DisparidadesDisparidades. Revista de AntropologíaDRA2659-6881Consejo Superior de Investigaciones Científicasdra.2020.00310.3989/dra.2020.003ArtículosVIDAS EN LOS BORDES: UNA ETNOGRAFÍA DE LA CONDICIÓN FRONTERIZALIVES AT THE EDGES: AN ETHNOGRAPHY OF THE BORDER CONDITIONAedoÁngelPontificia Universidad Católica de Chilejaedog@uc.cl
Este artículo aborda el problema del arraigamiento en las fronteras estatales y en los bordes sociales a partir de vivencias de personas migrantes que habitan en campamentos no autorizados en la frontera norte de Chile. A través del análisis etnográfico, analizo cómo la experiencia de vivir a través de múltiples fronteras, en lugar de forzar a migrantes sin hogar a habitar en una suerte de exterioridad radical, los sitúa en precarias brechas de intersticios sociales. Exploro cómo las prácticas que tienen lugar en tales zonas de relegación desafían nuestra visión de sus habitantes como «vida nuda» o «desechos humanos» (en términos de Agamben y Bauman respectivamente) o meramente como sujetos de biopoder. Lo que vemos en cambio es una forma de política de la presencia, que es vital y contingente, la cual muestra no solo la determinación de las personas a aguantar (en el sentido de Povinelli), sino también a ir más allá para hacer reivindicaciones al Estado.
Drawing on fieldwork conducted with migrants living in unauthorized settlements in northern Chile, the article addresses the problem of human rooting on state and social borders. Through ethnographic analysis, I discuss how the experience of living across multiple borders, rather than forcing migrants to dwell in a sort of radical exteriority, places them in the precarious gaps of social in-betweenness. I explore how practices that take place in such zones of relegation challenge our view of its inhabitants as “bare life” or “human waste” (to use Agamben and Bauman’s terms) or as merely subjects of biopower. What we see instead is a vital and contingent form of politics of presence, which demonstrates not only the determination of these people to endure (in Povinelli’s sense), but to go further and make claims on the State.
PertenenciaFronterasArraigamientoBordesBiopoderMigrantesChileBelongingBordersRootingBoundariesBiopowerMigrantsChilexml-html-producerComposiciones RALI, S.A.Cómo citar este artículo / Citation: Aedo, Ángel. 2020. «Vidas en los bordes: una etnografía de la condición fronteriza». Disparidades. Revista de Antropología 75(1): e003. doi: <https://doi.org/10.3989/dra.2020.003>.
Quieren arrancarnos de raíz, dividirnos. Nos acusan de hacer cosas ilegales y nos tratan como criminales. Quieren aminorarnos; sacarnos nuestra fuerza.
(Teresa, pobladora del campamento Granaderos, Arica)
¿Qué significa vivir en las fronteras del Estado y en los bordes de la vida urbana? ¿Qué implica vivir en los márgenes sociales y económicos en el Chile post-Pinochet? ¿Cómo los migrantes que viven en campamentos no autorizados se niegan a ser reducidos a «desechos humanos» (Bauman 2003) y rechazan ser convertidos en «bare life» (Agamben 1998)? Basado en el trabajo de campo realizado en la frontera norte de Chile, principalmente entre 2012 y 2016, exploro estas cuestiones a la luz de las fricciones políticas y morales entre pobladores-migrantes e instituciones estatales.
Campamento no autorizado en la periferia de Arica, norte de Chile. Foto del autor.
A lo largo de este trabajo, veremos cómo mediante la intervención a la vez represiva y protectora del Estado, así como a través de las reivindicaciones de las personas que son objeto de tales intervenciones, toma una particular forma y contenido la experiencia del arraigamiento entre migrantes peruanos y bolivianos en el norte de Chile. Es en este sentido que este artículo busca contribuir a la comprensión general de cómo dimensiones cruciales de la vida social –como el arraigarse en un lugar y pertenecer– son mucho más que categorías del léxico gubernamental, puesto que emergen como enclaves vitales donde dinámicas biopolíticas se entrelazan, forjando modos de dominación y resistencia, compromiso y sospecha, complicidad y subversión.
La pertenencia a un lugar se entrelaza a menudo con la experiencia de las fronteras estatales y los bordes urbanos. Esta experiencia es paradigmáticamente encarnada por miles de migrantes, quienes cruzan las fronteras para asentarse en una nueva sociedad y descubrir límites, bajo la forma de fronteras interiores de la sociedad, a través del tratamiento diferencial al que son sometidos (Fassin 2011). Al tomar en cuenta dicho fenómeno, esta exploración busca contribuir a la comprensión de cómo la pertenencia social es mucho más que una categoría de orden simbólico. El artículo argumenta que la pertenencia también constituye una arena crítica donde se confrontan «proyectos sociales» (Povinelli 2011) y «modos de subjetivación» (Faubion 2011; Foucault 1994).
La región fronteriza del norte de Chile presenta dinámicas sociales y particularidades históricas que la convierten en un caso relevante para explorar las fronteras de la pertenencia y sus efectos sobre realidades individuales y colectivas. Pero el alcance de esta indagación no es solo regional; también busca contribuir con nuevas dimensiones analíticas a la política de la pertenencia (Yuval-Davis 2012) sobre la base de materiales históricos y experiencias etnográficas. Con estos elementos en mente, tres fenómenos entrelazados subyacen en esta investigación. Primero, la influencia recíproca entre territorio fronterizo y orden policial. Segundo, la relación entre el biopoder y la (in)visibilidad de las vidas de los migrantes. Finalmente, el artículo se enfoca en lo que llamo, tentativamente, «política de la presencia» (Aedo 2017), con objeto de analizar el proceso por el cual la visibilidad pública conduce a una ruptura del «reparto de lo sensible» (Rancière 2000) y a una redefinición del alcance efectivo de las prácticas ciudadanas.
La investigación sobre la que se basa este artículo tiene un enfoque etnográfico desde la preparación metodológica, la recolección de información, el análisis y la escritura. Esto conlleva considerar las posiciones sociales de las personas implicadas, sus historias, trayectorias y las relaciones de fuerza que envuelven sus relaciones. El trabajo de terreno privilegió el estudio de las interacciones y colaboraciones en una ecología compuesta de diversas escalas contextuales y formas de conocimiento elaboradas por los propios actores (migrantes, voluntarios de ONG, expertos, agentes del Estado) que configuran, densifican y dotan de inteligibilidad a las realidades socioculturales en que viven. Es bajo esta perspectiva que esta exploración incorporó un método dialógico basado en el reconocimiento de que el conocimiento de otras «formas de vida» involucra una pluralidad de perspectivas y voces con presencia narrativa en la investigación (Biehl y Locke 2017).
De forma complementaria a la observación participante, condujimos entrevistas abiertas dirigidas a migrantes que habitan los campamentos periféricos de Arica, a profesionales y voluntarios de ONG, y a funcionarios de instituciones estatales (policías de la zona y empleados de servicios ministeriales locales –principalmente de los sectores de salud, vivienda y desarrollo social)–. Una parte de las entrevistas fueron organizadas por tópicos de conversación, pero también realizamos entrevistas abiertas no dirigidas, consistentes en conversaciones sin temas a priori con el propósito de dejar que el ritmo de la conversación active los intercambios verbales y permita captar nuevos fenómenos y conocimientos inesperados (Koven 2014).
