina» y/o trastienda del testimonio judicial, aspecto poco explorado en este tipo de investigaciones que suelen centrarse en la dimensión pública de la palabra o de su puesta en escena en el ámbito judicial. En esta línea, mostramos que el relato de Torres no se podía comprender por fuera de un campo de derechos humanos tucumano^‍‍[46], atravesado por una larga historia de luchas y conflictos locales/provinciales por la memoria, la verdad y la justicia.

Desde 1984 en adelante, Torres progresivamente se fue apartando del mundo militar para –a partir de un proceso histórico de construcción como testigo– acercarse al campo de los derechos humanos. Podemos leer ese acercamiento como un proceso de «purificación» y «limpieza», en el que progresivamente fue desprendiéndose del lenguaje concentracionario para adoptar las prácticas, el léxico y las representaciones del mundo de los derechos humanos. Además de su disposición en el primer reconocimiento del predio de la Compañía de Arsenales, fue fundamental que –en tiempos de impunidad– Torres participara en un «Juicio ético» contra el principal comandante de la represión política, Bussi, y declarara ante el juez español Baltasar Garzón. Así, y gracias a una gran disposición a testimoniar públicamente sobre lo vivido, buscó despejar las dudas que podían pesar sobre su condición de personal subalterno de una Fuerza de Seguridad (Gendarmería Nacional) y sobre el hecho de haber sido afectado (¿contaminado?) por haber formado parte (aunque más no sea como custodio) del aparato represivo. Todo ese proceso de limpieza que hemos observado en el caso de Torres tiene que ver con buscar un lugar entre esos dos mundos y salir de ese estado ambiguo entre lo castrense y los derechos humanos.

Su legitimidad como testigo, por lo tanto, fue parte de un proceso de mímesis y cambio. Pero también, la figura de Torres debe ser leída en un juego de contrastes y oposiciones: la serie Torres-Cruz (el «testigo clave» / el «mal testigo»); la serie Maldonado-Ríos (en la que él se inscribió, como «superviviente»); y la serie de La Pareja de Sobrevivientes (frente a la que se construyó como opuesto). En ese sentido, al comprometerse activamente a declarar en numerosas instancias judiciales y memoriales, Torres fue ganando legitimidad como testigo y alejándose de su primera inscripción como «repre(sor)» (en la documentación de CONADEP).

Por su parte, la Abogada I fue la encargada de definir la estrategia jurídica en los primeros juicios orales desarrollados en Tucumán. Esta letrada construyó una oposición entre Torres y Cruz, los «dos gendarmes» que testimoniaron desde 1984, valorizando la calidad del testimonio del primero en detrimento del segundo. Además de la «disposición» de Torres como testigo, esta letrada ponderó su capacidad de repetir una misma versión de los hechos a lo largo de tantos años y de resistir a las presiones de la corporación militar. Todo ello lo convirtió en su «mano derecha».

El relato de Torres –que sembraba dudas sobre la «colaboración» de X e Y con el aparato represivo– también posibilitó la impugnación como testigos de La Pareja de Sobrevivientes. Basándose en los testimonios del exgendarme, la letrada los cuestionó por su desempeño en el centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina y desestimó su aporte a la construcción de una verdad jurídica sobre lo sucedido. También los persiguió penalmente, considerando que –al menos X– podía ser considerada como «represora».

Como vemos, las categorías de «represor», «testigo» y «víctima» son locales y anclan en tramas vernáculas de relaciones de poder. Las sospechas, dudas y estigmas que pesaron sobre La Pareja de Sobrevivientes no solo impidieron la toma pública de su palabra, sino que X fue además encarcelada. Antes que «sobreviviente», ella fue considerada una potencial «represora». En cambio, en lugar de colocarlo en la figura del «represor», el relato de Torres lo ha posicionado en un lugar ambiguo: como parte de las condiciones de posibilidad de la trama represiva, aunque por fuera del círculo de los perpetradores, en los márgenes del aparato represivo del terrorismo de Estado en Argentina.