Vemos la escritura etnográfica como formando parte del potencial analítico de este estudio. Esto debido a que precisamente las reflexiones y herramientas con pertinencia teórica emergen a menudo en las instancias de descripción y conceptualización de la etnografía. En este trabajo un tal enfoque toma validez en la medida en que entrega una vía antropológica para comprender cómo la condición fronteriza moldea tanto las experiencias de migrantes como la manera en que la sociedad civil y el Estado tratan a una a población de extranjeros, que son percibidos ambivalentemente en tanto agentes nocivos y víctimas vulnerables.
FRONTERIZACIÓN
Para abordar las fuerzas que dan forma a las tierras fronterizas del norte de Chile, utilizo el neologismo «fronterización». A través de este término, que he tomado prestado del trabajo de Nevzat Soguk (2007), busco resaltar algunas de las características que hacen de este territorio una zona intensamente atravesada por fronteras sociales, económicas, políticas y morales. La fronterización hace resaltar los procesos y las tensiones que animan el aparato fronterizo, privilegia la historicidad y la vitalidad performativa de tales formaciones. Las fronteras así entendidas, es decir como fenómenos que afectan la configuración de las relaciones de poder en ciertos lugares y tiempos, pierden su carácter estático y dejan de aparecer como un mero resultado. Las fronteras pueden entonces manifestarse como procesos históricos con efectos concretos sobre las formas de vida colectivas que surgen en sus intersticios; esto es, lugares desde donde se produce un punto de vista. Como las fronteras no son impenetrables, los procesos involucrados en la securitización de los bordes sociales y de las fronteras estatales pueden ser detenidos, transformados o revertidos por las propias colectividades.
El desempeño del Estado neoliberal chileno, hoy una de las economías más desiguales entre las naciones de la OCDE (2015), el aumento sin precedentes en el norte de Chile de migrantes venidos de países vecinos (Liberona 2015), y la marginación socioeconómica de la población andina (Berg 2015; Goldstein 2012; Scarritt 2015; Vasquez et al. 2016) enmarcan esta indagación, que se basa en datos etnográficos e históricos de una región no suficientemente representada en los estudios antropológicos sobre las relaciones entre pertenencia y frontera (Fassin 2011; Kallius et al. 2016; McKee 2016; Kim 2010). Las condiciones fronterizas del norte de Chile convierten a esta región en una zona donde tienen lugar intensas fricciones (Tsing 2004) entre lógicas de libre mercado, control policial e intervención humanitaria. Este estatus fronterizo, en lugar de reducir la vida humana al «lazo secreto que une poder y nuda vida (bare life)» (Agamben 1998: 6), presenta posibilidades
inesperadas para el surgimiento de formas de vida colectivas. Tal dinámica toma especialmente forma en los campamentos de migrantes de Arica. En estos lugares, tal como veremos en las siguientes páginas, la lucha de sus habitantes por vivienda, presencia política y legitimidad, engendra condiciones excepcionales, en las que puntos de vista y modos de subjetivación logran tener un arraigo político concreto.
Campos de refugiados, centros de retención administrativa, guetos, campamentos informales, casas de acogida, campos de exterminio, lugares de detención penal, son productos heterogéneos –y con cargas valóricas que pueden llegar a ser muy diferentes entre sí– de un fenómeno más general de fronterización. Estos «espacios otros», que Michel Foucault (1986) en una conferencia para el círculo de estudios arquitectónicos llamó heterotopías, se manifiestan como formaciones socio-espaciales constreñidas, pero también posibilitadas por sus condiciones fronterizas. Como veremos en los próximos apartados, en los campamentos de la frontera norte, tales tensiones tienen la capacidad de crear las condiciones para el surgimiento de lo político, entendido como una fuerza motriz para la comunidad, que genera nuevos actores sociales y mundos comunes. Bajo esta perspectiva, podríamos decir con Rancière (2000) que aperturas políticas de esta naturaleza tienen el potencial de generar un nuevo «reparto de lo sensible». Al hacer palpable la temporalidad intrínseca de los eventos que rompen el curso «normal» del tiempo (Rancière 2001), propongo una manera de explorar el más allá de una irrupción política. El impulso político que es capaz de erosionar las fronteras de la exclusión y abrir espacios
contingentes de reconocimiento es hoy normalizado por una racionalidad neoliberal (Foucault 2004; Gershon 2011). A través de un modelo de emprendimiento individual y asociatividad público-privada, la fronterización en el norte de Chile responde a las fuerzas que la impugnan, ofreciéndoles una vía de inclusión excluyente a aquellos –como los habitantes de los campamentos de Arica– que no forman parte del «orden nacional de las cosas» (Malkki 1995).
TIERRAS FRONTERIZAS BAJO EL CEDAZO GENEALÓGICO
Las zonas fronterizas y los márgenes urbanos constituyen zonas críticas, en los límites de la seguridad del Estado y en los bordes de los imaginarios nacionales (Hutchison y Haynes 2011; Jones 2012; Kalir y Sur 2012). La frontera norte de Chile ha sido históricamente un lugar de movilidad humana transfronteriza y transnacional, desde la circulación tradicional de la población andina entre las tierras altas, los valles y la costa hasta el movimiento de migrantes latinoamericanos en busca de mejores oportunidades económicas (Abercrombie 1998; Murra 2002; Stefoni 2011). Hoy, en estos territorios, la población migrante, principalmente de Bolivia, Perú y Colombia, ha aumentado significativamente su número (Tapia 2015). De hecho, el extremo norte de Chile se ha convertido –según el Departamento de Extranjería y Migración– en el área del país con la tasa más alta de residentes extranjeros en proporción a la población de la región (DEM 2016: 26).
Esta situación ha comenzado a transformar la geografía social y cultural de un país que, durante el régimen de Pinochet, estuvo representado por sus autoridades como un pueblo homogéneo y unitario (Cuevas 2014). Tal representación, alojada en lo que Foucault (2009) entiende por «orden del discurso», ha encontrado eco desde al menos la segunda mitad del siglo XIX, durante la Guerra del Pacífico. En este conflicto, discursos nacionalistas entrelazados con concepciones raciales y morales sobre la superioridad del pueblo chileno fueron invocados en la prensa local. Al final de esta guerra, y mediante la firma de tratados de paz con Bolivia, en 1904, y Perú, en 1929, Chile aumentó su territorio en un tercio, tomando posesión de las provincias peruanas de Arica y Tarapacá, y de la provincia boliviana de Antofagasta. En este proceso, Bolivia quedó sin salida al mar y Chile aseguró su control sobre las minas de nitrato más productivas del mundo (González 2008). Como lo han mostrado varios investigadores (Arellano 2012; Beckman 2009; Klaiber 1978), la opinión pública, reflejada por la prensa chilena que cubrió el evento, alimentó un discurso que vinculaba el avance
del Ejército chileno con el progreso de la civilización y el orden moral encarnado por esta nación meridional. Esto no fue solo una cuestión de fuerza militar; este conflicto reveló cualidades más profundas que, según la prensa local, distinguían a Chile por su población: «fuerte, vigorosa, compacta, sin diferencias significativas en raza, hábitos y lengua» (El Ferrocarril 1880, en Klaiber 1978: 29). En contraste, la debilidad de Perú y Bolivia se presentó como algo inherente a la constitución de una población compuesta de «indígenas aborígenes, negros y mestizos de varias castas» (ibid.). La victoria de Chile en la guerra alimentó «ontologías raciales» (Stoler 2013: 23) modeladas por siglos de dominación colonial europea.
Forjado por la fuerza militar y estructurado por una geografía racializada, este ethos fronterizo aún persiste en el norte de Chile. Los migrantes indígenas de la sierra peruana y boliviana sienten sus efectos a través de la discriminación social, la explotación económica y la privación de derechos políticos. Junto con el refuerzo de los controles fronterizos y la vigilancia de los cruces clandestinos, Carabineros de Chile ha intensificado sus patrullajes y controles de identidad en los márgenes urbanos de Arica. La forma en que hoy en día el Estado de Chile concibe el orden y la seguridad pública está interconectada con la securitización de sus fronteras y la migración. El común denominador securitario que interconecta la gestión gubernamental de las fronteras y la migración se ha visto acompañado de una economía moral ambivalente, caracterizada por acciones hospitalarias y hostiles de grupos de la sociedad civil e instituciones públicas. En el caso del norte de Chile, la tensión entre el Estado penal y el Estado social se expresa con fuerza cuando la población con la que tratan los agentes gubernamentales y no gubernamentales se caracteriza por su precariedad económica y jurídica, tal como los migrantes que habitan en los márgenes urbanos. Es en este sentido que, cuanto más porosa es la distinción entre extranjeros «peligrosos» y migrantes «en peligro», más incierta se vuelve la separación entre los
migrantes que son foco de represión de aquellos que inspiran compasión (ver también Fassin 2005 y Ticktin 2006).
La historia reciente del asistencialismo a migrantes en Arica ha experimentado un desarrollo explosivo. De hecho, en los últimos seis años, esta ciudad se ha convertido en el centro de una creciente red de ayuda a migrantes considerados vulnerables por ONG humanitarias (por ejemplo, Servicio Jesuita Migrante-SJM, TECHO y Centro de Atención al Migrante-CAMI) e instituciones estatales (por ejemplo, el Ministerio de Salud-MINSAL y la Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI) en áreas tan diversas como alimentación, vivienda, asistencia legal, salud reproductiva y dental, así como en la entrega de materiales de construcción, y en la capacitación para madres en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, este proceso también ha ido aparejado de expresiones de hostilidad entre grupos de la población local que vinculan el crimen y la inseguridad urbana con el aumento de los migrantes que viven en el norte del país. Figuras prominentes de la clase política nacional afirman la existencia de una correlación entre la criminalidad y los extranjeros pobres. Senadores, diputados y candidatos presidenciales, incluido el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, han exigido el endurecimiento de la política migratoria. El siguiente extracto de una declaración del mandatario ilustra cómo la inseguridad y la delincuencia se han entrelazado con el fenómeno migratorio en las prácticas discursivas de las autoridades políticas nacionales:
Muchas de las bandas de delincuentes que hay en Chile, como las que clonan tarjetas, son de extranjeros. Esto es particularmente grave en aquellas regiones donde la inmigración representa un gran porcentaje de la población […] Nuestro país en el norte tiene frontera con Argentina, Bolivia y Perú, y recordemos que Bolivia y Perú están entre los países de mayor producción de drogas en el mundo, no puede haber ninguna ingenuidad, ni ninguna debilidad […] Es muy ingenuo y estúpido tener una política de migración que termina importando males como la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado (Piñera 2016).
No se trata de una declaración aislada destinada a desvanecerse; es parte de una formación discursiva más amplia que emerge en sectores de la clase política nacional dentro de un contexto general de desafección política. Más que una mera representación de una idea, lo que es significativo en afirmaciones como esta es su potencial ilocucionario y perlocucionario, en definitiva, su capacidad de «hacer cosas con palabras» (Austin 1975).
Al dar por sentada la conexión entre el crimen y el aumento de extranjeros en el país, la clase dominante está haciendo posible el establecimiento de una geografía securitaria de la migración. En esta geografía, surgen zonas sensibles, como la frontera norte de Chile, donde el crimen organizado aparece –ante la mirada policial del Estado– unido inextricablemente a la intensificación de los flujos migratorios. A través de esta cartografía de inseguridad y migración, se ha trazado una línea de integración nacional: la defensa. El endurecimiento de la política migratoria se convierte así en un horizonte biopolítico, el cual presenta beneficios electorales y económicos abiertos por la explotación de trabajadores migrantes forzados por el Estado a convertirse en ilegales (De Genova 2002). Pero ¿cuál es la situación desde el punto de vista de una experiencia migratoria afectada por el poder soberano en la frontera norte?
MARINA: PRODUCIENDO IN/VISIBILIDAD
¿Cómo se produce la visibilidad y la invisibilidad de una vida en un contexto fronterizo? Esta sección explora esta materia a través de la experiencia de Marina de transitar de ser un sujeto invisible del poder soberano a una madre objeto de atención del biopoder.
Marina tenía 20 años cuando la vi por primera vez, sentada a la sombra en la entrada de su casa en el campamento Granaderos. Nacida en el departamento de Cochabamba en Bolivia, Marina me explicó que fue traída a Chile por Miguel, su compañero de 38 años, quien también es de Cochabamba. Miguel trabaja como obrero en el AGRO, la central agropecuaria de Arica.
Joven madre con sus hijos saliendo del campamento. Foto del autor.
Marina no tiene documentos para trabajar legalmente; todo lo que tiene es una visa de turista que solo le permite permanecer en el país por tres meses. Desde principios de 2011, Marina ha construido una vida en el campamento Granaderos a pesar de tener que salir y volver a ingresar cada tres meses. Marina trabaja ilegalmente en Chile, alternando entre diferentes trabajos, principalmente como trabajadora agrícola de temporada y como empleada doméstica. Hasta la fecha, ninguno de sus empleadores le ha ofrecido un contrato, «nunca han querido firmar ningún papel», dice. Como resultado, Marina está expuesta al abuso laboral y también está excluida de los beneficios de salud y vivienda. Su abandono estructural se traduce en la falta de un objeto pequeño, pero de vital importancia: un carnet de identificación que certifique su residencia permanente en Chile. De hecho, a los ojos del Estado, Marina no vive en ninguna parte, ya que el campamento Granaderos, como asentamiento de ocupantes ilegales, carece de reconocimiento oficial. Aunque Marina vive con Miguel, que tiene un estatus de residente y un trabajo, ella todavía no es elegible para beneficios de salud pública, ya que él ya tiene esposa e hijos en Bolivia. La situación de Marina no es única; más bien es compartida por muchas mujeres que viven en los campamentos no autorizados a lo largo de la frontera norte.
La vida que Marina ha hecho en Chile, más allá de su mera existencia biológica, al principio era apenas perceptible por las instituciones nacionales. Para ella, la mayoría de los derechos sociales y políticos que poseen los ciudadanos comunes estaban fuera de su alcance. Desde el punto de vista del Estado, Marina se hace visible, paradójicamente, por lo que le falta; sus carencias producen lo que ella «es». Esta lógica de privación exterioriza su falta de ciudadanía.
La vida de Marina, tanto en su dimensión biológica como política comenzó a cambiar con el nacimiento de su primera hija. Con los cambios visibles en su cuerpo surgieron paralelamente cambios en la forma en que diversas instituciones estatales y ONG consideraron su existencia y resolvieron tratarla. Marina fue así objeto de cuidado y promoción de formas «aceptables» de maternidad, como por ejemplo a través del programa gubernamental «Conozca a su Hijo», también conocido por sus iniciales CASH. Marina es ahora reconocida como un ser diferente; la llegada de su hija pareció despertar una forma de compasión en ONG humanitarias, y una especie de obligación moral para su cuidado por parte del Estado.
La nueva visibilidad de Marina no solo es producida por su condición de madre en necesidad de ser capacitada (por ejemplo, a través del programa gubernamental CASH); su medioambiente doméstico es también objeto de atención y cuidado de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales. Un funcionario del Ministerio de la Vivienda en Arica explica: «a través de charlas educativas, les enseñamos cómo deben hacer el aseo de sus hogares, manejar la basura y usar correctamente los baños, para que cuando llegue el momento de tener un verdadero hogar, hagan buen uso de él». La amenaza de marginación en la vida de Marina se ve contrarrestada con las «armas» de la educación. Así es como lo entiende el Departamento de Policía especializado en microtráfico, cuyas charlas educativas en los campamentos buscan proteger a las personas «vulnerables» (como Marina y su hija) de los peligros de la drogadicción. Pero no todas las políticas que se ejercen sobre la vida tienen que ver con la prevención; ellas también apuntan a fomentar la esperanza mediante, por ejemplo, el programa FOSIS «Yo Emprendo en Campamento», que cultiva en personas clasificadas como «vulnerables» (pero capaces de superar tal vulnerabilidad, como Marina) la idea de proyecto como un imperativo y un horizonte vital.
No es mi propósito detenerme en cada una de las dimensiones en las que la vida de Marina emerge como un blanco de intervención estatal y no gubernamental. Bastará por el momento señalar que todas estas dimensiones (i. e. maternidad, medioambiente doméstico, espíritu empresarial, seguridad y vigilancia) se despliegan a través de programas que revelan aspectos específicos de lo que Foucault (2003) entiende por biopoder: esa forma de poder que se ejerce sobre la vida, la vida de los cuerpos y la población. Marina, que a los ojos del poder soberano fue definida por su estatus ilegal (Heyman 2014), y cuya existencia era vista como ambigua debido a su ubicación en los bordes de la ciudad y en la frontera estatal, aparece hoy en día bajo una luz diferente.
Como madre de un recién nacido, la vida de Marina no solo ha adquirido una nueva visibilidad, sino que también se ha convertido en blanco de ayuda humanitaria y en objeto de la intervención de instituciones estatales. Se podría decir que la vida de Marina se ha abierto a un otro régimen de poder, un orden policial (Rancière 1999), esta vez, centrado en su cuidado y reformación.
POLICÍA
Los migrantes que habitan en campamentos no autorizados en los márgenes urbanos de Arica y en refugios ilegales para trabajadores temporales en el valle de Azapa aparecen como formas de vida paradójicas a los ojos de las fuerzas del orden. Su ambivalente estatus moral es palpable, tanto en el discurso de los carabineros como en la acción policial misma. Aunque la economía local necesita mano de obra no calificada y de bajo costo para realizar trabajos agrícolas y servicios urbanos considerados poco atractivos por los trabajadores nacionales, la marginalidad de los migrantes que viven en asentamientos ilegales es una preocupación permanente para las fuerzas de seguridad pública en Arica. La precariedad social, la irregularidad de sus condiciones de trabajo (la gran mayoría no tienen contrato legal), y su inquietante alteridad «indígena-amestizada» hacen de este grupo un blanco paradigmático para la vigilancia criminal y el control moral por parte de la policía.
Los agentes de policía prestan especial atención a los extranjeros que viven en asentamientos no autorizados, conocidos localmente como «tomas». Debido a su estatus irregular, la policía no cuenta con información oficial sobre los residentes de estos asentamientos, sin embargo, esto no significa que no sean foco de intervención. Por el contrario, los carabineros los vigilan constantemente. Ellos saben que la mayoría de sus residentes son extranjeros peruanos y bolivianos. Los policías también saben que un número significativo de ellos abandona sus hogares en las «tomas» urbanas para trabajar como jornaleros estacionales durante los meses de cosecha en el cercano valle de Azapa. Con la excepción de eventos que pueden alterar el orden público y la seguridad, la policía no está autorizada a intervenir en las granjas donde los migrantes trabajan sin una orden judicial. Como resultado, el Estado tiende a hacer la vista gorda ante la explotación laboral y la discriminación cotidiana que se produce en tales lugares.
En la periferia de Arica, un conjunto de campamentos no autorizados da forma a un paisaje urbano que, según los carabineros del sector, resultan de la predisposición «natural» de los migrantes andinos a adaptarse a los «nichos de miseria e informalidad». Las maneras por las cuales los agentes de policía tratan a los migrantes de los países fronterizos en sus lugares de reunión y los abandonan a su suerte cuando sus empleadores violan sus derechos, refuerzan las fronteras ontológicas y políticas que los separan de la vida urbana «legítima». Aunque los migrantes irregulares perturban el orden social por su intrínseca condición de desplazamiento y por su falta de pertenencia, son tolerados por las autoridades de Arica al precio de su silencio e invisibilidad. De acuerdo con la percepción policial, estos migrantes se especializan en sobrevivir en los bordes de la sociedad. El sargento Palma explica:
En realidad, estas son familias que se dedican a vivir en las tomas. Por ser, tú te encuentras con familias completas que viven en el sector. Donde vive la mamá, la abuelita, el tío, y tienen como 4, 5, 6 niños, que son de diferentes padres. Hay niños que ni siquiera van a la escuela. […] En esta zona, la gran mayoría son personas violentas, muy violentas, allí prima la ley de la selva, la ley del más fuerte y todo ese tema. Recuerdo que hace cinco años allí mismo había verdaderas batallas campales entre familias. Ellos peleaban y se agredían con fierros, palos, pistolas y revólveres y no medían consecuencias. […] Allí, en la toma vive mucha gente que está quebrantada, que son infractores de ley, que tienen causas pendientes. A menudo caminan como si estuvieran ocultando algo, la mayoría de la gente solo sale del campamento por la noche, algunos trabajan en las inmediaciones.
Estas «vidas inadmisibles» –según la perspectiva de la policía– desestabilizan el orden urbano. Ellas están suspendidas en «espacios otros» (Foucault 1986), que se constituyen por tres rasgos fundamentales: extra-territorialidad geográfica (i. e. márgenes estatales y urbanos), exclusión social (i. e. marginación) y excepción legal (i. e. ilegalidad). Los residentes de estos lugares entran en relaciones equívocas con las fuerzas policiales a través de juegos de lenguaje que oscilan entre la sospecha y el alivio. De hecho, los carabineros no se limitan a actividades de vigilancia y represión; sus intervenciones también se materializan en educación, ayuda y caridad.
La ambivalente representación de los migrantes peruanos y bolivianos tanto como una fuente de peligro como un objeto de explotación que a veces despierta compasión, no constituye un dilema para la acción policial. El trabajo de los carabineros no solo va de la mano con la vigilancia y la represión; aspectos menos evidentes de la policía también entran en juego. Como lo enseña la doctrina de Carabineros de Chile, la prevención y el liderazgo ético son armas esenciales para el cumplimiento de la ley y la seguridad pública (Carabineros de Chile 2010). En los campamentos de migrantes de Arica, unidades especiales como la brigada antinarcóticos y la oficina de asuntos de la familia prestan especial atención a la prevención del tráfico de drogas y la violencia doméstica. Asimismo, la Patrulla de Atención a las Comunidades Indígenas, comúnmente conocida por sus siglas PACI, se ha convertido en un agente de ayuda humanitaria para las poblaciones necesitadas. Aunque la jefatura de policía originalmente concibió esta patrulla para tratar con la población indígena nacional, las duras condiciones de vida de muchos migrantes en la frontera norte han empujado a la patrulla PACI a ocuparse también de migrantes indígenas de Bolivia y Perú. Son este tipo de patrullas orientadas a la prevención, las que suelen encargarse de realizar intervenciones caritativas dirigidas a los grupos más marginados.
El socorro y la ayuda a los más débiles no solo forman parte de la retórica de la formación policial, estos elementos son también disposiciones constitutivas de la subjetivación de los carabineros en sus terrenos de trabajo. A pesar de la participación de la policía chilena en crímenes de tortura, desaparición y asesinato durante la dictadura de Pinochet (Santos-Herceg 2016; Stern 2006), Carabineros de Chile tuvo, paradójicamente, una mejor imagen pública que las instituciones democráticas reabiertas después de la caída del régimen militar (ver CEP 2017). En fechas emotivas del año, como Navidad y el Día del Niño, los agentes de policía suelen recolectar juguetes usados y recaudar dinero para comprar regalos para niños pobres. En estas intervenciones, a menudo cubiertas por la prensa y televisión local, los carabineros escenifican la caridad llevando regalos a niños de las zonas marginadas de Arica. A través de tales acciones, los campamentos no autorizados, comúnmente vistos como una de las zonas más inseguras de la ciudad, se convierten repentinamente en un teatro para la realización de la generosidad policial.
En retenes móviles, los vehículos policiales más grandes disponibles para controlar las zonas remotas, las fuerzas de carabineros entran en los campamentos de Arica con regalos para niños. En ocasiones, incluso es posible observar –como lo hicimos en Navidad en el campamento Granaderos– a sargentos disfrazados de Santa Claus («Viejo Pascuero» en Chile) como una manera de mostrar, in extremis, el espíritu humanitario de la policía fronteriza. Los agentes de carabineros y las poblaciones marginadas interactúan en áreas que pretenden ir más allá de las meras relaciones de control. De este modo, la policía abre un espacio para la intervención que no solo desdibuja su tradicional imagen represiva, sino que también busca crear lazos de cuidado y afecto con los migrantes más marginados de la región.
En el campamento Granaderos, las personas ayudadas por tales iniciativas policiales, en lugar de admiración, suelen reaccionar con sorpresa. Tras el efecto inicial de extrañeza, las personas tienden a aceptar las ayudas específicas que les son ofrecidas, con el ánimo de evitar hostilidades con las fuerzas del orden. Ellas responden generalmente sin hacer gala de emoción, solo dejan seguir el juego impuesto por los agentes de policía.
POLÍTICA DE LA PRESENCIA
Atrapados en una malla de múltiples fronteras, ni totalmente adentro, ni completamente afuera, los migrantes de los campamentos de Arica y los trabajadores agrícolas extranjeros de Azapa no se alojan en la exterioridad radical, sino más bien en los pliegues precarios de espacios intermedios. Como «ocupantes indebidos de un terreno privado que no les pertenece» (para ocupar las palabras de un funcionario del Ministerio de Vivienda), su participación en la vida pública está marcada por el signo de la «participación sin pertenencia» (Derrida 1980: 59).
El campamento Granaderos lleva ese nombre debido a su ubicación adyacente a la Brigada de Infantería Granaderos, que fue creada en 2007, solo tres años antes del repentino nacimiento de este asentamiento, en 2010. Emplazados en la salida sur de la ciudad de Arica, ambos batallones –uno formado por el ejército chileno, el otro compuesto por migrantes pobres– están situados uno frente al otro, separados por la Carretera Panamericana –la principal arteria que conecta al país–. En el primer plano de la figura 3, podemos apreciar una parte del campamento de migrantes y, en el fondo, distinguido por una zona de árboles y dos tanques, el regimiento del ejército chileno. La estrecha proximidad de la Brigada Granaderos al campamento del mismo nombre, tal como lo sugiere esta imagen, ilustra la violencia tanto militar como económica que da forma a esta región fronteriza.
Campamento Granaderos (primer plano) y brigada Granaderos (fondo). Foto del autor.
Los campamentos Granaderos y El Resplandor forman una gran barriada, donde viven migrantes bolivianos y peruanos, que comparten el área con gitanos y chilenos en «abandono social» (Biehl 2005), principalmente madres solteras, jóvenes adictos y personas que padecen enfermedades. La ubicación de estos campamentos en el paisaje urbano acentúa su paradójica condición de invisibilidad a través de una exposición máxima. La transparencia de la atmósfera, la luz del sol brillante y la ligera elevación de la carretera ofrecen una visión clara del asentamiento. Sin embargo, su reconocimiento a los ojos del Estado no es tan claro. La gente vive sin servicios básicos (agua, electricidad, alcantarillado), constantemente bajo vigilancia de la policía y amenazada de desalojo por instituciones gubernamentales.
A menudo, en los campamentos de Arica, se ponen en juego sentidos contrapuestos de (in)seguridad. Esto no es solo un asunto de polisemia, o una cuestión de mera pluralidad de puntos de vista entre los agentes sociales. La ambivalencia del término seguridad radica en la posición radicalmente divergente que ocupan las colectividades sociales, ya sean informales u oficiales, como los residentes de Granaderos y las fuerzas policiales. Podría decirse que la seguridad que algunos buscan mantener es la inseguridad de los demás. Después de participar en el surgimiento de una «toma» por familias sin hogar en el campamento Granaderos, sería difícil argumentar que, en tal acción, no hay un deseo profundo de seguridad. En condiciones de existencia radicalmente inseguras para numerosos migrantes que trabajan en la frontera norte, el acto de habitar en viviendas construidas por ellos mismos y el hecho de vivir en tierras obtenidas con astucia y en contra de la voluntad del Estado constituyen un esfuerzo por seguridad, que se refleja en la defensa y el cuidado cotidiano de sus hogares. Por el contrario, para los garantes del orden público y social, el mero hecho de tolerar la existencia misma del campamento Granaderos representa una fuente potencial de daño e inseguridad, que no puede permitirse, ya que puede poner en peligro a la sociedad cuya integridad «debe ser defendida» (Foucault 2003).
Para llegar a ser visible y audible en la vida pública de la ciudad se requiere devenir presente, aun cuando el acto de presencia colectiva, tal como en el caso de los campamentos de Arica, quebrante el «orden policial» prevaleciente. La presencia, en su manifestación urbana, revela un punto de potencial político que puede ser movilizado por diferentes causas y preocupaciones, creando nuevas formas de involucramiento en la vida urbana. Reivindicar una presencia colectiva en la ciudad fronteriza de Arica conlleva la posibilidad de articular una subjetividad política, no meramente a través de la fijación de la residencia sino, sobre todo, mediante la afirmación del hecho social de la presencia. Cada vez que ocurre una toma de terrenos por personas migrantes, como ocurrió en el caso del campamento Granaderos, sus residentes ponen en movimiento formas de auto-organización a través de las cuales emergen lazos de solidaridad y confianza. En estos contextos, los «actos de habla públicos» son intensos. Al principio, especialmente antes de que se lleve a cabo una toma, los rumores circulan sigilosa pero efectivamente entre los migrantes sin hogar, transfiriendo información valiosa, como dónde y cuándo tendrá lugar una toma clandestina de terrenos, la disponibilidad de sitios para hogares, y quién más está tratando de establecerse allí. Una vez que la gente se ha asentado en un campamento, las
reivindicaciones colectivas emergen como una forma preeminente de habla pública.
Según lo dejan entender los testimonios de los residentes más antiguos de los campamentos de Arica, el habla pública emergió conjuntamente con las tomas colectivas de tierras. Lo que emerge a través de este fenómeno es una forma de política de la presencia, la cual también ha estado presente en la perseverancia demostrada por generaciones de trabajadores migrantes contra la amenaza de desalojar los asentamientos en los que viven. Es una política de la presencia que continúa emergiendo hoy, especialmente en la fuerte voluntad de los habitantes del campamento Granaderos para hacer de la tierra que ocupan un lugar de vida reconocido por la sociedad y legitimado por el Estado.
Cuando Piñera llegó al poder, en el año 2010, estaba decidido a poner fin a los campamentos «ilegales» para enviar una señal clara a la opinión pública de «su compromiso con el desarrollo del país» (Piñera 2011). Posteriormente, el gobierno de Piñera ordenó desalojos masivos de los campamentos ilegales sin considerar alternativas de vivienda para la gran cantidad de sus habitantes. Como resultado, los migrantes sin hogar organizaron una reunión y una marcha masiva desde el campamento Granaderos a las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) en el centro de Arica para exigir un diálogo con las autoridades. La amenaza de «barrer» el campamento Granaderos y sacar a sus habitantes de la zona ocupada no solo despertó el temor de los pobladores a perder sus hogares, sino que también abrió un espacio para la lucha política y el despliegue de una agencia urbana.
Para operar el desalojo, el Estado debía dejar de tratar a sus ocupantes como residentes, privarlos de derechos ciudadanos, y considerarlos meramente como «desechos humanos» (Bauman 2003). Teresa, una residente de Granaderos, lo expresó claramente:
No quieren que nos organicemos, nos están echando de aquí [...] Cuando nos juntamos con gente del SERVIU, no podemos expresar nuestra opinión, no se puede decir nada. [...] Quieren cortarnos de raíz, dividirnos; nos acusan de hacer cosas ilegales, nos tratan como criminales. Ellos quieren aminorarnos; quitarnos nuestra fuerza.
Lejos de sentirse «aminorados», la inminente expulsión de los habitantes de Granaderos los llevó a intensificar su organización para participar como actores urbanos por derecho propio.
Al llegar a su casa después de un día de trabajo en la terminal agrícola, Blanca, una pobladora y dirigente social de Granaderos, y Emiliana, la tía de mi anfitrión en el campamento, compartieron algunas experiencias de su lucha por la vivienda, las cuales ofrecen una manera de entender cómo una política de la presencia puede tomar forma y lugar.
Blanca: Cuando me di cuenta de que querían barrernos de aquí, me dije: «¿qué vamos a hacer?» Le dije a los vecinos que teníamos que ir a la SEREMI [un departamento ministerial], que teníamos que ir al Ciudadano Global [una ONG] [...] Rápidamente nos organizamos y empezamos a hacer onces [meriendas] y almuerzos para conseguir dinero, vamos a hacer lo que sea necesario, no vamos a quedarnos sentadas. En equipo, ellos no pueden derrotarnos. ¡Eso es lo que me gusta!
A: ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo llegaron a organizarse entre ustedes?
B: Simplemente lo hicimos, yo puse una idea, otra persona puso su idea y todo se fue volviendo más claro. Me digo a mí misma, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo, si no nos organizamos, el tiempo pasará, nos dispersaremos, no pasará nada y nos quedaremos sin un lugar donde vivir. Le digo a la gente [en el campamento] que todo lleva su tiempo. Sé que nada es fácil; todo tiene un costo, pero esto vale la pena, porque podemos hacerlo. Me digo a mí misma que no nos pueden echar de aquí por ser extranjeros, por eso tengo que hablar; [...] Lo peor es que los directores del servicio de vivienda cambian todo el tiempo; cuando estamos de acuerdo con ellos sobre algo, desaparecen y los compromisos no se cumplen; por eso estamos allí, empujando para ser escuchados, para ser vistos.
Emiliana, atraída por la historia de su vecina, recuerda algunos eventos y la forma en que las autoridades no pudieron ignorar su presencia colectiva en el espacio de la ciudad.
Emiliana: Entonces comenzamos a formar un grupo ... ¿Cómo le llaman a eso? ¡Ah! un grupo de damas, ¡pero un grupo con personalidad jurídica! Comenzamos a ser vigiladas por carabineros desde lejos, no entraban al campamento, pero patrullaban por fuera durante la noche.
A: ¿Por qué hacían eso?
Emiliana: Porque no quieren que nos quejemos, que nos hagamos notar. Nos quieren echar de aquí diciendo, ‘¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!’ ¡Eso es lo que quieren! Pero, yo digo ‘¡No!’ ¡No voy a hacer eso!
La perseverancia de los residentes de Granaderos en hacer del sitio que ocupan un lugar legítimo para la vida urbana ha abierto un espacio para entender etnográficamente la acción política de «tomar parte» (Rancière 2001). Es decir, una dinámica disruptiva impulsada, en este caso, por pobladoras que «no tienen parte» en el orden establecido. Cuando un acto de reivindicación tiene lugar en condiciones de profunda exclusión social, excepción legal y segregación espacial, el significado de la «política de la presencia» aparece con mayor claridad. Su radical potencial se expresa a través de su capacidad de romper el orden del «sentido común». La irrupción de esta política a través de la renuencia de los pobladores de los campamentos a dejar que las autoridades los desalojen de sus hogares resuena con un aspecto del pensamiento de Rancière. Especialmente con su concepto de política, entendido como un conjunto de acciones que conciernen «la presencia o ausencia de un objeto común» y «la capacidad de los interlocutores para presentarlo» (1999: xii). Esto significa, concretamente, el derecho de habitar la ciudad fronteriza de Arica y el reconocimiento de los residentes de Granaderos como actores urbanos legítimos.
LA VIDA DESPUÉS DE UNA APERTURA POLÍTICA
Una sensación de desconfianza en las instituciones públicas y privadas, junto con la creciente creencia en las capacidades de autogestión, llevó a los migrantes sin hogar de Arica a la convicción de que no tenía sentido perder el tiempo esperando soluciones del gobierno. Fue así que muchos pobladores sintieron la necesidad de formar una gran cooperativa capaz de autogestionar sus propias necesidades de vivienda y recaudar sus propios fondos de sus socios.
Esta iniciativa, que despertó las pasiones de los líderes de los campamentos y revivió las esperanzas de los migrantes no elegibles para los subsidios estatales de vivienda, se basó tanto en razones pragmáticas como en la creencia en la posibilidad de una auto-emancipación liberal. Como Juan, un migrante peruano y dirigente del campamento Granaderos, explicó: «creo que una cooperativa de vivienda nos dará la oportunidad de sentarnos y negociar directamente con los propietarios de la tierra para gestionar, al dedillo [en detalle], la información técnica». En pocos meses, los habitantes de Granaderos fundaron su propia cooperativa de vivienda. La falta de alternativas de vivienda para una gran parte de la población migrante en la frontera norte era tan crítica que llevó, en 2015, a que esta organización se convirtiera en la mayor cooperativa de vivienda en Chile. ¿Cómo cambió este nuevo escenario las relaciones entre los pobladores-migrantes y las instituciones del Estado? En palabras de Emiliana: «ahora que somos más grandes y fuertes, es curioso cómo la gente del gobierno viene aquí [al campamento] y nos invita a participar en reuniones con ellos. Dicen que quieren aprender de nosotros, de nuestra cooperativa». De hecho, como afirma Emiliana, el Ministerio de Economía ha comenzado a verlos con nuevos ojos, descubriendo en ellos un conocimiento organizacional que no puede ser ignorado.
En línea con la «ética de la participación de los pobres» promovida por el Banco Mundial (Narayan et al. 2000), el Departamento de Economía Social del Gobierno de Chile basó su nuevo programa de capacitación para funcionarios públicos precisamente en la experiencia de los habitantes de los campamentos. Emiliana, quien fue una de las instructoras en «asociatividad popular» invitada al taller, describe que cuando ingresó al lugar (un auditorio universitario), había más de 30 personas allí. Ella estaba asombrada del hecho de que los asistentes fueran funcionarios municipales y ministeriales deseosos de aprender más sobre la cooperativa nacida en una toma ilegal de terrenos. En su relato, Emiliana describe esto como «divertido», una respuesta que se basa en su propia experiencia de verse súbitamente como una persona dotada de un conocimiento preciado por el Estado. En este caso, la legibilidad y la reducción de la pobreza involucró la mercantilización de la participación de los pobladores. En el horizonte de esperanza creado por la cooperativa de vivienda, los habitantes del campamento Granaderos vieron una forma de integración que estaba validada por el mercado y admirada por el Estado.
CONCLUSIONES
En este artículo, vimos cómo las experiencias fronterizas entre migrantes de países limítrofes toman forma a través de relaciones de inclusión-exclusión, que se estructuran tanto por dinámicas de inclusión al libre mercado como por fuerzas de exclusión política de derechos. La genealogía de la frontera norte de Chile permitió apreciar algunos de los procesos que han dado forma a una geografía racializada en esta región, la cual hoy en día se expresa a través de la discriminación social, la explotación económica y la privación política de migrantes peruanos y bolivianos. El análisis de los entrelazamientos entre fronteras estatales y bordes sociales proporcionó una manera de entender la tensión constitutiva de esta zona fronteriza. La exploración de las interconexiones entre orden social y policía proporcionó elementos clave para comprender cómo se ha configurado en el norte chileno una geografía de la securización orientada a la migración. En esta geografía, la acción policial del Estado configura zonas «sensibles», donde el crimen organizado aparece inseparablemente ligado a la intensificación de los flujos migratorios.
Desde los márgenes de la ciudad fronteriza de Arica, indagamos las maneras en que los campamentos no autorizados tomaban forma. A través de la exploración etnográfica de estos lugares, descubrimos que ellos se constituían por el entrelazamiento de tres dinámicas fundamentales: extra-territorialidad geográfica (i. e. márgenes estatales y urbanos), exclusión social (i. e. marginación), y excepción legal (i. e. ilegalidad). También vimos que los residentes de estos lugares entraban en relaciones equívocas con las fuerzas de policía. Examinamos el carácter ambivalente de tales interacciones, que estaban marcadas por juegos de lenguaje que oscilaban entre el racismo y el espíritu empresarial, así como la sospecha y la compasión. De hecho, uno de los hallazgos etnográficos del artículo fue que las acciones policiales no estaban confinadas a la mera vigilancia y represión, ya que ellas también estaban involucradas en intervenciones de prevención y caridad orientadas a migrantes representados como un grupo «necesitado».
Fragmentos de la vida de Marina iluminaron aspectos del fenómeno de entrecruzamiento entre biopoder y pertenencia. Más específicamente, examinamos las implicaciones del paso de Marina de la invisibilidad social creada por el poder soberano a ser una madre cuidada por el biopoder. De su experiencia, aprendimos cómo el rostro de Janus del Estado, particularmente sus funciones de coerción y protección, dan forma a su visibilidad y a los límites de su pertenencia.
Este trabajo mostró cómo en zonas conformadas por fronteras –tales como el campamento Granaderos– emerge lo político como un fenómeno que transforma subjetividades y lugares. Exploramos, a través de las experiencias de pobladores-migrantes, algunas implicaciones de lo que involucra el acto colectivo de hacerse presente desde los márgenes urbanos. En este proceso de presencia, los residentes de Granaderos vieron la posibilidad de una apertura para ser escuchados y reconocidos por el Estado. Fue en esta perspectiva que notamos que la presencia, en su expresión urbana, revelaba un punto de potencial político que podía abrir espacios para nuevas formas de participación en la vida urbana. De esta suerte, esta exploración mostró que el acto de reivindicar una presencia colectiva, abría posibilidades para articular subjetividades políticas. Vimos que tales formas de habla pública emergían como prácticas discursivas íntimamente ligadas a las «tomas» no autorizadas de terrenos. A través de este fenómeno, hallamos una forma de política de la presencia, que se expresaba tanto en el rechazo de los pobladores-migrantes a convertirse en una masa de personas desarraigadas, como en su perseverancia para hacer que sus asentamientos fueran reconocidos por el Estado.
El análisis de lo que sucede después de una apertura política proporcionó materiales empíricos para abordar el fenómeno de la captura policial de la política. Esto es, la incorporación de lo político dentro de la lógica policial del orden, la cual –en términos de Rancière– funciona como una manera de determinar la distribución de «cuerpos dentro del espacio de su visibilidad o su invisibilidad» (1999: 28). Entendido de esta manera, la lógica policial se basa en su capacidad de imponer condiciones de percepción «a priori» para anclarlas en cuerpos socialmente validados. En los campamentos no autorizados de Arica, la captura policial de la política resultó en la colonización de la esperanza creada por la cooperativa de vivienda de migrantes sin hogar. En consonancia con la racionalidad neoliberal de la responsabilidad individual, el empoderamiento y la auto-ayuda, los residentes del campamento Granaderos «percibieron» una forma de integración que aparentemente surgió de ellos mismos, la cual fue validada por el mercado y admirada por el Estado.
En la persistente lucha entre la lógica política de la igualdad y la lógica policial de la dominación, los habitantes de las «tomas» forjan relaciones ambivalentes de confrontación y complicidad con el Estado y las fuerzas del mercado, empujando en algunos casos, intensificando en otros, las fronteras de su pertenencia.
AGRADECIMIENTOS
La investigación para este artículo no hubiese sido posible sin el apoyo de CONICYT/FONDECYT proyecto Nº 11170956, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CONICYT/FONDAP/15110006), y del Programa de Cooperación Científica ECOS-CONICYT 180012.
Mi gratitud va especialmente a los pobladores-migrantes de Arica, a los funcionarios del Estado y al personal de ONG por compartir sus ideas y experiencias cotidianas, muchas de las cuales desafiaron mis conjeturas iniciales. La escritura para este artículo se benefició de las extraordinarias condiciones ofrecidas por una estadía de un año académico como investigador visitante en el Institute for Advanced Study (IAS), Princeton. En el seminario de la School of Social Science del IAS presenté un parte de esta investigación, agradezco a su audiencia por sus enriquecedores comentarios, en especial a Paulina Faba, Didier Fassin, Ilana Feldman, Francesca Merlan, Rhacel Salazar Parreñas, Sylvain Perdigon, Joan Scott, y Miriam Ticktin. Mi reconocimiento al comité editorial de Disparidades (ex Revista de Dialectología y Tradiciones Populares), a sus revisores anónimos, por sus valiosas sugerencias.
A excepción de las personalidades e instituciones públicas reconocibles, todos los nombres de personas mencionados en este artículo son pseudónimos. También se modificaron los nombres de los campamentos a los que se hace mención con el fin de mantener la confidencialidad de sus habitantes.
Adicionalmente, se condujo un trabajo de campo durante el último trimestre de 2017.
Rancière llama partage du sensible (reparto de lo sensible) al sistema de evidencias sensibles que dan vista, al mismo tiempo, a la existencia de un común y a las divisiones de ese común que definen sus lugares y partes respectivas.
La ciudad de Arica es un puerto libre para Bolivia y un centro comercial para Perú y el norte de Chile, y diversas industrias, principalmente procesamiento de harina de pescado, se han desarrollado en la ciudad. Los valles irrigados de Azapa y Lluta producen productos agrícolas para Arica, aceitunas y cítricos para exportación. Arica es un centro de transporte ubicado en la Carretera Panamericana, con un puerto marítimo, un aeropuerto internacional, y ferrocarriles que van a Tacna, Perú, y a La Paz, Bolivia.
En este punto, sigo el razonamiento de Deleuze (1988).
Utilizo el neologismo securitización, derivado del inglés securitization, para referirme a la conceptualización y tratamiento policial ordinario de la migración como una amenaza a la seguridad interior del Estado. Más ampliamente, en este trabajo abordo la securitización, en concordancia con la perspectiva desarrollada por Thierry Balzacq, «como un conjunto de prácticas interrelacionadas, y los procesos de su producción, difusión, recepción y traducción que dan origen a las amenazas» (2011: xiii). El concepto de securitización no sólo describe un fenómeno, sino también contribuye a su producción, porque las amenazas no son separables de las representaciones intersubjetivas en las que las comunidades llegan a conocerlas. Para otros usos de este concepto, en contextos fronterizos, ver Huysmans (2006), Squire (2011) y Walters (2011).
Michel Agier (2013) describe un fenómeno similar.
Esto es, en palabras de Foucault, «la producción, en una sociedad dada, de discursos que son, a la vez, controlados, seleccionados, organizados y redistribuidos a través de procedimientos que tienen el rol de conjurar sus poderes y peligros, de extraer sus efectos no deseados, y de esquivar su pesada y temible materialidad» (2009: 11, traducción del autor).
El salitre (nitrato chileno) se usó predominantemente desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX como fertilizante y en la producción de explosivos (Jackson et al. 2006).
De hecho, el Ministerio del Interior, conocido por este título durante 140 años, cambió su nombre a mediados de 2011 a Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lejos de ser irrelevante, lo que este cambio de nombre indexa es una profunda transformación en la forma en que el Estado considera inseparables los problemas de seguridad y migración, concibiéndolos como dos caras de la misma unidad de intervención gubernamental. En este contexto, las funciones de las fuerzas policiales (que consisten en Carabineros de Chile, una policía militarizada y la Policía de Investigaciones, una policía civil) cohabitan con la gestión migratoria del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
Sebastián Piñera es un exitoso empresario y líder de la derecha chilena post-Pinochet. Fue Presidente de Chile entre 2010 y 2014 y reelecto para el período 2018-2022.
Desde una aproximación fundamentalmente performativa del lenguaje en uso, Austin (1975) propone llamar ilocución a los actos de lenguaje que hacen algo instantáneamente en virtud de declararlo. En cambio, la perlocución se caracteriza, según el filósofo del lenguaje, por las consecuencias de haber declarado algo. Los actos perlocucionarios se refieren a los efectos, más que al significado de un enunciado. Austin reconoció que estas categorías pueden superponerse y no siempre ser claramente definibles.
Como se refleja en las declaraciones de líderes políticos, en las protestas contra la migración y en la integración de las funciones policiales y de gestión de la inmigración en el Ministerio del Interior.
El programa CASH es parte de una política más amplia de protección infantil integral llamada «Chile Crece Contigo», a través de la cual, desde 2009, el Estado ha implementado nuevas tecnologías de atención dirigidas a la crianza temprana. A través de esta política, las mujeres, especialmente aquellas consideradas vulnerables, reciben educación sobre las etapas de crecimiento de sus hijos hasta que alcanzan los cuatro años, y se les anima a participar en talleres sobre tópicos tales como: preparación para el parto, estimulación temprana, masaje para bebés, consejos para la crianza de los hijos.
FOSIS es el acrónimo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el cual es un departamento del Ministerio de Desarrollo Social de Chile.
La vida de Marina llegó a estar en el foco de instituciones estatales como por ejemplo el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, la Policía Nacional (Carabineros de Chile), la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Ministerio de Salud a través de la Oficina Regional de Salud.
Los valles de Azapa y Lluta son lugares donde se practica la agricultura intensiva para zonas áridas siguiendo métodos de riego similares a los utilizados en las tierras de cultivo de Israel. Véase la columna «Sepa cómo le fue a este grupo de agricultores azapeños en Israel», en El Morrocotudo, un periódico local, publicado el 12 de junio de 2016 en Arica; y la columna «Arica ve en Israel una referencia en el manejo de los recursos hídricos», en el sitio web de la Intendencia de Arica-Parinacota, publicada el 28 de enero de 2016.
Con posterioridad al trabajo de campo sobre el que se apoya este estudio, la imagen pública de Carabineros se deterioró bruscamente a raíz de escándalos de malversación de fondos públicos al interior de esta institución y de la violencia de la represión focalizada tanto en la población indígena del sur del país (el Wallmapu) como en los movimientos estudiantiles. Desde la crisis social y política desencadenada el 18 de octubre de 2019 en todo Chile, la imagen ante la ciudadanía de esta institución a terminado por desplomarse como consecuencia de su involucramiento en numerosas violaciones a los derechos humanos.
El nacimiento de este campamento en 2010, como afirman sus habitantes, no necesariamente significa que sea un fenómeno reciente. El paisaje de la periferia urbana de Arica se ha caracterizado durante mucho tiempo por la existencia de campamentos no autorizados. El fenómeno de nacimiento, muerte y renacimiento constante de asentamientos precarios tiende a ser un efecto de la condición de ilegalidad en la que viven sus habitantes.
Tomo la noción «abandono social» del trabajo de João Biehl (2005) con el propósito de ponerla en relación analítica con el fenómeno de los entrelazamientos entre fronteras territoriales y bordes sociales que tiene lugar en el norte de Chile.
Para un acercamiento antropológico al estatus ambivalente de la seguridad en otro contexto etnográfico, véase el trabajo de Allen Feldman (2001).
Engin Isin describe la ciudadanía en una perspectiva consistente con mis observaciones de campo, es decir como el derecho a reivindicar derechos. Sin tener que luchar como sujetos políticos, escribe, «no podemos tener dignidad, justicia, paz, libertad, mucho menos derechos económicos, sociales, culturales o sexuales. La fuente del derecho a reivindicar derechos es más dinámica que si asumimos que es Dios, la Humanidad o el Estado» (2012: 109).
Mediante la expresión «actos de habla públicos», quisiera subrayar la dimensión performativa del lenguaje en uso en contextos urbanos. El habla pública entre los residentes del campamento Granaderos no se limita a la mera transmisión de información, sino que, sobre todo, crea vecindario y un sentido de lo público para los habitantes del campamento. Así entendido, el habla pública se basa necesariamente en su potencial performativo, en su capacidad pragmática de «hacer cosas con palabras» (Austin 1975).
El SERVIU, que es un departamento ejecutivo del Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo proporcionar subsidios y préstamos hipotecarios, así como también supervisar la distribución de viviendas sociales en Chile.
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